Ante estimaciones positivas la realidad suele ser inoportuna. De enero a agosto de 2026, la recaudación por ISR cayó 5.6% real, su mayor retroceso para un período similar desde 2009 y quedó en 94.1% de lo programado.
Es un cambio distributivo de fondo, que ha devuelto capacidad de compra a millones de trabajadores, la pobreza laboral en México ha mostrado una tendencia general a la baja.
El valor agregado nacional en las exportaciones manufactureras ronda apenas 48% del total: casi la mitad de lo que el país vende al exterior corresponde, en realidad, a insumos importados que solo se ensamblan aquí.
Pero entre lo que se anuncia, lo que efectivamente sucede y lo que termina llegando a la gente, hay una distancia que conviene no perder de vista. En seguridad, el promedio nacional puede estar ocultando lo que pasa región por región…
Cuando la población siente que vivir en su ciudad es inseguro, reduce salidas nocturnas y el uso del transporte público, posterga consumo discrecional y desplaza gasto hacia canales menos expuestos…
La calificadora Fitch, por ejemplo, ha advertido que la confianza de los inversionistas en México está influida por el Estado de derecho, la estabilidad regulatoria y la incertidumbre relacionada con el entorno político y comercial.
La inseguridad dejó de ser únicamente un problema de orden público para transformarse en un límite estructural al crecimiento económico, capaz de reducir la inversión, elevar el riesgo país y disminuir el potencial de expansión del ingreso per cápita.
Desde esta perspectiva, el resultado está lejos de ser positivo para los equipos negociadores de México y Canadá. Ambos buscaban ampliar el horizonte de certidumbre mediante una extensión automática de 16 años…
Entre 2019 y 2025, el costo financiero de la deuda del sector público aumentó 52.1% en términos reales. Para 2026 se estima que alcanzará 4.1% del PIB, el nivel más elevado en más de dos décadas.
Los datos son claros, mientras las economías emergentes de Asia han mantenido tasas de crecimiento superiores al 4% anual, América Latina apenas ha logrado expandirse por debajo del 2% en promedio en los últimos años.
En lo que se refiere a corrupción que enfrenta los ciudadanos, los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI ofrecen una fotografía preocupante si bien muy parcial.
Cuando se instala la duda sobre la capacidad o voluntad del Estado para investigar, contener o sancionar redes de corrupción y criminalidad, el costo económico aparece incluso antes de que existan consecuencias legales.
La tesis oficial del banco central divulgada en sus minutas es técnicamente defendible: el crecimiento económico se ha desacelerado, la demanda interna pierde tracción y la inflación subyacente ha mostrado una moderación gradual…
Los programas sociales que son la carta fuerte del actual régimen y seguirán priorizando las decisiones de gasto, en tanto que la infraestructura si bien retomaría fuerza queda en segundo plano.
Esta estrategia, políticamente rentable, presiona las finanzas públicas. En vez de atacar raíces estructurales, genera contención artificial que debilita ingresos y amplía el déficit. Paradójicamente, la política antiinflacionaria agrava el desequilibrio fiscal.
Uno de los indicadores que refleja con mayor claridad la relación entre estabilidad política y percepción económica es el riesgo país, medido a través del EMBI de JP Morgan.
Un análisis más detallado de la composición de esa IED muestra matices importantes. Una proporción significativa provino de reinversiones y transferencias intraempresa —capital que ya estaba en México— más que de proyectos completamente nuevos.
El programa reconoce correctamente que sin inversión no hay crecimiento sostenido. Sin embargo, anunciar billones es la parte sencilla. El verdadero desafío será demostrar que pueden financiarse sin comprometer la estabilidad macroeconómica…
Durante gran parte de 2025, la actividad económica mostró un comportamiento frágil y desigual. Los retrocesos trimestrales del segundo y tercer trimestre alimentaron la percepción de una economía cercana a una recesión técnica.
Más allá de la evaluación técnica, será un proceso altamente politizado, donde temas laborales, energéticos, migratorios e incluso de seguridad podrían utilizarse como moneda de cambio.
