La corrupción es la alcantarilla por donde se irá la llamada Cuarta Transformación. El último informe de la Auditoría Superior de la Federación destapa una cloaca pestilente que llena de hedor a un régimen que presume ser adalid en la lucha contra la impunidad.
La ASF dio a conocer que hay 60 mil millones de pesos del gasto público 2020 sin aclarar. ¿Qué significa esto?
Que la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, fueron inventados y utilizados para desviar miles de millones de pesos en beneficio del presidente.
Demuestra que programas sociales como “Sembrando Vida”, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro son parte de la ingeniería que armó el gobierno para ocultar desvíos millonarios.
Los pobres han sido de principio a fin la industria que ha utilizado López Obrador para conseguir dinero. Lo hizo cuando llevó a campesinos a tomar pozos petroleros en Tabasco o cuando cobró 9 mil millones de pesos en 1992 a cambio de desocupar el Zócalo de la capital.
La Auditoría Superior de la Federación deja al desnudo los trucos que utiliza la llamada Cuarta Transformación para robar las arcas públicas: nominas con trabajadores fallecidos o inexistentes, compra de equipos a sobre precio, carreteras, puentes y edificios sin construir.
Mientras el presidente de la república está obsesionado con salvar el “pellejo” de su primogénito y de su gobierno por el escándalo de las mansiones en Texas, sus secretarios de Gabinete, familiares y funcionarios se “despachan con la cuchara grande”.
La corrupción de la 4T no tiene paralelo. El campo mexicano y los campesinos son víctimas del peor pillaje del que se tenga memoria: robo de granos y fertilizantes, incumplimiento de las reglas de operación, recursos que nunca llegan a los trabajadores y se quedan engordando las bolsas de los operadores de “Sembrando Vida”.
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La lucha contra la corrupción la ha utilizado el gobierno para cancelar el Aeropuerto de Texcoco, anular inversiones o provocar la escasez de gasolina. La ha utilizado para dejar a las mujeres sin estancias infantiles y sin refugios. La usa para justificar la estatización del sistema eléctrico o dejar en la miseria a la administración pública.
López Obrador utiliza y ha usufructuado como nadie el combate a la corrupción para tener el control total del poder y beneficiarse personalmente de las prácticas más cínicas del atraco. Ahí están los cobros ilegales para obtener una concesión, realizar trámites o solicitar servicios.
¿Qué le respondió AMLO a la Auditoría? Que “en este gobierno no hay ladrones”, que su gobierno “no es igual a otros”. Al presidente ya se le acabó el discurso anticorrupción. Cada vez que se abre la cloaca sale con frases trilladas vacías de credibilidad. Tu le crees, yo tampoco.
A la enorme corrupción del régimen corresponde una impunidad cínica y solapada. Ahora entendemos por qué colocó en puestos claves a incondicionales.
Ahí está un Fiscal General de la República que nada tiene de autónomo, a un Agustín Ortiz Pinchetti —su biógrafo y panegirista— encargado de la Fiscalía de Delitos Electorales que jamás procesará a Pío López Obrador por haber recibido dinero ilegal para la campaña presidencial.
Ahí está una Corte amenazada y sometida dispuesta a contribuir a la simulación de justicia dictada desde Palacio Nacional y un auditor Superior de la Federación que recula cada vez que el presidente le grita.
El informe sobre la forma como el gobierno gasta el dinero de la nación puede resumirse en diez letras: La 4T apesta.