La manifestación del 27 de noviembre de 2022
Derivado del impacto político que ocasionó la concentración ciudadana del 13 de noviembre de 2022 (13-N) en la opinión pública nacional para respaldar al INE y a la democracia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrados decidió convocar a otra “contra marcha” el 27 de noviembre de 2022 (27-N) para atenuar el efecto de la anterior expresión de protesta ciudadana y demostrar su músculo político ante el país. Para ello, ordenó que un gran sector del Estado mexicano realizara un enorme despliegue de la maquinaria gubernamental apropiada para colaborar a organizar dicha mega manifestación desde el Ángel de la Independencia al Palacio Nacional en el Zocalo de la CDMX y con esto demostrar que la “política de masas” en las calles le seguía perteneciendo.
Medios de comunicación públicos: aparatos de propaganda morenista
La implementación de la amplia “operación de Estado” para apoyar la política de masas de la Cuarta Transformación con la “Marcha del 27-N” no solo abarcó el apoyo económico y material para la movilización de grandes sectores, sino también fue fundamental el apoyo estratégico de flujos informativos gubernamentales a través de los medios de comunicación de servicio públicos de la sociedad mexicana. Para ello, el gobierno desarrolló una amplia operación informativa de Estado en cadena nacional encabezada por el Sistema Público de Radiodifusión (SPREM) y apoyada por el Canal 11, Canal 22, Canal 14, TV Capital 21 de la CDMX, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado), Radio Educación (emisora cultural), Radio Altavoz (SPREM) y diversos medios de gobierno de 12 entidades de la República Mexicana con objeto de promocionar unilateralmente dicha movilización encabezada por AMLO.
Así, en un sorprendente hecho comunicativo inédito que no se había perpetrado desde el surgimiento de los medios de difusión públicos en México, durante toda la mañana del 27 de noviembre de 2022 y algunos días subsecuentes se montó una amplísima política informativa propagandista unilateral fuera de serie para cubrir aduladoramente tal magna concentración lopezobradorista.
La justificación gubernamental para realizar dicho operativo mediático se basó en la intensión de romper el “cerco informativo” creado por los medios privados contra el gobierno en turno. Mediante tal argumento el régimen vigente construyó otro “cerco informativo” oficialista de la izquierda populista para promocionar el evento político.
De esta forma, todos los bienes informativos, materiales y financieros de la comunicación de Estado se pusieron al servicio del presidente y de su proyecto, a quien la previa marcha ciudadana del 13-N le había irritado significativamente.
La prodigalidad de recursos públicos en beneficio de una causa partidaria y la ostentación con la que se desplegó esa operación oficial no se había visto en la historia política mexicana. Pareció que regresamos a los viejos momentos de pleitesía oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde toda la infraestructura comunicativa del Estado se utilizaba para ensalzar a presidentes, ministros y candidatos en tiempos que se suponían ya superados (Trejo, 2022).
Los nuevos “soldados mediáticos” del presidente
La transmisión especial en tiempo real de tal concentración por los medios de comunicación de servicio público confirmó el abandono de su misión medular para tutelar el derecho a la información, su tarea educativa, su objetivo cultura, su responsabilidad de comunicar con pluralidad, independencia y objetividad, etc.; para adoptar una impresionante misión de aparatos de “ideologización mesiánica” cargada excesivamente de publicidad cortesana con objeto de alabar al gobierno, sin ninguna revisión crítica de la gestión de la Cuarta Transformación.
Paradójicamente, a diferencia de los planteamientos centrales de respeto a los medios de comunicación de servicio público plasmados en la doctrina el “Nuevo Proyecto de Nación” de MORENA en 2018, dicho acontecimiento comprobó que así como acontece en los países totalitarios, se construyó una versión comunicativa del pensamiento único financiado con recursos públicos de los contribuyentes, convirtiendo a los medios públicos en los nuevos “soldados mediáticos” al servicio del proyecto del gobierno de la “Esperanza del Cambio”. Los medios públicos dejaron de ser públicos, de todos los ciudadanos, de toda la sociedad, con el fin de informar plural e imparcialmente a todo el país; y se tornaron en apéndices ideológicos “a modo” para legitimar al gobierno lopezobradorista.
Así, el slogan oficial con el que inicialmente se impulsó el promocional de 35 segundos para difundir la movilización desde los medios de información de servicio público, se denominó la “¡Marcha por la Transformación. Cobertura informativa Especial! (Domingo a partir de las 9 a.m.)”, amparado con los logotipos de siete instituciones de comunicación de Estado (AMEDI, 2022). Ello generó un fuerte paralelismo simbólico de naturaleza propagandista entre los contenidos de los canales públicos y el lema político del actual régimen que fue la Cuarta Transformación. Tal acción le resto independencia, pluralidad e imparcialidad a la tarea informativa desde el inicio de la transmisión, pues era un acto político directamente organizado, promovido y auspiciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, colocándola como una fuerte pieza ideologizante del régimen morenista y no una aportación profesional neutral de comunicación de servicio público democrático.
El objetivo de la televisión y la radio estatales fue realizar una cobertura especial de corte propagandista unificada de aproximadamente siete horas sobre la movilización popular y el éxito cuatrianual del gobierno del presidente de la Republica. Con este fin, los posicionamientos informativos de los conductores y sujetos entrevistados a lo largo de la extensa difusión adoptaron una posición partidista; alabaron las bondades del sistema vigente; la narrativa oficialista se volcó en aclamaciones desmedidas hacia el líder del Poder Ejecutivo; auto elogiaron las victorias de 4 años de la administración gubernamental; ensalzaron el nuevo “humanismo mexicano” de AMLO; encumbraron la “marcha del pueblo” por el cambio del país; negaron la “operación de Estado”; nublaron el acarreo de manifestantes; calificaron el hecho como una “fiesta patriótica”; estigmatizaron a la oposición política; desacreditaron la “marcha del 13-N” en defensa del INE y la democracia; elogiaron el discurso presidencial triunfalista; descalificaron a la prensa independiente crítica; censuraron el modelo de comunicación de los medios privados; colmaron los mensajes de calificativos superlativos a favor del proyecto de “Reconstrucción Nacional” despreciando el respeto por la inteligencia de las audiencias; e incluso existió la osadía proselitista de sugerir desde la radiodifusión pública la orientación sectaria del futuro voto ciudadano para apoyar la continuidad de la 4-T en las siguientes elecciones presidenciales del 2024.
Los enfoques audiovisuales de la movilización gubernamental tuvieron toda la cobertura benévola de las televisoras y de las radios públicas, e incluso algunas privadas, evitando divulgar tomas visuales aéreas completas o abiertas sobre el avance de la manifestación y la reunión en la plaza del Zócalo donde no se observaba totalmente llenos los espacio humanos. Las piezas audiovisuales transmitidas incluyeron escenas de manifestantes, pancartas e imágenes favorables al Ejecutivo Federal. Dominaron las exaltaciones a las proclamas de la 4-T y las referencias de los locutores hacia los manifestantes como “compañeros” (casi de lucha) impropias del ejercicio periodístico profesional que exige una mínima distancia entre entrevistador y entrevistado (Villanueva, 2022). Solo entrevistaron a personas simpatizantes o admiradores del presidente y nunca se vio ni escuchó una imagen diferente o una voz crítica (Ortega, 2022). Los analistas invitados fueron una sola voz en coro, sin ninguna opinión diferente a la narrativa oficial (Villanueva, 2022). Los testimonios recogidos agradecían ser beneficiarios de programas sociales como las ayudas económicas a los ancianos, las becas para estudiantes y acentuaron el rechazo a los partidos de oposición y la crítica a los gobiernos pasados, calificándolos de “corruptos” y “ladrones”. Abundaron los juicios de valor parciales de los amlovers que dañaron el derecho a saber de las audiencias.
De igual forma, el aparato de propaganda gubernamental también irrigó las redes sociales con mucho vigor para respaldar la “manifestación del pueblo”. Uno de los hilos de la narrativa digital más relevantes destacó que “caminarán los herederos de las luchas de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata, Villa, Magón y el General Cárdenas. Serán las gestas y aspiraciones de obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, maestros; de quienes sueñan con una patria para todos” (Mauleón, 2022).
Finalmente, como complemento a dicha estrategia propagandista tácticamente orquestada “las plumas del régimen celebraron la más grande movilización de la izquierda que haya tenido memoria en el país, como si no se hubiera tratado de un acto de poder, de una concentración de Estado en la que el presidente más poderoso que ha existido en México en los últimos 30 años saliera a manifestarse en apoyo de sí mismo” (Mauleón, 2022).
Dicha tendencia informativa reflejó el comportamiento viciado de los medios públicos obligados por su ley de creación a ser espacios para la exposición de las diversas corrientes políticas e ideológicas y plataformas para la libre expresión de las ideas. Las televisoras y radiodifusoras de Estado operan con recursos del presupuesto público, por lo que están obligados a informar sin sesgos oficialistas para cumplir con su función de servicio público. De lo contrario se convierten en voces verticales y unilaterales de la hegemonía política dominante.
En síntesis, el sistema de radiodifusión del gobierno lopezobradorista no tomó distancia editorial a favor de los derechos comunicativos de las audiencias, sino optó por actuar como un apéndice mediático del sistema de poder del régimen de la 4-T, dejando de ser medios de comunicación de servicio público (Bravo, 2022). Con ello, los únicos que perdieron fueron los ciudadanos por no contar con información neutral y objetiva para formarse su propia opinión, sino que fueron conducidos mediáticamente por los juicios de los grandes apóstoles de la “reconstrucción nacional”.
El quebrantamiento del marco legal
Mediante la realización de tales acciones oficialistas los medios de comunicación de Estado de servicio público violaron el marco normativo existente que regulaba con toda claridad el comportamiento de estos canales en el terreno de la autonomía, el equilibrio informativo, la programación y las garantías de las audiencias en México. Así, en el campo de la autonomía se vulneró el artículo 6, fracción III, de la Constitución Política Mexicana; el articulo Décimo Transitorio de la Reforma de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión de 2013; artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014; el artículo 7, fracción II, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM); el artículo 5, fracción IV, de la Ley del Sistema Público de Radio Difusión de la Ciudad de México; y los incisos 4, 6 y 8 de los “Principios Fundamentales del Servicio Público de Radiodifusión” plasmados en los Criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del SPR, establecidos por el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión.
En el capítulo del equilibrio informativo se infringió el artículo 134 de la Constitución Política Mexicana; y el inciso 6 sobre Derecho a la Información de los Criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del SPR. En el ámbito de la programación se violó el Artículo 6, capítulo VIII, inciso B-IV; el artículo 24; y el artículo 134 de la Constitución Política Mexicana. En la esfera de las garantías de las audiencias se vulneró el mandato del Artículo 256, Fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Es decir, el comportamiento de los canales de difusión pública transgredió flagrantemente el orden normativo vigente para convertirse en los nuevos “soldados mediáticos” que promocionaron propagandísticamente el proyecto de la 4-T. Con ello, se cumplió la máxima presidencial que pregona ¡No me vengan con que la ley es la Ley!
La historia se repitió
Dicha situación comunicativa no fue un hecho aislado que se sucediera por primera ocasión en México, sino fue la continuidad de un proyecto estratégico de “ingeniería hegemónica” para utilizar a los medios de información de servicio público como herramientas de propaganda con el fin de blindar al proyecto de conducción de la Cuarta Transformación en la nación, como se constató con la consulta popular para el “Juicio a los Expresidentes” en 2021 y la “Revocación de Mandato” en 2022 donde el rol de la radio y tv pública favorecieron abiertamente la política gubernamental. Tal situación fue enormemente preocupante pues muy probablemente se repetirá en otros procesos políticos y electorales especialmente en los comicios regionales intermedios de 2023 y federales del 2024 en México.
No superaron la “prueba de fuego” democrática
Con el abandono de su función medular de servicio público los medios federales y el Canal de la Ciudad de México cruzaron la delgada línea que separaba los límites entre desempeñar su labor social con independencia editorial -a pesar de ser medios gubernamentales- y, “pertenecer” a un gobierno, convirtiéndose abiertamente en espacios ideologizantes de la Cuarta Transformación de izquierda. No se puede sostener que la “cobertura informativa especial” implementada por los medios públicos el domingo 27 de noviembre de 2022 fuera una iniciativa de interés público o un proyecto para informar a las audiencias, pues los medios de comunicación se dedican constantemente a informar sobre ese y otros acontecimientos. Por consiguiente, lo que realizaron los medios públicos coordinados por el SPREM fue un acto de propaganda y de difusión acrítica de un acto convocado, organizado y auspiciado por el gobierno federal y sus seguidores, sin independencia editorial de la directriz, sin equilibrio informativo, totalmente parcial, sin pluralidad de voces y diversidad de opiniones (Bravo, 2022).
Así, dilapidaron años de trabajo a favor de la creación de un sistema de medios electrónicos auténticamente público en la República, sacrificando uno de los principios más importantes de los medios públicos que era conservar su independencia editorial, ocasionando un retroceso histórico muy significativo para la democracia nacional (Bravo, 2022).
De esta forma, el modelo de medios de comunicación de servicio público del régimen de la “Esperanza del Cambio” no superó la “prueba de fuego” de la democracia mexicana, pues se desempeñaron como un sistema aceitado de agujas hipodérmicas o como aparatos ideológicos de Estado para difundir coyunturalmente la versión o la publicidad coyuntural de la “promesa morenista redentora” del nuevo régimen de la izquierda nacionalista y no actuaron como espacios independientes, libres, y abiertos para la discusión crítica y plural sobre los conflictos de la sociedad en el espacio público con el fin de buscar nuevas alternativas comunicativas para contribuir a resolver la problemática nacional. Quedaron atrapados en la vieja tentación de legitimar el statu quo político a través de la diseminación de la propaganda del discurso maniqueo de los “otros datos” sobre la realidad política del país (Esteinou, 2021).
En este sentido, fue un proyecto ideológico diseñado bajo la táctica del “nado sincronizado informativo” propio de la propaganda de los regímenes cubanos, venezolanos o nicaragüenses y no de un Estado democrático que respeta rigurosamente el derecho a la información en su máxima expresión.
Extrañamente, en la dirección contraria los medios públicos no se coordinaron para efectuar una cobertura informativa especial similar sobre la marcha ciudadana celebrada el 13 de noviembre a favor de la permanencia del INE como autoridad electoral. Esto demostró contundentemente su posición facciosa y no neutral como lo mandatan sus marcos legislativos, especialmente de la Constitución Política Mexicana, la reforma de las telecomunicaciones, los derechos de las audiencias y cada una de las normatividades de las instituciones de comunicación participantes, pues son medios electrónicos que funcionan con recursos públicos que están obligados a informar sin sesgos oficialistas (AMEDI, 2022). Sería un “despropósito que la comunidad pagara con sus recursos para ser desinformada o informada de manera parcial” (Villanueva 2022).
Mediante dicho intenso comportamiento publicitario sesgado de los medios de información de Estado, el gobierno en turno demostró que en el régimen de la “Nueva Esperanza” histórica de México ya no existen medios de comunicación de servicio público en el país; sino lo que subsiste es la acción de fuertes aparatos ideológicos a favor del proyecto lopezobradorista. Fue la muerte de la raquítica radio y televisión de Estado por el que la sociedad mexicana luchó varias décadas para construir un modelo de comunicación de servicio público autónomo y plural y el resurgimiento del prototipo de difusión de la “Dictadura Perfecta” para impulsar la gobernabilidad de la 4-T en la nación.
En suma, la “marcha de la transformación” del 27-N en México fue la transformación de los medios de comunicación de servicio público en medios propagandistas de la Cuarta Transformación (Bravo, 2022).