Transcurridos más de casi 9 años de los acontecimientos en que 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, lo único claro es que las posibilidades de llegar a la verdad de lo ocurrido se diluyen, se escapan como el agua entre los dedos de las manos mientras se solidifica la impunidad.
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI) presentado por Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristaín corrobora lo acontecido en las primeras investigaciones del caso: ocultamiento de la información, verdades parciales, desinformaciones completas, en suma un rosario de obstrucciones a la justicia
Como parte de sus propuestas de campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que se investigaría el caso Ayotzinapa para resolverlo y dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Sin embargo, a lo largo de su periodo de mando su gobierno, los resultados han sido pocos y sólo se han encontrado restos que se asocian con 3 de los estudiantes víctimas en septiembre de 2014.
Vidulfo Rosales, abogado defensor de las madres y los padres de los 43 normalistas, dijo que: “Ya hemos platicado con ellos que, si el GIEI sigue acá y si el gobierno sigue obstaculizando su trabajo, negando acceder a información relevante, creo que debe haber costos políticos para el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá hacer el llamamiento necesario, deberá hacer el pronunciamiento al respecto de lo que implican estos obstáculos que enfrentó el GIEI porque hay una obligación del Estado mexicano con este organismo”.
“Y particularmente lo que esperamos nosotros es que pueda haber una mención respecto a los obstáculos que ha puesto el Ejército Mexicano sobre información relevante que ellos poseen y que si esta se pusiera a disposición de las autoridades se podría dar con el paradero de los jóvenes.
Nosotros tenemos la expectativa de que se pueda hacer mención a esos obstáculos y algunas recomendaciones que pueda emitir al gobierno mexicano, algunas directrices para ver cómo se superan esos obstáculos”.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a los que no se volvió a ver más, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
El hecho se politizó tanto por los opositores al entonces presidente Enrique Peña Nieto como por el equipo de procuración de justicia del mandatario al darle prioridad a una comisión de la verdad de tinte político y social, la cual partió la idea de encontrar raíces y razones políticas, sociales y de poder en un suceso que cuyas derivaciones políticas inevitables. El hecho polarizó a la sociedad.
Esto acentuó dura el periodo de López Obrador. Si con Murillo Karam la prioridad fue fijar el término de “verdad histórica” con López Obrador fue retomar la consigna de “crimen de Estado” enarbolada por los defensores de la causa de los 43.
Las investigaciones en torno a lo ocurrido aquella noche en Iguala, circularon por laberintos de cargas ideológicas, políticas y hasta emocionales, pero alejadas de los procedimientos procesales.
Es una lucha entre grupos de partidos políticos, pero también entre cárteles del narcotráfico, entre fracciones del PRD, entre fracciones del PRI y ahora Morena.
El escenario
Los defensores de los 43 siempre soslayan la intervención de los grupos del crimen organizado a pesar de que es un elemento que siempre ha estado presente, ya sea porque los normalistas quedaron en medio de una confrontación o porque algunos de dirigentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tuvieron vinculación.
Cuando tuvo lugar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero tres organizaciones criminales se disputaban el control del tráfico de drogas a Estados Unidos, en especial el corredor Acapulco-Cuernavaca: Guerreros Unidos, Los Rojos y la Familia Michoacana.
En momento la entidad jugaba un papel importante en la producción de amapola y goma de opio. La importancia de Guerrero en materia de narcotráfico reside en que es el segundo mayor productor de amapola, marihuana, y actualmente de coca.
Guerreros Unidos mantuvo entonces control territorial al norte de Guerrero, en ocho regiones: Chichihualco, que estaba bajo el control de Isaac Navarrete; Zumpango del Río y Mezcala, bajo el mando de El 9; el área de Tuliman, Atenango del Río y Copalillo, controladas por Walter Deloya; Ciudad de Huitzuco y Tepecoacuilco de Trujano, donde opera Choco Palacios y May–Cholo–Tilos; Iguala, donde en un área no se identifica al líder y en otra se señala que el mando lo tiene el Gil; Ciudad Apaxtla de Castrejón, Los Sauces y Teloloapan, controladas por Beba; y Tlamacazapa y Buenavista del Cuéllar, bajo el mando del Charal y el Churros.
Esa región estuvo identificada como punto estratégico para la producción, acopio y trasiego de goma de opio, la cual es enviada hacia distintos puntos del país y el extranjero para su procesamiento y venta.
La captura de la población de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, revistió una importancia estratégica para el crimen organizado: por su territorio atraviesan importantes vías de comunicación a la zona serrana donde se siembra y se cultiva la amapola. Además, por formar parte del corredor Acapulco-Cuernavaca, fundamental para el trasiego y distribución de narcóticos hacia el centro del país.
La disputa por el control de Iguala es porque tanto la ciudad como el municipio constituyen un territorio de tráfico de drogas.
Guerreros Unidos (GU) plantaba, comerciaba, ganaba y mataba en grande en México y Estados Unidos. GU llegó a controlar una lucrativa cadena comercial de heroína que se extendía desde los plantíos de amapola en la sierra de Guerrero hasta las calles de Chicago.
Entre 2013 y 2014, una sola célula del cartel logró llevar a la ciudad de los vientos al menos 183 kilogramos de heroína de alta calidad, con un valor en la calle de hasta 11 millones de dólares. Los transportó en paneles ocultos de autobuses de pasajeros que hacían viajes entre su feudo, en Iguala, y Aurora, un suburbio de Chicago, bajo los nombres ‘Agencia de Autobuses Volcano’ y ‘Autobuses Monarca Zacatecanos’. El punto de embarque de la droga era Iguala.
Advertencias
A través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Egresados de Ayotzinapa anunció que brindará su apoyo al Comité Estudiantil Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa, en las acciones que emprendan para “romper los pactos de silencio de las instituciones del Estado, que siguen obstaculizando la verdad y la justicia… ante y las múltiples zancadillas que nos imponen desde las instituciones y de los intereses oscuros de la delincuencia”, para mantener la impunidad.” Y concluyeron que México es un Estado criminal, responsable de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.