A pesar de que las sentencias de prisión continúan acumulándose contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, fue absuelto de los cargos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
El 7 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer una nueva sentencia en su contra: 20 años de prisión por el homicidio calificado de Justino Carvajal Salgado, quien fuera su síndico administrador y sobrino de Félix Salgado Macedonio, senador de la República. El crimen ocurrió en 2013, pero ni las autoridades ni la familia de Carvajal Salgado habían iniciado una investigación formal contra Abarca por este hecho, a pesar de que se le considera el autor intelectual.
Abarca Velázquez ya había sido sentenciado el 12 de mayo de 2023 a 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de Arturo Hernández Cardona y otros cinco activistas de la agrupación Unidad Popular. Fue arrestado en noviembre de 2014, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, en una casa de Iztapalapa, en Ciudad de México, después de huir de Iguala debido a una orden de captura por su presunta implicación en los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, es el único caso por el cual aún no ha sido condenado.
Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exalcalde de dos cargos de delincuencia organizada vinculados con el caso Ayotzinapa por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, sí lo condenó en relación con el caso de Unidad Popular y le impuso una multa de 920 mil 700 pesos como reparación del daño.
Los homicidios
El 8 de marzo de 2013, Justino Carvajal Salgado, entonces primer síndico de Iguala y dirigente del PRD, fue asesinado a balazos cuando llegaba a la casa de su madre, en un edificio propiedad de su familia, ubicado en el centro de Iguala. Los informes policiacos indicaron que Carvajal Salgado fue interceptado por civiles armados dentro del edificio, quienes le dispararon en al menos dos ocasiones.
El 21 de febrero de ese mismo año, Carvajal Salgado fue perseguido e interceptado por un grupo de hombres que intentaron secuestrarlo. En ese momento, tras resistirse, fue golpeado cerca del Palacio Municipal. El 1 de abril, en una audiencia entre Abarca Velázquez y miembros de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona exigió que el homicidio de Carvajal Salgado fuera considerado un crimen político y no atribuido exclusivamente a la delincuencia organizada. Hernández Cardona responsabilizó directamente al alcalde de lo que pudiera ocurrirle a los líderes de la Unidad Popular. Esta acusación fue presentada formalmente el 29 de mayo ante la Fiscalía Regional.
Durante mayo de 2013, las organizaciones adheridas a la Unidad Popular intensificaron sus protestas contra la administración de Abarca, acusándolo del asesinato de Justino Carvajal. En una de estas protestas, el 22 de mayo, realizaron pintas en el Palacio Municipal. El 30 de mayo, al final de una manifestación en la caseta de peaje de la autopista a Cuernavaca, ocho líderes de la Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández, fueron secuestrados por un grupo armado. Tres días después, sus cuerpos fueron encontrados cerca de Mezcala.
El 4 de junio, los cuerpos de los activistas fueron hallados en un paraje de la carretera Iguala-Chilpancingo. Según testimonios, Abarca Velázquez dio la orden de privarlos de libertad y posteriormente de asesinarlos.
Abarca Velázquez fue alcalde de Iguala hasta octubre de 2014, cuando el Congreso local lo destituyó tras un Juicio de Procedencia, luego de los ataques del 26 de septiembre de ese año, en los cuales desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tanto él como su esposa María de los Ángeles Pineda están actualmente presos, acusados de presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La vinculación con los normalistas desaparecidos
Según el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, dado a conocer por Alejandro Encinas Rodríguez, entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue identificado como el “A1” y señalado como uno de los responsables directos de la desaparición de los 43 normalistas en la noche del 26 de septiembre de 2014.
En ese informe se indica que Abarca, en colaboración con líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y con algunas autoridades locales, ordenó la desaparición de los estudiantes. Abarca, según los testimonios, inicialmente mandó a darles una golpiza a los normalistas, ya que no quería disturbios y además pretendía recuperar supuestos materiales que los estudiantes transportaban, material que se sospechaba podría estar relacionado con drogas, pues algunos creían que entre los estudiantes había integrantes del grupo criminal “Los Rojos”.
Abarca inició su carrera política en 2011, cuando financió la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero para la gubernatura de Guerrero. Poco después, fue impulsado por el exalcalde Lázaro Mazón y apoyado por la corriente Nueva Izquierda del PRD para postularse como candidato a la presidencia municipal de Iguala en las elecciones de 2012. Abarca ganó con una diferencia del 30 por ciento en las elecciones, en una coalición formada por el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano.
El 28 de agosto del 2022, al menos cinco padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Familiares y amigos del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, marcharon y realizaron un mitin para exigir la excarcelación de la pareja por ser inocentes. Trascendió que fueron llevados a la ciudad de Iguala por Pedro Segura Valladares, empresario ganadero, y quien aspiró a la gubernatura de la entidad.