Javier Esteinou Madrid

(Cuarta de siete partes)

A diferencia del Estado-nación que pretendió durante el siglo XX tutelar las garantías culturales e informativas fundamentales de la población, especialmente después del triunfo de la Revolución Mexicana de 1917; con la maduración de la cuarta república mediática y la aprobación de la Ley Televisa en México a principios del siglo XXI, cristalizó en el terreno político, cultural, comunicativo y espiritual del país el Estado padrastro comunicativo.

Dicho Estado se caracterizó por abandonar su función rectora y protectora de los derechos, necesidades y patrimonio comunicativo básico de los grandes grupos de la sociedad mexicana, para convertirse, cada vez más, en una simple figura administrativa, formal, burocrática, decorativa o hasta mítica al servicio de la defensa de los intereses de los grandes monopolios de la información.

Así, el Estado padrastro abandonó su responsabilidad de poder rector que significaba la representación de la voluntad del pueblo para atender los requerimientos comunicativos prioritarios de los ciudadanos y se transformó en una mera pieza funcional o práctica para operar la realización de los fines del gran capital y otorgarle todos los privilegios legales, tecnológicos, políticos y culturales a los oligopolios de la difusión nacional.

En este sentido, el concepto padrastro lo retomamos del fenómeno psíquico afectivo de exclusión que se presenta en las familias  después de experimentar una fractura o divorcio en su integración, donde la figura masculina fundacional es desplazada y para  entrar en un nuevo proceso sistémico de reconstrucción emocional del núcleo familiar, los miembros de éste aceptan la introducción de una nueva presencia masculina externa a la estructura emocional originaria de la familia para ocupar o compartir la dirección de la célula grupal. En esta dinámica, la nueva autoridad paterna se vuelve disfuncional para el conjunto de sus miembros, pues el nuevo elemento de autoridad incorporado no trata bien, no quiere, no cuida, no protege a los hijos preexistentes de la familia anterior, sino al contrario entra en conflicto con ellos, los margina, los abandona, les niega sus derechos elementales, los explota y hasta abusa de ellos, ya que no se siente comprometido con éstos por responder solamente a sus intereses individuales y no ante las necesidades básicas de la nueva estructura familiar.

Así, la connotación de padrastro no contiene un significado positivo, sino negativo para la reconfiguración de una comunidad humana, pues el padrastro se convierte en un elemento desintegrador, negativo, destructivo y no positivo, protector e integrador de los individuos que constituyen ese nuevo grupo social.

Por consiguiente, el Estado padrastro es la figura política rectora que no cuida, respeta e impulsa a sus ciudadanos, sino que los somete a su poder, para abusar de ellos, sin reconocer sus garantías constitucionales.

En esta forma, el Estado padrastro comunicativo fue el producto más acabado que creó la vieja clase política nacional viciada, tramposa, corrupta, antinacional, oportunista, no representativa de las grandes necesidades sociales y traidora de los ideales de la mayoría de la población nacional que prefirió amparar e impulsar durante varias décadas los negocios de los grandes monopolios de la información y sacrificar la tutela de las enormes necesidades y garantías humanas en el ámbito comunicativo.

Así, este fenómeno no surgió de forma casual, sino como un resultado derivado del proceso de degeneración que vivió la clase política al dejar de ser un sector representativo de los reclamos básicos de la sociedad y transformarse en una simple bisagra funcional de los principales intereses dominantes del sistema de la comunicación nacional.

Es decir, la existencia del Estado padrastro fue uno de los frutos más perfectos que produjo la severa crisis de organicidad que experimentó este sector político en los últimos años en México.

En este contexto, la clase política gobernante se convirtió en un gran obstáculo que evitó legislar desde una perspectiva democrática en el terreno comunicativo, y con ello, alimentó el constante regreso al esquema del Estado padrastro que actúa en contra de la nación y vulnera el interés público al no crear un orden jurídico a favor de los intereses mayoritarios de la sociedad.

Ubicado históricamente su origen como realidad derivada del proceso de desarrollo neoliberal en la década de los 80 y en la crisis del sistema político nacional, el Estado padrastro alcanzó su culmen comunicativo con la aprobación provisional de la Ley Televisa en el 2007 y posteriormente con la aplicación de las mini leyes Televisa del 2008 en adelante.

Así, se distinguió por desnaturalizar su esencia rectora democrática del conjunto social y auto convertirse en un simple aparato burocrático secundario que limitó sustantivamente la misión de sus poderes republicanos, especialmente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en el ámbito comunicativo, al claudicar del ejercicio de su función autónoma, soberana, democrática, nacionalista y protectora de los intereses mayoritarios de la población, para dedicarse a abogar por las necesidades de la lógica del mercantilismo sin límite. La única excepción fue la acción equilibrada del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia que defendió el proyecto comunicativo de la nación desde los principios de la Constitución Política Mexicana, anulando el corazón de Ley Televisa.

Con el comportamiento retardatario del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la mayoría de la clase política, el Estado padrastro traicionó la defensa de las necesidades comunicativas básicas de los grandes grupos sociales al no fijar límites y contrapesos a los poderes fácticos informativos; se convirtió en una instancia subordinada, acomodaticia, pragmática, administradora y constructora de políticas públicas para el beneficio privado; se entregó a la voluntad de las fuerzas del mercado salvaje; fomentó el “modelo de comunicación bárbara”; evitó la competencia informativa; y no creó condiciones para que se diera la transición comunicativa a la democracia, sino su profundo retroceso al fomentar la súper concentración, hermetismo, verticalidad informativa y antipluralidad comunicativa de la población.

De esta manera, en el terreno comunicativo el Estado padrastro actuó contra el verdadero Estado nación creado por el largo proceso histórico de independencia y autonomía de la sociedad mexicana, para desarticularlo, vulnerarlo, desnaturalizarlo y subordinarlo para amoldarlo oportunistamente a los intereses de la expansión monopólica.

En este sentido, al aprobar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la Ley Televisa y otras normatividades complementarias el Estado padrastro comunicativo reconoció el mayor abuso que podría haber generado el capitalismo salvaje en el terreno de la comunicación: La apropiación privada del espacio radioeléctrico.

Con ello, debilitó o anuló las garantías comunicativas elementales de los ciudadanos y del equilibrio cultural de la sociedad e introdujo las condiciones para acorralar crecientemente al Estado-nación y permitir la expansión ilimitada de los oligopolios de las industrias culturales.

Así, por ejemplo, el Estado padrastro realizó las maniobras políticas necesarias para permitir la concentración comunicativa de los medios de difusión, privatizar el espacio radioeléctrico, evitar la competencia comunicativa, liberalizar los contenidos de la programación, debilitar a los medios públicos, cancelar la creación de un verdadero derecho de réplica, limitar la participación de los ciudadanos en los medios de información, impedir que los concesionarios pagaran las contraprestaciones correspondientes para dar servicios agregados de telecomunicaciones.

Es decir, se crearon más condiciones estructurales para el reinado ilimitado de los monopolios de la información y no para el gobierno democrático de los ciudadanos.

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