Chile: La respuesta política
Joaquín Pérez Sánchez
Ante la cerrazón del presidente chileno, Sebastián Piñeira, quien cierra las puertas de la negociación en Chile al asegurar que no hay condiciones para que la “educación sea gratis” en ese país, son los propios sectores civiles quienes proponen las salidas políticas que el gobierno les niega.
El conflicto social que vive Chile desde hace más de cinco meses, en busca de cambios estructurales en el sistema educativo chileno, que permitan que todos los jóvenes puedan tener educación de calidad, ha sacudido todos los componentes del sistema social, pero no ha logrado que el gobierno de Piñeira acepte el planteamiento de las mayorías, a pesar de que las encuestas muestran que es el político con menos aceptación.
Luego de multitudinarias marchas en todo el país, las cuales han ido sumando sectores sociales, el movimiento estudiantil logró sentar a la mesa de discusión al gobierno de Piñeira, pero éste se niega a aceptar la posibilidad de volver a la educación básica gratuita.
Ante esta posición cerrada, organizaciones sociales, maestros, trabajadores, mujeres, entre otros sectores, convocaron a un “plebiscito informal no vinculante” que busca impulsar la idea de realizar una consulta popular con carácter oficial sobre esta problemática.
El plebiscito incluye cuatro preguntas sobre la educación gratuita, la desmunicipalización de los establecimientos educativos, el lucro en la educación y la posibilidad de institucionalizar a nivel constitucional, los plebiscitos.
Al cierre de este documento, el ejercicio democrático no se había realizado, pero no hace falta ser un experto para saber que la mayoría apoya las demandas estudiantiles, así que será interesante analizar lo que hará el gobernante, ante una nueva evidencia de su equivocada política.
Mientras tanto, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que negocia con el gobierno, tratará el tema de la gratuidad de la educación en la mesa de negociación, aunque las declaraciones de Piñeira en el sentido de que el país no está en condiciones de ofrecer educación gratuita, le restan piso a sus negociadores en la discusión con los estudiantes.
Además, el mandatario amenaza a los estudiantes al anunciar modificaciones al Código Penal, para aumentar las penas contra quienes “alteren el orden público”, es decir con dedicatoria para quienes participan en las movilizaciones.
En este contexto, mientras Piñeira se cierra, es la propia sociedad la que ofrece mecanismos políticos para solucionar la crisis, evidenciando una vez más, lo aislado que se encuentra el gobierno de Piñeira.