Contexto
Javier Esteinou Madrid
(Primera de cuatro partes)
Con la introducción autoritaria y unilateral de los marcos jurídicos reformistas en materia de radio y TV que se instrumentaron a lo largo de las últimas décadas, pero especialmente a principios del 2000 en México, se conservó, reforzó y actualizó para los próximos años el viejo modelo de información colectiva, especialmente electrónico, que duró más de 50 años en el país y que contribuyó a la crear la decadencia mental, psíquica y espiritual que enfrenta nuestra sociedad. En este sentido, con la renovación maquillada del viejo modelo de comunicación en el país continuaremos teniendo para las próximas décadas más cultura salvaje, con su respectivo triunfo de la cultura idiota, y no la creación de una cultura y comunicación sustentable que nos permita sobrevivir armónicamente en el siglo XXI en la nación. Así, el tercer milenio mexicano volvió a nacer con el viejo espíritu opaco, discrecional, cerrado, vertical, viciado y autoritario del modelo de comunicación-mercado, que dominó en las últimas décadas del siglo XXI en México.
Debido a que la Ley Federal de Radio y Televisión, por una parte, define el marco jurídico que determinará las modalidades como se construirán el conocimiento, la conciencia, el espíritu colectivo y la democracia del país en los próximos años, y por otra, debido al papel fundamental que los medios ejercen en la cimentación del proceso social, es una obligación prioritaria que el gobierno nuevamente legisle en la materia y reorganice equilibradamente las relaciones comunicativas entre el Estado, la sociedad y los medios, que aún tiene pendiente de cumplir con la comunidad mexicana desde hace varias décadas. Este proceso constituye el corazón de la reforma del Estado moderno.
Por este motivo, la reforma del Estado en materia de comunicación no es una simple reforma jurídica más para modernizar al Estado mexicano, sino que por su naturaleza vertebral que cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria y cotidiana, es la reforma más importante de la sociedad mexicana de principios del siglo XXI, pues será a partir de esta renovación normativa como se modificarán o no los procesos para construir la conciencia colectiva nacional de final de milenio. De ello, dependerá sí se crean las bases político sociales para generar una mentalidad para el avance de la república o para su retroceso psíquico, social y civilizatorio en el nuevo milenio.
Es necesario tener presente que para ejercer el derecho a ser ciudadano se requiere la existencia de un sistema democrático que permita la libre difusión informativa y de opiniones cuya sustancia brinde elementos para decidir sus destinos personales y sociales. La condición de ciudadanía sólo puede ejercerse si se garantiza, promueve y respeta el derecho a la información, ya que en la naturaleza de éste subyace el prerrequisito de toda democracia: la transparencia del ejercicio público, el debate e intercambio de ideas e informaciones, la rendición de cuentas, la asunción de reglas claras en todos los terrenos de la vida social y política. En pocas palabras, sólo con la aplicación del derecho a la información se puede ser ciudadano; sin la aplicación de éste, sólo se es súbdito del poder o consumidor del mercado.
Por ello, para reformar el Estado en materia de comunicación, ciudadanizar los medios de información en México y dar algunas salidas de participación a los grandes grupos sociales, a través de éstos, es indispensable modificar el viejo pacto social de comunicación unilateral, hermético, vertical, obsoleto y discrecional que existió entre el Estado mexicano y los concesionarios de los medios de comunicación y que sirvió de base para consolidar durante tres cuartas partes del siglo XX al decadente régimen político anterior. Ahora, es necesario construir, mediante la reforma del Estado, una nueva relación trilateral entre el Estado, los concesionarios y la sociedad de naturaleza abierta, democrática, plural, equilibrada, transparente e incluyente que permita que los ciudadanos participen colectivamente mediante éstos, para contribuir a enriquecer el espectro político cultural de la nación y crear una cultura civilizatoria superior que nos permita sobrevivir pacífica y humanamente en nuestro país.
De esta forma, para gobernar equilibradamente el Estado mexicano moderno, tiene que crear, por una parte, las condiciones para que la sociedad esté permanente y ampliamente informada sobre sus problemas fundamentales y no sobre las simples frivolidades modernizantes que crea el ciclo de la moda occidental, los oportunismos políticos coyunturales o las necesidades de incrementos del rating. Por otra parte, debe asegurar la existencia de condiciones para que los grandes grupos sociales puedan acceder como emisores de mensajes a los medios de información colectivos, para que participen en la gestión de los procesos públicos.
Por este motivo, el proceso de transición a la modernidad democrática que actualmente vive nuestra república requiere de una mayor institucionalidad del Estado en términos de apertura, pluralidad, participación y deliberación pública, en el que es indispensable el acceso a la información, el reconocimiento de los derechos comunicativos y el concurso de los medios electrónicos para expresar la multi culturalidad nacional. Así, para avanzar en el proceso de cambio en el país es fundamental que se cuente con una nueva Ley Federal de Radio y Televisión que rescate las principales demandas ciudadanas que durante cuatro décadas y media ha solicitado la sociedad mexicana y se adapte a las nuevas circunstancias políticas, sociales y técnicas de nuestra comunidad y del mundo. Desde hace tiempo la reforma jurídica integral de los medios electrónicos dejó de ser una inquietud asilada, para convertirse en demanda social básica para la transición a la democracia.
Debido a esta razón, en el futuro comunicacional del país debe evitarse que se realicen, una vez más, nuevas simulaciones de consultas ciudadanas para el cambio democrático del sistema comunicativo como las que han realizado en las últimas cuatro décadas los gobiernos en turno, donde todos los intentos de cambio legislativo democrático han concluido con la cínica, vergonzosa y lamentable expresión histórica de ¡no encontrarle la cuadratura al círculo!; y por lo tanto, no se ha avanzado políticamente en la reforma comunicacional justa del Estado mexicano.
Por este motivo, ahora es necesario retomar la enorme riqueza que ha expresado la sociedad civil a lo largo de muchos años para crear otro proyecto colectivo de comunicación social que si rescate el espíritu de los planteamientos ciudadanos esenciales para equilibrar el proyecto de comunicación colectivo de las comunidades mexicanas.
Es por ello que, para crear un nuevo marco jurídico en este ámbito, es necesario, por una parte, rescatar los principios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de la Ley Televisa en el año 2006; y por otra parte, tomar en cuenta todos los aspectos, sugerencias y recomendaciones aportadas por los diferentes sectores de la sociedad civil para integrar una ley moderna, pro competitiva, democrática, plural, convergente e integral de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país.
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