Privatización, injustificada y antipatriótica

Magdalena Galindo

Con razón, la diputada Laura Itzel Castillo ha recibido aplausos y felicitaciones en los comentarios a la noticia de que fue aceptado el amparo colectivo, promovido por ella y por la firma de miles de ciudadanos, contra las concesiones de explotación en tres campos petroleros de Tabasco a favor de las transnacionales Schlumberger y Petrofac. El argumento, plenamente justificado, es que los contratos firmados por la actual administración de Pemex son violatorios de la Constitución, ya que permiten la participación de esas empresas privadas extranjeras en la renta petrolera.

Se trata, en efecto, de un caso grave, porque esta violación constituye un paso más en el proceso de privatización del sector energético, que en el área de la electricidad ha llegado ya a que las empresas privadas superen a la Comisión Federal de Electricidad, pues hoy los llamados productores independientes proporcionan el 55 por ciento de la electricidad que se consume en el país. Y por supuesto, como en el caso del petróleo, la privatización también ha significado la extranjerización, pues las principales productoras de esta energía son las españolas Iberdrola y Unión Fenosa.

Los argumentos para la privatización y simultánea extranjerización son dos principales. Uno, que según las autoridades y los propios empresarios beneficiados, la empresa privada es más eficiente que la pública y los consumidores recibirán un mejor servicio y más barato. Otro, en el que insisten todavía más, es que el gobierno carece de recursos para realizar las inversiones y que es necesaria la intervención del capital privado.

En cuanto a la eficiencia de la empresa pública, hay que recordar que Pemex ha sido clasificada entre las cinco petroleras más eficientes del mundo y por lo tanto no cabe aseverar que una empresa privada cualquiera pueda superar a Pemex, porque de hecho en la clasificación internacional, en la que se toman en cuenta todas las empresas, públicas y privadas del sector, ya se ha mostrado la superioridad de la mexicana.

Por otro lado, si se recurre a la experiencia de las empresas públicas que han sido privatizadas, prácticamente en ningún caso se ha visto la mejoría para el consumidor. Basta mencionar el caso de la banca cuya privatización y posterior extranjerización ha determinado que las comisiones y las tasas de interés cobradas se cuenten entre las más altas del mundo.

En lo que se refiere a la escasez de recursos para invertir, hay que señalar que la privatización significa no sólo profundizar la dependencia que, como es obvio, es algo que no les importa a los funcionarios, sino renunciar a las fuentes más importantes de recursos. Como todo mundo sabe, la explotación petrolera proporciona alrededor del 30 por ciento de los ingresos gubernamentales, de modo que renunciar a parte de ese ingreso al permitir la participación de la iniciativa privada en la renta petrolera, significa que en el futuro inmediato se tendrán menos recursos para la inversión, o sea, que se acentúa el problema de escasez de recursos al que recurren los privatizadores para justificar su acción antipatriótica.

Y lo peor es que, como se ve en el caso de la banca o en el de la propia electricidad, la privatización ha significado al mismo tiempo la extranjerización, de modo que no sólo implica una disminución de los recursos públicos, sino una descapitalización del país, ya que las utilidades generadas en las áreas hoy en propiedad mayoritaria de extranjeros (en la banca, más del 75 por ciento y en la electricidad el 55 por ciento) son remitidas a los países de origen de las transnacionales. Hay entonces una descapitalización permanente que significa profundizar las condiciones de subdesarrollo del país. Esa es la consecuencia real e inmediata de aceptar y aun promover la participación de la iniciativa privada y extranjera en las áreas claves de la economía nacional, como son la banca y el sector energético.