Joaquín Pérez Sánchez

Colombia sigue sin poder resolver los problemas de tenencia de la tierra, pese a que el gobierno de Juan Manuel Santos, aprobó una ley que permite la restitución de tierras  para quienes fueron despojados ellas. La violencia no cesa y cobró la vida de otro dirigente campesino.

De acuerdo con medios de prensa locales, el viernes 15 de junio pasado, fue asesinado el líder campesino Jairo Martínez, quien encabezaba un grupo de personas que demandan la restitución de tierras en el departamento de Sucre.

Poco se conoce sobre las circunstancias del hecho, ocurrido en una zona donde el paramilitarismo sigue vigente. El propio mandatario se encargó de difundir la noticia a través de su cuenta en Twitter, donde escribió: “condenamos enérgicamente el asesinato de un reclamante de tierras. He ordenado investigación pronta para castigo severo”.

Sin embargo, la impunidad sigue siendo el principal aliado de la violencia, ya que organizaciones no gubernamentales han contabilizado 60 ejecuciones de activistas desde 2007, pero lo más graves es que 17 han ocurrido en sólo un año y sólo un caso ha sido resuelto.

Es de notarse que éstos últimos 17 asesinatos han ocurrido después de que el presidente Santos aprobó la “Ley de Víctimas” en junio de 2011, la cual contempla un programa de restitución de tierras, que pretende devolver, por lo menos tres millones de hectáreas, antes del 2014.

Sin embargo, la meta parece difícil de alcanzar si continúan los crímenes, porque, tal y como lo expresó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), al condenar el hecho: las amenazas y asesinatos de líderes reclamantes de tierras “entorpecen y dificultan el proceso de acceso a las garantías de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas en el país”.

En este contexto, es evidente que la violencia persiste contra quienes reclaman la restitución de tierras en áreas donde el conflicto armado interno ha desplazado a miles de familias. No ayuda mucho al gobierno pretender que no existen las bandas paramilitares que hostigan a la población campesina.

Para combatir a la guerrilla permitió el paramilitarismo y éste sigue activo e impide que los pocos pasos a favor de un contexto de paz, como lo pretende la restitución de tierras, se concreten. Aunado a ello, la impunidad y la falta de justicia, hacen de la violencia un factor constante de inestabilidad.