Telecracia vs. democracia/VIII-XIV

Javier Esteinou Madrid

A través del fuerte desafío ejercido por el poder mediático como poder fáctico contra el Estado nación mexicano y la incapacidad notable de la clase política para ejercer su autoridad rectora a favor de las mayorías nacionales, se confirmaron las siguientes 11 realidades en el ámbito nacional y en particular en el terreno de la comunicación política:

1.- El comportamiento empresarial intolerante el duopolio televisivo corroboró su tendencia mediática de oponerse a la edificación de la democracia en México, con el fin de evitar que este proceso pudiera crear otro proyecto abierto y plural de comunicación social que pusiera en peligro sus intereses monopólicos ya conquistados.

2.- La actitud prepotente de los monopolios informativos constató el desprecio por la democracia y la debilidad de los actores políticos y de sus instituciones frente al poder fáctico de las televisoras, como también el nulo interés de estas empresas oligopólicas por respetar el derecho a la información y los procesos plurales del país. Así, dichas empresas optaron por proporcionar “pan y circo” para las mayorías al priorizar el derecho superior de los televidentes para recibir con mayor cobertura informativa el futbol y los concursos de los “nuevos valores musicales” infantiles; que actuar responsablemente ante lo que fue uno de los comicios más importantes para definir el destino de la nación en el 2012 y que sólo se practica cada 6 años en el país.

3.- Este capítulo de la historia de la comunicación política nacional exhibió la debilidad del Estado mexicano frente a los poderes fácticos mediáticos cuando se oponen al avance de la construcción de la democracia en México, y que desde el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, se constata que abdicó ante el poder mediático.

4.- La acción desafiante de los poderes fácticos mediáticos hacia el Estado fue producto, por una parte, de un gobierno cada vez más débil que no tuvo capacidad para ejercer su autoridad rectora y regular el funcionamiento social de los medios de comunicación electrónicos; y por otra parte, de los legisladores que fueron ineptos y omisos para crear una nueva ley que democratizara la radiodifusión nacional.

5.- La consolidación de la democracia no se puede cristalizar sin la “construcción de la ciudadanía”, pero esta función no es responsabilidad exclusiva del Estado y sus instituciones, sino también de los medios de difusión colectivos.

6.- A pesar del gran interés mostrado por los ciudadanos para conocer las diversas propuestas de cambio para el país formuladas por los distintos partidos políticos en la fase de cambio de poderes públicos, los propietarios de los grandes medios de difusión electrónicos impusieron un cerco informativo eludiendo difundirlas en gran cobertura.

7.- El sabotaje al debate fue un elemento más de fuerza que ejercitó el poder mediático en su empeño por impulsar la contrarreforma electoral, con objeto de regresar al viejo modelo de comunicación política electoral privado que les dejaba ganancias millonarias y les permitía presionar coyunturalmente a los candidatos, partidos y funcionarios para obtener más privilegios monopólicos.

8.- Para el poder de la telecracia es más importante realizar el “business publicitario” que contribuir a la concientización ciudadana sobre los grandes problemas de la agenda nacional, con la cual se opuso a la creación de la democracia deliberativa en México.

9.- El duopolio, acostumbrado a imponer sus privilegios por encima de la sociedad, sabe que cada vez más puede ir más lejos sin ninguna consecuencia, porque ni el gobierno ni los partidos harán nada para detenerlo.

10.- El fallido intento de TV Azteca para entorpecer  la difusión del debate presidencial y la reticencia de Televisa para darle toda la cobertura posible confirmaron las consecuencias indeseables que tiene para el país la desmedida concentración de muchas frecuencias de televisión en manos de solamente dos empresas.

11.- Finalmente, este capítulo de la historia de la comunicación político-electoral demostró que el poder mediático ya no es el cuarto poder, sino ahora el primer poder político que está por encima del IFE, de los poderes públicos y de los órganos constitucionales de gobierno legítimos. Por ello, ahora es prioritario preguntarse y esclarecer qué poder está por encima del otro en la república. ¿Quién determina y hace valer el interés general? ¿Quién manda en el país?

Dicha realidad atestiguó, una vez más, el grado en el que poder mediático ha conquistado una enrome fuerza histórica con la que ahora subordina al poder legítimo del Estado nación derivado de la Independencia y la Revolución Mexicana. Por ello, es necesario tomar conciencia que históricamente hoy estamos ante un nuevo tipo de Estado híbrido que es el que domina a principios del tercer milenio en México y no frente el Estado republicano derivado de los movimientos emancipadores de la historia nacional que tardó más de 200 años en construirse en el país.

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