Joaquín Pérez Sánchez
El gobierno boliviano inició el proceso de consulta con las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), con la finalidad de alcanzar un consenso sobre la construcción de una carretera interdepartamental. La consulta es observada por entidades internacionales y genera expectativa, pero en el seno de las comunidades continúa la división y la radicalización de posturas que pueden hacer que vuelva la violencia.
Luego de que, entre septiembre y octubre pasados, se registraran fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, el gobierno del presidente Evo Morales inició un proceso de consulta en las comunidades indígenas, para tratar de alcanzar un consenso sobre el tema.
La consulta es ejecutada por 15 comisiones, las cuales están integradas por autoridades de los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas. Además cuenta con la participación de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
De esta manera, el gobierno boliviano está tratando de corregir sus errores, respecto de cómo lograr consensos en temas que afectan a las comunidades. En este caso, el proyecto de la carretera mantiene divididas a las comunidades y, aunque la nueva Constitución contempla la defensa de los derechos indígenas, existen muchas lagunas sobre cómo y con qué mecanismos garantizar la participación y aceptación de las comunidades.
Para los observadores internacionales, la realización de la consulta es un gran avance, un proceso “inédito” que sin duda marcará un antes y un después en la forma en que se plantean los “proyectos de desarrollo” en Bolivia y en la región.
Sin embargo, para los directamente afectados, la consulta no tiene el mismo valor, de hecho muchos integrantes de la comunidad lo descalifican y lo consideran ilegal, tardío y manipulado. Las posturas más radicales dentro de las comunidades consideran que hablar de “concertar”, significa imponer ya que consideran que con una persona que no esté de acuerdo, debería de bastar para no llevar a cabo el proyecto.
Tales posturas también se alejan de un escenario democrático y son aprovechadas por los sectores más recalcitrantes del gobierno.
En este contexto, aunque se haya tardado el gobierno de Morales en reaccionar, el proceso de consulta iniciado es un buen comienzo para empezar a hacer historia sobre cómo integrar a las comunidades indígenas a los procesos nacionales. Aunque la problemática está lejos de resolverse, al parecer empieza a despejarse el camino para encontrar soluciones democráticas.