Telecracia vs. democracia/VI-IX
Javier Esteinou Madrid
Ante la decisión unilateral del poder mediático de no transmitir en cadena nacional el primer debate presidencial, diversas instituciones y sectores de la sociedad señalaron que dicho evento era un insumo fundamental para ejercer un voto informado y razonado, y por lo tanto, demandaron que se transmitiera en cobertura para todo el territorio mexicano.
Así, considerando que los debates y contrastes de propuestas en el espacio público constituyen una piedra angular para la construcción de la democracia y el fortalecimiento de una ciudadanía informada sobre las diversas propuestas de los diferentes partidos, el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, exhortó a los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación electrónica la transmisión del primer debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, evitando la práctica de una democracia de baja intensidad.
Reforzando esta posición el resto de los consejeros electorales y partidos representados en el IFE solicitaron a los radiodifusores que antepusieran el interés del país, la racionalidad del debate presidencial y el derecho de los ciudadanos, transmitiéndolo en cadena nacional.
La coalición de partidos de izquierda consideró que limitar la difusión del encuentro constituyó una “involución democrática”, un retroceso para el país, y le solicitaron a la Secretaría de Gobernación que transmitieran el evento con la mayor cobertura posible mediática. El Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional cerraron filas y pidieron al IFE que pugnara por una mayor difusión del debate.
El candidato Andrés Manuel López Obrador pidió a TV Azteca, a Televisa y a la Cámara de la Industria de Radio y Televisión que rectificaran su decisión y presentaran el debate presidencial en cadena nacional. De lo contrario, se demostraría que las televisoras estarían actuando como los grandes electores que a través de su dedazo protegerían a un candidato chatarra, que mediante la telenovela democrática que generaron, lo introdujeron como una mercancía política para imponerlo como presidente, sin que fuera capaz de articular una frase completa, como un muñeco vacío. La precandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, llamó a los ciudadanos a ver el debate entre los 4 candidatos presidenciales, pues éste era un gran espacio donde los aspirantes podrían expresar las alternativas que les ofrecían a la población.
El expresidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, calificó que el debate era una fórmula para que las diversas fuerzas políticas se reconocieran como adversarios legítimos. Por ello, fue lamentable que fuerzas de presión se opusieran a la realización de tal encuentro democrático, por lo que las televisoras deberían de transmitirlo. El consejero del IFE Lorenzo Córdova sostuvo que por supuesto las televisoras ejercieron presión sobre el Estado, desafiándolo, desdeñando la ley y privilegiando el rating.
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información consideró que el debate presidencial era un espacio trascendente para el país. Las concesiones de radio y televisión son un bien público de la nación y no merecen estar sujetos al desafío de los concesionarios.
El intelectual Enrique Krauze señaló que la decisión de Salinas Pliego fue una burla a la frágil democracia mexicana… “¡Al pueblo: pan y circo!”, porque el circo es propiedad privada del señor Salinas. Debemos recordarle que no lo es: en México la televisión privada es una concesión pública, que por definición debe servir al interés público. Ese interés, en este caso, es evidente: en México pueden verse cientos de partidos de futbol (con sus respectivos debates) al año, pero para la elección presidencial 2012 tendremos sólo dos debates. Y es del más alto interés público que lleguen al mayor número de ciudadanos.
Los debates son un vehículo fundamental para salir de la Babel de ruido, confusión, vaguedad, tontería y mala leche que envenena nuestra vida política. Los debates, en todos los ámbitos, pueden ser una escuela de formación cívica, de respeto y tolerancia. Y en el caso particular de los debates presidenciales, son el instrumento imprescindible —de hecho, el único— para que el ciudadano pondere no sólo las ideas, la visión y el programa de los candidatos sino su temple, su carácter, su inteligencia, sus sentimientos y pasiones. En una palabra, su persona.
El tsunami que inundó México no sólo no ofreció el conocimiento inmediato de los contendientes sino que lo difuminó y obstruyó. Los debates que se propusieron son insuficientes y rígidos. Como están las cosas, tendremos que esperar otros seis años para ver los debates necesarios. Debemos conformarnos con lo poco que hay. Pero aun ese poco es mucho para el señor Salinas. Su prioridad manifiesta es otra: el triunfo del Morelia, los ratings del juego, el circo. El no sirve a la democracia, y tampoco la democracia le sirve a él. El sirve a la “civilización del espectáculo”, esa vacuidad que critica Mario Vargas Llosa en su libro más reciente. Hace poco el Grupo Salinas otorgó a Vargas Llosa el premio “Una vida por la libertad” por su defensa de la libertad (de la libertad, no del espectáculo). Para ser congruente, además de leer el libro, debería recordar que no solo de pan —y menos del circo— vive el hombre, y ejercer su libertad para servir a un fin más alto.
Ante dichas demandas plurales, el IFE indicó que el debate no se movería de fecha y hora, y frente a ello, diversos organismos ciudadanos basados en el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión que faculta a la Secretaría de Gobernación para ordenar que todas las estaciones de radiodifusión del país se puedan encadenar para asuntos de trascendencia nacional, como son los debates presidenciales, le reclamaron al organismo electoral que solicitara formalmente a dicha secretaría que decretara la formación de una cadena nacional para transmitir el debate a todos los rincones de la nación.
Sin embargo, debido a las presiones que impuso el duopolio de la televisión y el PRI sobre los diversos organismos electorales, el IFE, la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron que no obligarían legalmente a los concesionarios de la radiodifusión nacional a transmitir el debate, pues por una parte, se violaría el derecho de los auditorios para poder ver otra programación de entretenimiento en ese mismo horario; y por otra, se provocaría más el enojo de los concesionarios que podrían dañar el proceso electoral.
Dicha realidad demostró que el Estado, las instituciones públicas, los consejeros electorales y los funcionarios del gobierno se arrodillaron frente al macropoder ideológico-político del duopolio televisivo.
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