Reforma laboral y todavía quieren más

Magdalena Galindo

Si algo puede afirmarse de la reforma laboral que propone Felipe Calderón, y que se repite con ligeras modificaciones en prácticamente todos los proyectos que están en discusión, es que muestra el carácter insaciable de la burguesía y el Estado mexicanos. No les ha bastado con que los salarios, tanto el mínimo como todos los demás, hayan disminuido cada año desde 1977 hasta hoy. Ni que  estén en la pobreza alrededor de 80 millones de mexicanos o que casi un tercio de la población ocupada haya tenido que refugiarse en el sector informal, lo que quiere decir en ese vivir al día sin ninguna prestación ni seguridad.

Tampoco que en este país de pobres haya unos cuantos multimillonarios que alcancen la distinción de estar en la lista de la revista Forbes de los más ricos del mundo. Todavía quieren más y están empeñados en sacar adelante una reforma que busca explotar más a los trabajadores y beneficiar a los capitalistas.

En un resumen muy breve, la tal reforma crea nuevas modalidades de contratación, como la del outsourcing, el trabajo por obra o tiempo determinado, el empleo a prueba o la de capacitación inicial, para disminuir las obligaciones de los patrones y sobre todo facilitar los despidos, sin que tengan que pagar la ya de por sí mínima indemnización de tres meses.

Busca igualmente eliminar el derecho de huelga, a través de negar el trámite a un emplazamiento si ya existe otro, con lo cual facilitan la recurrencia del patrón a los sindicatos blancos que pueden así adelantarse al emplazamiento y de este modo evitar que los sindicatos auténticos puedan ejercer el legítimo derecho de huelga.

Además, quiere fijar un límite de doce meses a los salarios caídos. Y a las huelgas mismas se les fija un plazo de seis meses, si se trata de empresas que presten un servicio público o de un año para las demás. También se establecería con esta reforma, el requisito de precisar cada  una de las violaciones al contrato colectivo y la “forma de repararlas”, bajo pena de no dar trámite al emplazamiento a huelga.

Otra área que pretende legislar la reforma es la capacitación, en la cual los trabajadores estarían obligados a someterse a las pruebas que determine el patrón y naturalmente si no obtienen el certificado de que tienen la calificación exigida, el patrón puede despedirlos sin mayor trámite.

Como se ve en las protestas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, las pruebas de este tipo son muy fáciles de manipular y sólo sirven para justificar despidos.

Por supuesto, la reforma también incluye la intromisión en la vida interna de los sindicatos, como las formas de elegir representantes o la exhibición de sus finanzas que obviamente han provocado el rechazo de los sindicalistas.

Una propuesta que al parecer no ha recibido mucha atención, pero que en la vida cotidiana de los sindicatos tiene mucha importancia, es la prohibición de realizar “cualquier clase de propaganda” en el interior de las empresas o los establecimientos.

Como puede constatarse en este breve recuento, bajo el discurso de apoyar la competitividad del país, de lo que se trata es de cercenar los derechos de los trabajadores. Y las áreas principales son eliminar la seguridad en el empleo, facilitar los despidos, dificultar o impedir el ejercicio del derecho de huelga,  controlar los sindicatos.

Golpear, pues, a los trabajadores, para impulsar la tasa de ganancia y, en consecuencia, la acumulación de capital.