Telecracia vs. democracia/XI-XIV

Javier Esteinou Madrid

Mientras miles de jóvenes estudiantes se organizaron en el país bajo el movimiento Yo Soy 132 y salieron a las calles a protestar contra la manipulación del duopolio de la televisión; la respuesta del actual gobierno panista el 15 de junio del 2012 fue empoderar más a dicho poder fáctico gigantesco al concederle privilegios mayúsculos, reforzar su concentración insolente y provocar a los jóvenes de una manera irresponsable. A través de esta acción unilateral el gobierno les envió a los estudiantes un mensaje durísimo: sus exigencias democráticas no valen nada.

De esta forma, debido, por una parte, a las burdas presiones que se configuraron sobre la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y sobre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como órganos reguladores, y por otra parte, a la manera en que el presidente de la república intervino para asegurar el acuerdo; el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorizó la fusión Televisa-Iusacell, mediante un recurso de reconsideración que previamente interpusieron jurídicamente tales empresas. Este hecho representó el más grande retroceso que se ha producido en el país en materia de competencia en el sector de la televisión abierta.

Con este fin, la Cofetel y la Cofeco prepararon la estrategia consistente que en el momento en que la CFC resolviera a favor de la concentración entre las empresas de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego; simultáneamente la Cofetel lanzaría una tercera cadena de televisión. Dicha resolución de la Cofeco se debió a varios motivos, entre los que destacan, en primer lugar la pusilanimidad de la mayoría de los comisionados de ese organismo para actuar de manera soberana.

En segundo lugar, a que las televisoras desde hace mucho tiempo votaron por Enrique Peña Nieto y desde entonces cuidan, protegen, salvaguardan su inversión política, no obstante que atraviesen por el momento de mayor desprestigio público de toda su historia y por un creciente cuestionamiento social a su conducta parcial.

Y, finalmente, en tercer lugar, por el estricto interés presidencial de seguir granjeándose a la televisión en la etapa final de su sexenio y en el inicio de su condición de expresidente, como si Felipe Calderón no supiera sobre la capacidad de las televisoras para reciclar sus lealtades, al momento mismo en que la banda presidencial pasa de unas manos a otras.

De esta forma, la autorización de la fusión entre Televisa y Iusacell operó a contrapelo de la competencia, con varias y muy nocivas consecuencias para la sociedad mexicana, pues fue un duro golpe a nuestra incipiente vida democrática y es absolutamente contraria a la esencia de la Constitución. No se trató de una decisión jurídica o técnica, sino fue un fallo político donde no triunfaron los argumentos de las televisoras en términos del recurso de reconsideración interpuesto, pues las mismas condiciones monopólicas que la Cofeco había manifestado como existentes en su fallo del 24 de enero del 2012, se mantuvieron intactos hasta el momento de la autorización de la fusión. Es decir, nada cambió entre el primer y el segundo fallo, pues ambas empresas continuaron siendo dominantes en el mercado de la televisión, fueron los principales depositarios en el mercado de la publicidad, y permanecieron actuando como  predominantes en el mercado de contenidos.

Por consiguiente, esta determinación fue una afrenta en términos de la política de competencia del Estado mexicano, pues el artículo 28 constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios.

No obstante ello, la Cofeco explicó que la autorización de la fusión estuvo vinculada al cumplimiento de ciertas condiciones. En realidad ahí está la mayor burla puesto que se dejaron fuera las que realmente eran necesarias, como son la desincorporación de algunos canales de TV por parte de las dos empresas, así como la retransmisión gratuita de las señales abiertas en los sistemas restringidos de televisión (satelital o cable).

La mayor condición de la que se ufanó la CFC es haber logrado que se licite una tercera cadena de TV por parte de Cofetel, y que a ello no se opongan Televisa ni TV Azteca. El retroceso de la soberanía del Estado nación es tal dimensión que paradójicamente, ahora resulta que para poder tener más canales de televisión era necesario pedirle permiso a los poderes fácticos mediáticos y convertir al duopolio en oligopolio, para que esta estructura de poder lo concediera y no se incomodara.

Sin embargo, debemos contemplar que el mercado de publicidad, de donde las cadenas televisivas obtienen sus ingresos, actualmente ya está negociado y repartido. De esta forma, este mercado tendría que crecer para que pudiera ser rentable ser concesionario de una tercera cadena de televisión. Sobre todo, si consideramos que actualmente ese mercado de publicidad sólo se divide en 7 canales y, con el apagón analógico, tendrá que dividirse entre 40 canales diferentes. Los ingresos por publicidad son directamente proporcionales al rating de cada canal.

Al condicionarse mínimamente la autorización se trató de barnizar uno de los mayores despropósitos en la política de competencia, exactamente en sentido contrario al reclamo social por democratizar, diversificar y ampliar la oferta comunicacional en la fase de transición política del país.

En términos políticos y comunicativos esto representó que a más tardar en cinco años dicho megaconsorcio entre Televisa y Iusacell dominará los servicios de televisión móvil, de Internet y de telecomunicaciones móviles, ya que la televisión abierta perderá fuerza.

En este contexto, no se debe olvidar que dichas empresas se han confabulado en más de una ocasión para abortar las políticas públicas cuando sus intereses pretenden ser afectados. Así, por ejemplo, juntas resistieron a la reforma constitucional electoral de 2007 y la legal de 2008; boicotearon con absoluto descaro decisiones gubernamentales, para buscar la fusión de sus empresas en el negocio de la telefonía; tuvieron el mayor desplante retador frente a la democracia cuando decidieron sofocar el primer debate presidencial al transmitir un partido de futbol y un concurso de baile.

En consecuencia, la decisión tomada por la Cofeco provocó un enorme daño a la sociedad mexicana en el mercado de contenidos, en el ámbito de la información, en el de la comunicación y en el de la democracia, puesto que dos empresas, que dicen competir en la televisión, estarán ahora asociadas oligopólicamente en un negocio principal que es el de la telefonía y del Internet.

Por ello, nos topamos ante una auténtica regresión histórica, pues al aprobar esta fusión, la Cofeco se liquidó en su esencia y se derrumbó en su objeto fundamental consistente en fomentar la competencia y promover las sanciones a las prácticas anticompetitivas.

La herencia del gobierno de la “transición pacífica a la democracia” es que cada vez más quien gobierna en el país es la telecracia y no el Estado nación.

jesteinou@gmail.com