Telecracia vs. democracia/XIII-XIV

Javier Esteinou Madrid

No obstante que la reforma electoral del 2007 introdujo un nuevo modelo de difusión política para los periodos de renovación de los poderes públicos, la megaconcentración de poder, la expansión y la gran persuasión social que previamente alcanzaron las industrias mediáticas en México, especialmente de la radiodifusión, debilitaron la esencia democrática y plural de dicho proceso, debido a que su creciente fuerza mediática se opuso a dicha reforma creando una atmósfera contrarreformista y contrarreguladora que contribuyó a erosionar la rectoría política del Estado nacional y de sus órganos de gobierno, como el IFE, en dicho ámbito.

De esta forma, aunque finalmente fueron elegidos con relativa libertad y democracia el presidente, los gobernadores, los diputados, los senadores y los munícipes de la república para el periodo de gobierno 2012-2018, en realidad todos estos poderes públicos quedaron muy vulnerados y acotados pues tuvieron un margen de actuación y soberanía muy restringido ante los intereses que impone el megapoder mediático sobre la gobernabilidad del país. Así, los nuevos poderes públicos de la siguiente fase de gobierno de la Tercera República Nacional que se renovaron con las elecciones del 1 de junio del 2012 nacieron previamente subordinados al viejo poder mediático super amplificado que dio origen a la Cuarta República Mediática en el México moderno de comienzos del siglo XXI y que continúan reproduciéndose sin votar por ellos.

En este sentido, a diferencia de la relevación de los poderes públicos republicanos que son elegidos cíclicamente por la población cada 3, 4 y 6 años mediante el sufragio efectivo en el país para que administren la gobernabilidad nacional, paradójicamente, los poderes fácticos mediáticos de la radio y la televisión nunca son elegidos o votados por los ciudadanos y, sin embargo, participan de forma cada vez más sustantiva e intensa en la definición y ejecución del proceso diario de gobernabilidad nacional, e incluso llegan a doblegar o superar a los poderes constitucionales de la república. De esta manera, debido a la centralidad y concentración estratégica que alcanzó el sistema de medios de difusión electrónicos en México en el siglo XXI, independientemente del partido, la institución, la corriente o el candidato político que ganara en los comicios de cada fase electoral, de antemano estructuralmente éstos quedarían limitados, sometidos, desafiados, desdibujados, avasallados y hasta suplantados por el sistema de presión económico-político-ideológico que ejerce el poderío mediático en el país.

Así, no obstante la aplicación de las nuevas reglas de difusión política de la reforma electoral, en última instancia, además del triunfo de la partidocracia, por las ventajas estratégicas que le otorgó tal reforma, otro de los grandes ganadores de la contienda política de las elecciones intermedias del 2012 fueron los monopolios electrónicos de la difusión colectiva y no la sociedad, entre otras, por las siguientes 7 razones:

1.- Los monopolios mediáticos retaron y burlaron abiertamente al Estado al no cumplir o acatar inadecuadamente las leyes electorales, imponiendo en parte sus reglas de poder empresarial mediático sobre la estructura política.

2.- Desacreditaron parcialmente a los órganos públicos como el Instituto Federal Electoral, el Congreso de la Unión, los movimientos de la sociedad civil y a los candidatos adversos a sus intereses mercantiles de expansión monopólica irrefrenable.

3.- Televisa y Televisión Azteca con su estrategia discrecional de difusión de mensajes políticos “informales” actuaron cotidianamente como grandes maquinarias electorales muy eficientes que influyeron significativamente sobre la decisión del voto ciudadano para apoyar a su candidato mediático y, por consiguiente, sobre los resultados electorales.

4.- Debido a que el sistema de medios electrónicos reconstruye virtualmente con gran eficiencia la realidad social cotidiana, los nuevos representantes políticos de la república elegidos para conformar el Congreso de la Unión para el periodo 2012-2018 quedaron estructuralmente obligados a pactar en el futuro con el poder mediático para conservar su “buena imagen” pública y su consenso social, a cambio de recibir nuevos privilegios empresariales.

5.- Conquistaron más capacidad como poder mediático al lograr colocar en la Cámara de Diputados la denominada Telebancada de legisladores incondicionales a modo, especialmente a través del PRI y el PVEM, que obviamente en el futuro crearán las iniciativas de leyes ad oc para proteger los intereses de la radiotelevisión monopólica y los de los ciudadanos.

6.- Negociaron con los partidos y los candidatos prerrogativas oligopólicas más fuertes como fue la fusión de las empresas de telecomunicaciones Televisa-Iusacell-Movistar, que representa un nuevo oligopolio que debilita la rectoría y soberanía del Estado mexicano que se creó en el marco de las elecciones del 2012. Con ello, dicho oligopolio podrá renovar automáticamente las concesiones de radiodifusión pendientes; apropiarse de los canales espejo prestados para continuar el proceso de la transición analógica a la digital; lograr la dispensa de pago al Estado de contraprestaciones para ofrecer a los auditorios nuevos servicios agregados de telecomunicaciones; impedir que el IFE les aplique fuertes multas por violar los preceptos centrales de la reforma electoral; reducir el pago de impuestos al poner en marcha nuevas empresas de comunicación; impedir la emergencia de una tercera cadena de televisión nacional que compita con el duopolio audiovisual ya consolidado; obtener nuevas concesiones de fibra óptica para expandir sus consorcios de radiotelevisión y de telecomunicaciones; generar una contrarreforma electoral después de las elecciones del 2012, etc. Es decir, con tales negociaciones se vulnera profundamente el proceso de construcción de la democracia en México y de la rectoría del Estado nación.

7.- Finalmente, los medios colectivos de difusión electrónica con carácter monopólico permanecieron gobernando cotidianamente al país, vía la administración privatizada del nuevo espacio público mediático, sin la necesidad de haber sido elegidos por la ciudadanía para este fin hegemónico, y sin aparecer ante la conciencia colectiva como fuerzas de poder nacional, sino presentándose frente a la opinión pública como meras instituciones neutras de “esparcimiento”, “información” y “distracción”.

Ante esta cruda realidad política del nuevo triunfo del poder mediático que se consolida cada vez más en el territorio nacional, es necesario preguntarnos ¿para qué el Estado y la sociedad mexicana realiza el enorme gasto que representa la organización cíclica del voto ciudadano y el financiamiento de las múltiples campañas electorales en el territorio nacional y en el extranjero, si en última instancia crecientemente el poder real habitual, en un alto porcentaje, lo define y lo ejerce el poderío ideológico político de los medios electrónicos de difusión colectivos que no son escogidos democráticamente por la ciudadanía, sino que éstos se imponen a las comunidades a través de su propia fuerza fáctica, específicamente la telecracia? ¿Por qué al mismo tiempo que la población recurrentemente selecciona a los representantes políticos de los diversos poderes públicos, no vota igualmente por la renovación y la dirección del proyecto comunicativo de las industrias mediáticas que también ya son poderes públicos que participan medularmente en la dirección cotidiana de la nación? Si todas las instituciones del Estado que participan en el proceso de gobernabilidad nacional están sujetos a las reglas de la transparencia gubernamental, ¿por qué los medios electrónicos de difusión colectivos que también participan estratégicamente en la dinámica de la gobernabilidad cotidiana de la sociedad, no están sometidos a las normas de la transparencia pública?, etcétera.

Por ello, el verdadero cambio democrático de la transición social a la democracia en México, además de implicar la apertura profunda de las viejas estructuras políticas a la participación civil, ahora requiere urgentemente el ajuste sustantivo de la acción de los poderes fácticos de los monopolios informativos a un nuevo orden de derecho virtuoso que sitúe a los oligopolios mediáticos bajo la dinámica constitucional de la igualdad, la transparencia y la democracia. De lo contrario, los partidos políticos continuarán impulsando por décadas la promoción cíclica de una fantasía democrática electoral de carácter formal que en la realidad diaria quedará subordinado a la verdadera estructura de poder cotidiano real que gobierna a la nación que es la Telecracia Mediática que cada vez más supera a la fuerza de los poderes públicos constitucionales.

jesteinou@gmail.com