Con la reforma laboral, la burguesía va por más

Magdalena Galindo

Gracias a una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reconoció oficialmente que nada menos que el 60.1% de los trabajadores mexicanos se encuentra en la economía informal. Aunque desde hace años han sido numerosas las voces que han llamado la atención sobre el brutal deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población mexicana y sobre la precarización del empleo, la cifra contabilizada por el INEGI es realmente alarmante.

El cambio en el criterio contable consiste en incorporar a quienes no cuentan con alguna forma de seguro social, lo que incluye a los trabajadores domésticos, los que laboran para empresas o gobierno, pero que se encuentran en la informalidad, así como a los campesinos o jornaleros. Una vez sumados los trabajadores que se encuentran en estas categorías, el total es de 29.2 millones de personas que representan, como dijimos, el 60.1% de toda la población ocupada que hoy es de 48 millones 700 mil personas.

Antes de esta recomendación del organismo dependiente de la ONU, sólo se consideraban informales a los que laboran por cuenta propia o en negocios familiares y a los ambulantes, lo que daba un total de poco más de 14 millones y significaban un ya impresionante 29.1% de la población ocupada. Por supuesto que la OIT tiene razón al considerar a los empleados domésticos y a los campesinos y jornaleros, pues resulta evidente que se trata de trabajadores que carecen de un empleo formal, lo que quiere decir que no alcanzan ninguna de las prestaciones que exige la ley. Otro dato que muestra la precariedad de los informales es que, según el propio INEGI, estos trabajadores perciben en promedio un salario 35.4 menor que los que se ubican en la economía formal.

Los datos muestran, pues, de manera cruda, la terrible precarización del empleo y la drástica pauperización de la mayoría de la población mexicana registrada en las últimas décadas. Y es que la burguesía mexicana ha conseguido que los costos de la crisis económica recaigan sobre los trabajadores. Basta mencionar que desde 1977 hasta hoy, todos los años, con excepción de algunos en el sexenio de arlos Salinas y en el de Vicente Fox, los salarios reales han disminuido. Si el desempleo no ha llegado, como en otros países, durante las frecuentes recesiones de estas décadas a cifras de dos dígitos, sino se ha mantenido alrededor del 5%, es debido a las estrategias de sobrevivencia de los trabajadores mexicanos que recurren al ambulantaje o a las múltiples formas del empleo informal que, como se ve en los nuevos criterios de la OIT y el INEGI, es la realidad dominante en la economía mexicana.

Y es que si en todo el mundo la ofensiva de las burguesías contra los trabajadores ha sido exitosa, en el caso de México se ha llegado a un extremo. Hecho que, por cierto, se agravará con la reforma laboral recién aprobada, pues las nuevas formas de contratación aceptadas, como las de tiempo parcial o por obra determinada, están dirigidas a dar carta de naturaleza legal al empleo informal dentro de las empresas que para lo demás forman parte de la economía formal. Hay que destacar que la llamada competitividad de la economía mexicana pretende sustentarse únicamente en la disminución de los ingresos de los trabajadores. En la baratura de la fuerza de trabajo se ha sustentado el aumento de las exportaciones manufactureras de nuestro país. Y los factores para esa baratura han sido la caída de los salarios reales, los despidos masivos y la eliminación de las prestaciones de los trabajadores. Una de las consecuencias de esa estrategia ha sido el hecho sin precedentes de que más del 60% de la población ocupada se encuentre en la informalidad, y en algunos estados, como Oaxaca o Guerrero, sobrepase el 80%. Y todavía van por más con la contrarreforma laboral que muestra que la burguesía mexicana es insaciable.