Si no queremos IVA en alimentos y medicinas

Magdalena Galindo

Hay informaciones que no causan sorpresa, pero sí escándalo. Ése es el caso de los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática , en que da a conocer que, durante el año pasado, los asalariados pagaron 377 mil 663.2 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta,  mientras las empresas sólo pagaron, por ese mismo concepto, 268 mil 360.3 millones de pesos. Dicho de otra manera, del total de impuesto sobre la renta que recaudó el gobierno, que fue de 760 mil 106.2 millones de pesos, los asalariados cubrieron el 49.7 por ciento, mientras las empresas sólo contribuyeron con el 38 por ciento (el resto fue pagado por otras personas físicas y morales).

Cualquiera podría pensar que esa diferencia podría explicarse, en descargo de los empresarios, porque los trabajadores constituyen un sector mucho más amplio que el número de empresas y sus dueños. Pero tal pensamiento de buena voluntad no tiene validez porque se trata, precisamente, de un impuesto sobre la renta, es decir sobre los ingresos que reciben los asalariados o las empresas y resulta que en conjunto los asalariados reciben alrededor de un tercio del ingreso nacional, mientras los empresarios se quedan con más del 40 por ciento de ese mismo ingreso nacional. O sea que los trabajadores del país reciben una menor proporción de la renta y en cambio pagan más impuesto, y viceversa, los empresarios reciben una mayor tajada del ingreso, y en cambio pagan menos impuestos.

Por supuesto que tal desigualdad se relaciona con el hecho de que los asalariados son contribuyentes cautivos, pues en su pago semanal o quincenal ya vienen descontados los impuestos que les corresponden, mientras las empresas practican las múltiples formas de eludir el pago de impuestos, entre las que se cuentan, por ejemplo, descontar las pérdidas de las empresas que les ha ido mal, en la contabilidad de las empresas del mismo consorcio que han registrado altas utilidades, o bien las vías ya delincuenciales de crear falsas facturas y aun empresas fantasma, para registrar gastos inexistentes, o crear dobles libros de contabilidad, o más sencillas aunque no menos delincuenciales como falsear los domicilios. En los últimos tiempos, una vía privilegiada para eludir impuestos ha sido emprender litigios contra la autoridad en impuestos específicos. Sólo en 2012, se reporta que por estos litigios se dejaron de percibir casi 410 mil millones de pesos, y en total la elusión fiscal la calcula el Instituto en nada menos que 668 mil millones de pesos.

Ante esta gigantesca suma, por la que los empresarios han conseguido eludir el fisco, es el colmo la andanada de declaraciones en las que se manifiestan a favor de aplicar el IVA a alimentos y medicinas que es un impuesto altamente regresivo, porque afecta mucho más a los pobres, sean asalariados o no, pues a los alimentos y medicinas dedican la mayor parte de su ingreso, que a los ricos para los que estos productos representan una parte mínima de su gasto.

Y no sólo eso, también la reforma fiscal que están proponiendo la vinculan con la participación de la iniciativa privada en la industria petrolera, pues con los mayores impuestos o como dicen ellos con la eliminación de las exenciones (a los más pobres), el Estado podría despetrolizar sus ingresos y ampliar su inversión en la industria petroquímica, con la ayuda de los empresarios. La verdad es que con sólo disminuir la elusión fiscal multimillonaria que practican los empresarios habría suficiente ingreso para la inversión pública en la industria petrolera.