Hacia otro Sistema Nacional de Investigadores/X-XII

Javier Esteinou Madrid

A través de la presencia del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a lo largo de varias décadas en México, dicha instancia concentró distintas contradicciones relevantes que es necesario solucionar para acceder a una nueva fase institucional que contribuya a propiciar otro desarrollo de la nación. Entre los ajustes básicos que se requieren realizar para corregir algunos de los desafíos históricos que ha conllevado a través de muchos años, figuran entre otras, las siguientes alternativas en el ámbito de la evaluación de la producción científica de los investigadores:

8.- Siendo que las políticas de evaluación académica del SNI son elaboradas por las mismas comisiones académicas de cada área del conocimiento, y no por otros sectores gubernamentales del Estado, es indispensable que la propia comunidad académica modifique sus criterios valorales, pues los investigadores nacionales son víctimas de las imperfecciones del propio mecanismo gremial de calificación que los investigadores han creado sobre su mismo trabajo.

9.- Se pueden tener directrices generales mínimas para calificar los productos intelectuales, pero para aplicar un método más profesional de evaluación del conocimiento especializado, es necesario diferenciar los criterios de evaluación de las áreas duras (medicina, biología, matemáticas, astronomía, etc.) y las áreas blandas (sociología, filosofía, psicología, comunicación, historia, letras, antropología, ciencia política, etc.). En este sentido, se debe respetar la diversidad de las modalidades y las especificidades del conocimiento especializado propio de cada área del conocimiento. Para ello, cada comisión del SNI debe generar su propia guía detallada de los requisitos que se tienen que cumplir para pertenecer a cada nivel del mismo.

10.- Es indispensable evolucionar de una evaluación estrictamente sancionadora, que ahora se aplica, a pasar a una evaluación retroalimentadora, cuyo objetivo central sea permitirle al investigador y a su grupo de trabajo, reflexionar sobre su propio quehacer al considerar una mirada desde fuera a través de las distintas perspectivas que ofrezcan los comités de pares o de los mecanismos enriquecedores que se introduzcan. Mediante ello, se podrá fortalecer de manera significativa la dinámica de la inteligencia dedicada a generar la ciencia en México.

11.- Es necesario que los procesos de evaluación de la producción científica que elaboran los investigadores sea dictaminada con lineamientos o equivalencias más precisas, pues las normas actuales privilegian la práctica de la subjetividad amplia, la discrecionalidad y hasta el “amiguismo gremial”, por sobre la aplicación de la objetividad imparcial. Para ello, cada área de conocimiento deberá elaborar nuevos tabuladores acordes con el terreno de valoración de sus conocimientos específicos, mediante el cual se aprecien de forma más integral los resultados de la investigación de sus miembros. Si la mayoría de las universidades cuentan con tabuladores muy precisos para calificar periódicamente la producción intelectual de sus académicos, no es entendible por qué el SNI, que es el máximo organismo de la investigación nacional, no posea los suyos de forma suficientemente puntuales para calificar los frutos de sus miembros.

12.- Las mención de citas documentales es un útil indicador aislado para medir relativamente solo una perspectiva de la repercusión de la producción científica, pero no es el único factor, ni el más adecuado para calibrar la repercusión de la ciencia. En muchos casos, el número de citas registrado no tiene que ver con la calidad del ensayo, sino con una acción de relaciones públicas o de mercadotecnia editorial que ejercen las casas editoras. Por ello, se requiere cuestionar cómo medir el impacto o la aportación del conocimiento generado por los investigadores, especialmente de las ciencias sociales y las humanidades, sin que dicha medición atraviese necesariamente por las normas endógenas de ser citado por el mismo gremio académico, sino retome prioritariamente las directrices de impulso al desarrollo social de las comunidades o del país.

 

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