En España, no todos somos iguales ante la justicia

Regino Díaz Redondo

Madrid.- Son tan ilógicas y absurdas las medidas económicas y políticas que está tomando el gobierno de Mariano Rajoy que los españoles de a pie, la gente preparada, los que trabajan para dar de comer a los defraudadores del fisco, ven muy cerca el momento en que estalle la violencia sangrienta en el país.

Atentar contra la cultura, la salud y la dependencia es atentar contra España. Hay ministros que encajarían perfectamente en la dictadura franquista.

Las calles de esta ciudad y de las principales de la nación se han convertido en sedes de manifestaciones cotidianas de donde sale el grito desesperado de la clase media para buscar una resolución a los problemas y a las trabas que soportamos.

Resulta insólito que todos los decretos aprobados por los Consejos de Ministros cada semana son bólidos que se estrellan en la cara de los trabajadores como un triunfo más de una especie de neofascismo mezclado con el cinismo.

Ningún sector productivo se salva de tener en sus nóminas a gente que se ha hecho millonaria a cambio de aportar contribuciones ilegales al Partido Popular, desde Aznar a la fecha.

En escasos 16 meses de gobierno, Rajoy ha retrocedido 20 años a la democracia que nacía, inocente, sorprendida por los beneficios —que no fueron tales— que les trajo la transición.

Desgraciadamente los acuerdos obtenidos en ese pacto tan alabado y respetado dentro y fuera de la península han sacado a relucir que no hubo, salvo escasas excepciones, quien no sacara provecho y abusara de la buena fe de la mayoría.

Las arcas del partido conservador español se han estado llenando de dinero que aportan empresarios de primer orden para conseguir contratos ilegales que no fueron sometidos a concurso, burlando todos los preceptos constitucionales, penales y administrativos de que uno pueda acordarse.

“Patriotas” destrozan el erario

Es tal la corrupción que impera que muchos distinguidos patriotas, vengan de donde vengan, están asustados pero no dejan de destrozar el erario.

La podredumbre salpica o moja, moja bien mojados, a José María Aznar y al propio presidente del Gobierno, quienes resultan ser presuntos responsables de recibir dinero negro de parte de empresarios que sabían que la ventaja más corta entre la pobreza y los multimillonarios es el camino del cohecho, el chantaje, el tráfico de influencias, la amoralidad y la ausencia del más mínimo principio ético.

Aquí, se dan casos tan insólitos que merecen un trato particular para que sirvan de ejemplo de lo que pasa, de cómo se ha perdido la decencia y la altura a la que puede llegar la impunidad de políticos, jueces, hombres de negocios y representantes de la burguesía religiosa.

En el caso Nóos, el duque y la duquesa de Palma enfrentan a dos sentimientos totalmente opuestos, como son la tristeza y la prevaricación.

Concretamente se ha desatado una lucha dentro del Poder Judicial en la que los jueces se enfrentan a otros de la Audiencia Nacional para deslegitimar lo aprobado por ellos y rendir pleitesía a la Casa Real.

Doña Cristina e Iñaki Urdangarin ocupan una parte del escenario nacional. El primero ha intentado eludir la justicia mediante contratos de trabajo en el extranjero, como es la firma de un acuerdo fallido entre el gobierno de Catar y ellos. El jugador de balonmano se iba a ir como asesor de la selección de balonmano en ese país árabe, aunque a última hora se frustró el convenio.

Justicia selectiva

La infanta, socia del instituto Noos hasta el 2007 y cuya firma en algunos documentos aparece posteriormente, fue imputada (llamada a declarar) por el juez Castro, y antes de que pudiera llevarse a cabo el interrogatorio, otra institución, la Audiencia, derogó la orden en una demostración de que no todos somos iguales ante la justicia.

Se investiga una supuesta reunión entre algún miembro de la monarquía y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el empresario Juan Cotino, para conseguir la mediación de la alta nobleza y otorgar contratos de obras ilegales.

Además, los organismos autorizados para detectar irregularidades fiscales están abocados a desvelar posibles fraudes de la hija menor del rey.

El extesorero del PP durante casi 20 años sigue en libertad, pese a las evidencias clarísimas de que sacó dinero de la tesorería de su partido y de los negocios que realizó a la sombra de éste para llevarse, al menos, 54 millones de euros a Suiza.

Con la burbuja inmobiliaria surgida durante el gobierno aznarista y cuyas triquiñuelas fueron bautizadas como la trama Gürtel, comenzó el declive de la economía nacional. Se otorgaron concesiones para obras privadas en todo el territorio con una desfachatez increíble.

En este caso anterior se llegó hace unos días a aprobar un Decreto Ley en el que se venden terrenos públicos hasta 20 metros cerca del mar, cuando la ley que estuvo en vigor requería a los inversores dejar 100 metros de espacio entre hoteles y casas de turismo y el acceso a las playas.

Han sido galardonados por sus exquisitos trabajos a favor de España los ministros Alberto Ruiz Gallardón, de Justicia; José Antonio Wert, de Educación, e Ignacio Fernández Díaz, de Interior, porque han sido los protagonistas de todas las decisiones antidemocráticas que se han dado en los últimos 16 meses.

Se aprobará la ley del aborto: a la cárcel las mujeres que no tengan más remedio que practicarlo; los afectados por los recortes son delincuentes antisistema que quieren perturbar las progresistas y admiradas decisiones del actual gobierno.

Permisos anticonstitucionales

Es más, doña Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del Partido Popular en esta capital, promotora de Eurovegas, otorgó permisos anticonstitucionales para realizar más de 600 obras en este territorio.

Ella es quien se ha convertido en el azote de Rajoy. Con un desparpajo sin igual acaba de lanzar, urbi e orbi, la siguiente afirmación: “yo fui la primera que destapó la trama Gürtel”.

Una prueba de que ya parte de los funcionarios del Gobierno están preocupados es que, a última hora, éste decidió aplazar la aprobación de la Ley Wert ante la inconformidad de cientos de miles de personas a todo lo largo y ancho de nuestra geografía.

Las ministras Ana Mato, de Sanidad, y Fátima Báñez, de Empleo, llevan varias semanas sin abrir la boca. La orden de hacerlo ha sido comunicada con energía por quien puede hacerlo. Pero sólo con la intención de retomar fuerzas para seguir recibiendo órdenes de la Unión Europea encabezada por Angela Merkel, que ya lleva, por cierto, unas semanas oculta en algún paraíso alemán en donde los financieros hacen de las suyas.

¿Se puede llegar más lejos en la ingratitud, lo estrafalario, el apoyo a las voces retrógradas y la defensa de intereses mal habidos? Veremos.