La reforma constitucional de las telecomunicaciones/I-X

Javier Esteinou Madrid

En el marco de la segunda revolución industrial surgieron en México la radio en la década de 1920 y la televisión en 1950, funcionado mayoritariamente bajo el modelo comercial privado que gradualmente transformaron sustantivamente los conocimientos, los valores, los imaginarios, las aspiraciones, las identidades, las conductas en una idea, la vida de los habitantes de la región.

Así, gradualmente emergieron fuertes fenómenos culturales de carácter masivos que paulatinamente modificaron la existencia cotidiana de la sociedad mexicana, creando comunidades altamente mediatizadas.

Sin embargo, debido a la falta de intervención rectora del Estado mexicano para regular en base a los principios constitucionales el funcionamiento de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, paulatinamente surgió un modelo de comunicación altamente desigual, monopólico, discrecional, vertical, concentrador, antidemocrático, contrario a los derechos culturales de los ciudadanos, manipulador que obstaculizó sustantivamente el desarrollo virtuoso de la nación durante el siglo XX.

Dicho patrón comunicativo se heredó del siglo pasado al siglo XXI en el país, conservando, entre otros, las siguientes características estructurales en el ámbito normativo, el nivel de concentración, la monopolización del espectro radioeléctrico, los poderes fácticos mediáticos, la transformación del espacio público mediático, la competencia, los contenidos, los medios públicos, las consecuencias sobre el Estado-nación, y las repercusiones sobre la sociedad:

Marco normativo

1.- Durante las últimas décadas se conservó una legislación totalmente anacrónica en el campo de la radiodifusión, pues la Ley Federal de Radio y Televisión data de 1960 y su Reglamento de 1971 y la Ley Federal de Telecomunicaciones proviene de 1995. Las únicas modificaciones relevantes efectuadas a estos ordenamientos fueron en sentido antidemocrático el decretazo del 10 de octubre de 2002 y la Ley Televisa de noviembre de 2005.

2.- A lo largo de los últimos 30 años en el país se contó con diversas propuestas jurídicas de cambio político-cultural del modelo de comunicación monopólico con perspectiva pluralidad, pero ninguna de ellas alcanzaron éxito, pues todos los intentos fueron abortados por las luchas partidistas en el Congreso de la Unión, por la influencia de los poderes fácticos mediáticos y las por la acción de las telebancadas en el Congreso.

3.- El patrimonialismo político que sostuvieron los medios, al margen del orden jurídico, desafiando al Estado, llegó a su extremo permitiendo que en el 2005 las televisoras promovieran la Ley Televisa que fue una legislación que intentó certificar el dominio de los monopolios privados sobre el espectro radioeléctrico.

4.- Ante las grandes ausencias de orden jurídico para normar la radio y la televisión cobró vida constantemente la tesis neoliberal que señaló que los medios de información colectivos deben estar regidos por los mecanismos de la autorregulación comunicativa y no por las acciones jurídicas rectoras del Estado nacional, pues se atentaría contra la libertad de empresa y la libertad de expresión.

5.- Por consiguiente, desde el ángulo normativo, en las últimas 5 décadas en el país cambiaron los gobiernos, los partidos, las tendencias políticas, los funcionarios, los discursos, pero lo único que no se transformó con sentido democrático fue la estructura nacional de comunicación, especialmente la audiovisual.

Actuación de los poderes fácticos mediáticos

6.- La herencia de dicho marco jurídico-político endeble ocasionó que la fuerza del Estado-nación, cada vez, fuera más frágil para enfrentar a las empresas de comunicación.

7.- En la relación de dependencia entre medios de difusión y Estado en México, han existido dos fases fundamentales: la primera entre 1950 y 1980 donde los medios, especialmente la televisión, se subordinaron a las directrices del poder político, a cambio de concesiones radiofónicas y seguridades para expandirse; y la segunda, de 1980 al 2013, donde la subordinación de los poderes públicos constitucionales se sometieron a los poderes fácticos mediáticos.

8.- La paulatina acumulación de fuerza por los poderes fácticos mediáticos avanzó a tal grado en el país que a partir de 1980 lograron cambiar la ecuación del equilibrio tradicional de fuerza que planteaba que los medios de difusión eran los soldados del presidente, para conseguir desde principios del siglo XXI que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial fueran los soldados del poder mediático, particularmente de la telecracia.

9.- Televisa y Televisión Azteca desplegaron en diversos momentos una acentuada capacidad de presión, e incluso extorsión, sobre el Estado y los poderes públicos, para imponer sus intereses, o apuntalarse mutuamente con sus diversos canales o eludir el contraste.

Nivel de concentración

10.- La concentración excesiva de todo el sistema de comunicación social, especialmente electrónico, en sus diversas fases de producción, distribución e inculcación de mensajes, dio origen al modelo duopólico en la televisión y oligopólico en la radio.

11.- El escenario de hiper concentración de la propiedad de las empresas mediáticas, se acentuó especialmente a través del recurso de la propiedad cruzada de las mismas.

Monopolización del especto radioeléctrico

12.- El espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación, fue altamente privatizado por el sector oligopólico de la radiodifusión y de las telecomunicaciones para comercializarlo, expandir sus negocios, presionar al Estado y dirigir a la sociedad.

13.- En cuanto al acceso a los servicios de telecomunicaciones en México ésta actividad es aún limitada para gran parte de la población. La penetración de la telefonía móvil en el país es de 86 líneas por cada 100 habitantes contra 112 en países como España. Además, México se encuentra en los últimos lugares en penetración de banda ancha entre los países de la OCDE: tal tipo de banda tiene una penetración del 11.4% en telefonía fija y 9.6% en telefonía móvil, con una velocidad promedio de 5.3 Mb en 2012, mientras que el equivalente en Chile fue de 19 Mb.

 

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