COMUNICACIÓN
La reforma constitucional de las telecomunicaciones/IV-XII
Javier Esteinou Madrid
Para entender a fondo el origen de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la competencia económica ya aprobada por el Poder Legislativo, es necesario contemplar los siguientes razonamientos para descubrir su determinación económica en última instancia:
2.- Mediante las iniciativas económico políticas que introdujo la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la competencia económica se incorporaron nuevas condiciones estructurales que propiciaron una mejor competencia para las inversiones en el terreno de las telecomunicaciones y de la radiodifusión nacional y, con ello, se elevó el rango de atracción de la inversión extranjera en México, con el consecuente impulso positivo del proyecto de desarrollo sexenal para los próximos años. Todo ello contribuyó a modernizar el prototipo del capitalismo mexicano para sacarlo parcialmente del modelo de “capitalismo de compadres” y adaptarlo a los estándares de apertura y competencia internacionales que demandó la OCDE al gobierno mexicano desde hace varios años.
Esta realidad es crucial destacarla conceptualmente pues demuestra que el origen medular de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica localizó su gestación en las necesidades de modernización del sistema de producción neocapitalista en su etapa inmaterial que, para atenuar su crisis sistémica en los polos de acumulación central, tuvo que presionar, vía los organismos internacionales como la OCDE y otros más, para que la periferia se anexara eficientemente a su modelo de concentración de ganancias mundiales, y con ello mitigar su último colapso sistémico, del que no termina de reponerse estructuralmente.
En este sentido, contrariamente a todos los esfuerzos históricos realizados por intelectuales, académicos, sociedad civil, partidos políticos, movimientos juveniles como el Yo Soy 132, durante más de 5 décadas para transformar el marco jurídico político del modelo electrónico de comunicación nacional; la transformación del tradicional prototipo de comunicación sólo se pudo concretar con profundidad a nivel constitucional cuando las presiones internacionales externas de la OCDE y otros organismos mundiales plantearon que la única forma de incorporar de forma intensiva el modelo de desarrollo mexicano a la nueva economía global se lograría cuando se modificara el marco normativo de las telecomunicaciones para adaptarlo a las nuevas necesidades planetarias de circulación del capital.
Así, en primera instancia, el nacimiento de la reforma constitucional de las telecomunicaciones se gestó por los requerimientos de modernización del capitalismo internacional contemporáneo, para lograr la expansión del capital central sobre la periferia al enlazar con mayor eficiencia la economía nacional al circuito de acumulación a escala global; y en segunda instancia, por las demandas sociales de los diversos sectores políticos del país para contar con un marco más democrático que le diera mayor margen de negociación democrática al Estado.
Ante ello, es indispensable preguntarnos si tales iniciativas representan, en última instancia, el avanzar hacia un desarrollo más humano e integral del país.
3.- A diferencia de cómo se funcionó políticamente en los últimos nueve sexenios nunca se había establecido un acuerdo político de dimensiones tan grandes entre los principales partidos políticos para gobernar conjuntamente el país como fue el alcanzado con la firma del Pacto por México. Esta alianza permitió que la clase política se uniera entre sí y se blindara para enfrentar las principales fuerzas que en las últimas décadas, especialmente desde 1980, habían debilitado la acción de la clase política y, consecuentemente, obstaculizaron el ejercicio de la rectoría del Estado nación mexicano. Fue una formidable lección de negociación política en la historia moderna nacional que demostró que la clase política fragmentada y desunida permite el empoderamiento de los poderes fácticos, especialmente mediáticos, mientras que la clase política unida en coaliciones puede acotar tales fuerzas metaconstitucionales, someterlas a la Carta Magna y desatorar el estancamiento del crecimiento del país.
Este sorprendente fenómeno histórico dentro de la política nacional convencional logró que la ecuación del equilibrio político tradicional que formuló durante décadas pasadas que “Televisa y el PRI son lo mismo”, se cambiara por la nueva relación “el PRI-Gobierno-Constitución están sobre la fuerza del duopolio televisivo y otros poderes fácticos mediáticos”.
4.- Sin lugar a dudas, el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó al poder con apoyo de la enorme capacidad de persuasión ideológica del duopolio televisivo que efectuó una constante campaña de propaganda paralela para respaldar su candidatura presidencial. No obstante ello, si desde el inicio de su gestión Peña Nieto no se deslindaba notoriamente de la influencia de dicho duopolio audiovisual, el resto de su sexenio quedaría subordinado a los intereses de las fuerzas oligopólicas como sucedió con los dos gobiernos panistas anteriores. Esta circunstancia acotaría sustancialmente su margen de maniobra como presidente de la república para gobernar el país, y lo convertiría en un “soldado de los monopolios mediáticos”. Es por ello que el presidente Peña Nieto declaró a principio de su gestión en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del PRI que en su gobierno “no habría intereses intocables, por lo que el único interés que se protegería será el nacional”.
Esta misma situación aconteció con el poder fáctico acumulado por la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mtra. Elba Esther Gordillo, quien al oponerse a la realización de la reforma constitucional de la educación mexicana, formulada por el presidente Enrique Peña Nieto en enero del 2013, fue acusada de cometer múltiples desfalcos financieros durante muchos años contra la Secretaría de Hacienda y fue encarcelada por el gobierno federal.
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