COMUNICACIÓN
La reforma constitucional de telecomunicaciones/VI-XII
Javier Esteinou Madrid
El surgimiento de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la competencia económica publicada por la Presidencia de la República puede lograrse a través de la contemplación de la demanda de factores económicos y políticos que se dieron en el país, pero la inclusión del capítulo social que permite la existencia de mayor pluralidad, apertura, participación y democracia comunicativa en la nación, requiere tener presentes las siguientes consideraciones complementarias para poderla entender:
11.- Mediante las intervenciones del Poder Ejecutivo a través de la reforma constitucional de las telecomunicaciones se rescató la fuerza rectora del Estado mexicano que se había debilitado sustantivamente desde la década de los años 80 con el desmantelamiento neoliberal de la esfera pública y el paso a la transición pacífica a la democracia con el ascenso al poder del Partido Acción Nacional a partir del año 2000. Así, la iniciativa de reforma constitucional en el ámbito de la comunicación colaboró de manera sustantiva a rescatar la jefatura del Estado nación para gobernar soberanamente al país, y con ello, recolocar a los poderes republicanos por encima de los poderes fácticos mediáticos.
Sin embargo, hasta aquí se pueden explicar con dichas tesis las causas económico políticas que permitieron que surgiera la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica para reubicar a México dentro del mapa de la nueva dinámica internacional de acumulación de capital que demandó la OCDE, y para recolocar al PRI con bases sólidas para gobernar nuevamente durante un largo periodo histórico en el país.
No obstante, estos análisis no logran resolver la incógnita del porqué se introdujeron modificaciones sociales muy relevantes como fueron el concepto general del servicio público para las telecomunicaciones, el refuerzo de las garantías comunicativas, la autonomía financiera y editorial de los medios públicos, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas, el prohibir la publicidad o la propaganda presentada como información noticiosa, la reglamentación del derecho de réplica, pues todas estos aspectos no los demandó la OCDE para modernizar el país, ni tampoco los requería el PRI para gobernar eficientemente como partido dominante en su regreso al poder después de 12 años de derrocamiento. Es más, tales transformaciones de naturaleza democrático-ciudadanas podrían llegar a estorbarle significativamente, por una parte, al modelo de acumulación global que promueve la OCDE. Por otra, a los poderes fácticos mediáticos que no desean la pluralidad, la apertura y la democratización del sistema de comunicación nacional, por lo que se opusieron a dicha reforma durante varias décadas en México.
Y, finalmente, a la dinámica de gobernabilidad de corte autoritario-populista, como ha sido el estilo tradicional de dirigir del PRI en el país, pues empoderan más a la sociedad civil frente al gobierno en turno al otorgarle modernos instrumentos tecnológicos comunicativos para actuar sobre el “espacio público”, y en consecuencia, para lograr construir un poder social paralelo que se oponga a dicho modelo neoliberal avanzado.
Por consiguiente, es necesario enfrentar la pregunta de cómo explicar que en el corazón de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica se incluyeron elementos centrales para crear procesos comunicativos democráticos y concretizar los derechos comunicativos ciudadanos, si estos aspectos no eran requisitos indispensables para consolidar los objetivos económicos de los proyectos de los organismos internacionales y de las instancias de poder nacional, e incluso podrían convertirse en obstáculos sustanciales para alcanzar las metas de restructuración del capitalismo central en la periferia.
Ante ello, la explicación que se puede encontrar, es la siguiente:
12.- Los elementos jurídicos incorporados en la reforma para propiciar transformaciones sociales y ciudadanas no se debieron a las demandas económicas de los organismos internacionales, ni a los requerimientos de la nueva gobernabilidad del PRI en su retorno al poder, ni a las propuestas de las cámaras de la industria de la radiodifusión del país, sino que fueron ocasionados por el avance crítico que lentamente la sociedad en general fue gestando a nivel de la conciencia colectiva en los últimos 45 años exigiendo el cambio profundo del modelo de comunicación nacional heredado del siglo XX. Dichas transformaciones de conciencia provinieron desde la discusión del derecho a la información en la década de los años 70 en la Cámara de Diputados; hasta las demandas en las calles del movimiento juvenil Yo Soy 132 en el 2012 y 2013 para reclamar la democratización amplia de la estructura de comunicación, particularmente electrónica, en México.
De esta forma, tales inquietudes críticas evolucionaron en las últimas décadas del sector de los investigadores o académicos universitarios en 1970 al núcleo intelectual de la esfera pública en 1980. De allí, al ámbito de la opinión pública y al espacio político en 1990. De esta fase, al sector de los partidos políticos y a la sociedad civil en el 2000. De aquí, a las expresiones públicas ciudadana en el 2012 y al nivel de reforma y toma de decisiones nacionales en el 2013.
En este sentido, con el ascenso espiral de la conciencia crítica tales propuestas fueron introducidas por las exigencias de algunos legisladores de vanguardia de los partidos políticos de oposición, especialmente del PAN y del PRD, que participaron en el diseño inicial de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, exigiendo la anexión de las propuestas comunicativas ciudadanas en dicho proyecto, a cambio de apoyar como partidos aliancistas el resto de la propuesta integral de la reforma constitucional incorporada en el Pacto por México.
De esta forma, la introducción del capítulo ciudadano y de la democratización de las comunicaciones en la reforma constitucional no se generó en el proceso de modernización de las entrañas del sistema económico, sino que provino del avance de los procesos de negociación políticos democráticos en México sobre las formulaciones meramente economicistas de los organismos internacionales modernos. Fue el progreso de la política ciudadana progresista sobre los modelos econométricos neoliberales que se pretenden imponer a escala global en el planeta en el siglo XXI.
De aquí, la necesidad sobresaliente que la sociedad mexicana demande a los partidos políticos y al Estado que el capítulo ciudadano sobre los beneficios y las garantías comunicativas y del sentido de la comunicación como servicio público, se desarrolle ampliamente en las leyes secundarias de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, pues de lo contrario sólo tenderemos una reforma para modernizar el ciclo de acumulación de capital a escala mundial. Esto significaría que no contaríamos con una reforma a favor de México, sino una reforma contra de México.
jesteinou@gmail.com