COMUNICACIÓN
La reforma constitucional de las telecomunicaciones/VII-XII
Javier Esteinou Madrid
Para iniciar una nueva administración de gobierno durante el periodo 2012-2018, el presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a crear nuevas condiciones de gobernabilidad que le permitieran dirigir el país de otra forma y con ello superar la crisis estructural heredada por los dos gobiernos panistas anteriores (de Vicente Fox Quezada y de Felipe Calderón Hinojosa). Dichas transformaciones deberían de convertirse en nuevos cimientos estructurales que permitieran reimpulsar el crecimiento global del país a largo plazo y no sólo modificaciones coyunturales superficiales que no trascendieran los próximos gobiernos sexenales, pues de lo contrario no se sentiría el regreso histórico de un nuevo PRI.
Para asegurar la realización de dichos progresos históricos, el Poder Ejecutivo ejecutó las siguientes 5 acciones estratégicas y con ello fundar otras bases de gobernanza nacional:
1. Estableció un gran pacto político de gobernabilidad nacional con los principales cuatro partidos políticos del país denominado Pacto por México, obteniendo un gran respaldo consensuado de la clase política nacional para aprobar tales cambios estructurales de la república.
2. Elevó a rango constitucional los compromisos del Pacto por México, de forma que no fueran leyes secundarias las que respaldaran dicho proyecto de transformación nacional, sino que sea el propio mandato directriz de la Carta Magna el que conduzca el cambio del país.
3. Aprobó paralelamente en el Congreso de la Unión la reforma a la Ley de Amparo, donde entre las diversas modificaciones jurídicas que se incorporaron se prohibió el hecho de que, cuando la materia a proteger se refiera al interés público general, no procederá la suspensión del acto reclamado. A través de este recurso se les impidió a los monopolios, especialmente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, que en caso de ser demandados pudieran continuar ejerciendo las acciones irregulares por las cuales fueron requeridos y evitar que se invalidara la fuerza del derecho constitucional.
4. Anunció nueve reformas estructurales estratégicas para contar con un marco general de transformación del país: la reforma administrativa, la reforma a la Ley de Amparo, la reforma educativa, la reforma bancaria, la reforma de telecomunicaciones y competencia económica, la reforma política, la reforma económico financiera (fiscal), la reforma económica y la reforma de la salud.
5.- Finalmente, dentro del clima de transformación global del país, desde el punto de vista comunicativo, creó la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y de la Radiodifusión que fue aprobada por el Congreso de la Unión y los diversos congresos de los estados del país, para instrumentar las modificaciones en el orden de la comunicación nacional. La incorporación de dicha iniciativa fue un logro notable dentro de la historia de la comunicación nacional, pues desde la década de los años cincuenta no se había podido reformar con perspectiva social y progresista el marco regulatorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México. Con ello, se abrió un camino jurídico para crear otro modelo de comunicación más equilibrado y justo para atender algunas de las demandas sociales que durante las últimas cuatro décadas reclamó la comunidad nacional en esta materia para contar con mayor democracia y pluralidad cultural en la república.
Dicho posicionamiento de cambio político del nuevo gobierno priista quedó claramente sintetizado cuando el presidente Enrique Peña Nieto, al evaluar sus primeros 100 días de gestión, manifestó públicamente en Palacio Nacional: “¡No vengo a administrar, sino que vengo a transformar a México!”
Sin embargo, frente a este notable capítulo de la historia en el ámbito de las comunicaciones nacionales queda pendiente de comprobarse si esta transformación estructural iniciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue sólo una hábil estrategia política de cambio de maquillaje superficial del PRI, prevaleciendo la existencia del viejo PRI autoritario, despótico y antidemocrático que reinó en el siglo XX; o es verdaderamente el resurgimiento de un nuevo partido que va a construir el segundo “milagro mexicano” para el desarrollo virtuoso del país en la segunda década del siglo XXI.
En este sentido, en materia de comunicaciones será indispensable revisar con sentido muy crítico si el problema central que el Poder Legislativo plasmará en la esencia de las leyes secundarias de la Reforma de las Telecomunicaciones será meramente de carácter tecnológico (evolucionar de lo analógico a lo digital, lograr el acceso masivo a la banda ancha, aumentar la fidelidad de las señales, otorgar más rapidez de transmisión de datos, perfeccionar la nitidez de las imágenes, incrementar la cobertura de la radiodifusión, contar con pantallas de alta definición, adquirir sonidos más nítidos, producir más efectos virtuales, etc.) o contemplará que los verdaderos desafíos básicos que encara el proceso de comunicación del país no son de tipo instrumental, sino son eminentemente de naturaleza político social.
Es decir, para de verdad avanzar históricamente, la reforma deberá fijar sus ojos en las realidades comunicativas básicas que durante décadas ha demandado la sociedad civil mexicana, y que, sin embargo, no han sido atendidas por los poderes en turno, pero no por esto dejan de ser prioritarias para el desarrollo nacional; sino que al contrario adquieren un carácter, cada vez, más relevante por ser saldos históricos comunicativos que el Estado irresponsable y despóticamente no resolvió desde hace muchas décadas. De lo contrario, lo que en el fondo se esconderá será una hábil estrategia tecnologizante del nuevo gabinete político para conservar el viejo modelo de difusión masivo para los jodidos, pero ahora disfrazado de moderno, competitivo, eficiente y abierto.
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