España necesita vacuna contra la amnesia y la mentira
No se pueden construir edificios socialistas
con albañiles y jefes de obra capitalistas.
José Mujica, presidente de Uruguay
Regino Díaz Redondo
Madrid.- En su afán de salvar el pellejo, el gobierno dice y se contradice en asuntos que ponen en peligro el Estado de derecho. Toma medidas que meses antes había negado y repudiado. La última consiste en dar por buenas facturas de la infanta Cristina que poco antes calificó como falsas. Se autodefrauda y echa por tierra la credibilidad del fisco.
También, Cristóbal Montoro, ministro del ramo, se pone la cuerda al cuello al permitir que la hija del rey se autoalquile el Palacete de Pedralbes (Barcelona) para justificar sus ingresos y dar por buenas las operaciones de Aizoon, empresa fantasma, que Urdangarin usó para mover dinero fuera del país.
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado (procurador general de la República) sostiene un tour de force con el juez José Castro que lleva la trama de los duques de Palma y cuenta con evidencias clarísimas de que el matrimonio realizó negocios sucios al amparo del nepotismo.
Suena a sainete, si no fuera una pésima obra de barata zarzuela, el enfrentamiento en que se han inmerso ambos funcionarios del poder judicial. Mientras Castro ya imputó una vez a la hija del rey y Torres-Dulce la desimputó de inmediato, ahora el fiscal la ha defendido en ocho ocasiones en los últimos meses con afirmaciones que van desde un respaldo absoluto, sin tener el informe del juez, a una sumisión a la monarquía.
Los españoles, por tanto, no somos todos iguales ante la ley.
El fiscal anticorrupción ha tenido expresiones como éstas: “sería trato de desfavor (?) imputar a la hija del rey”, y con cierto tono de enfado agrega en sus declaraciones que “no hay elementos suficientes que permitan la imputación de la infanta sobre fraudes fiscales o blanqueo de dinero.
Frente a las protestas continuas contra la actuación de Urdangarin y de su esposa, a quienes califican como cobijados por la mano real, Torres-Dulce no tiene empacho en adelantarse a Castro e insiste: “conforme a derecho, no veo cómo podría haber participado la infanta Cristina en el caso de Urdangarin”. Y otras afirmaciones similares que lo ponen en entredicho, no sólo a él sino la credibilidad del Poder Judicial español.
De paso, José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores, participa en este enredo, que cada vez se enmaraña más, con otra afirmación que debe inscribirse en el manual del buen decir.
Al preguntársele su opinión respecto a este asunto, contestó categórico: “¿que por qué me alegro de que no se impute a doña Cristina?, pues porque es la infanta de España”.
Pacto con Hacienda
Los duques nómadas (ahora están en Lausan) van y vienen, se dejan ver y no, para seguir maniobrando con el propósito de conseguir un pacto con Hacienda para que, mediante el pago de una cantidad (no sabemos cuánto), Iñaki no vaya a la cárcel y se archive el caso.
Parece que las conversaciones caminan con lentitud y no han dado aún el fruto deseado por la casa real. La parcialidad de Torres-Dulce en este asunto coloca nuevamente al gobierno de Mariano Rajoy, que lo nombró, como un defensor a ultranza de una pareja que tiene mucho que desear.
Busca la monarquía que no se impute a la infanta para evitar el deterioro de la imagen real, pero se equivoca en su estrategia porque sólo consigue que aumenten las dudas y el rechazo a los inquilinos de la Zarzuela.
La gente no está dispuesta a permitirlo. Juan Carlos, averiado, se equivoca y cree (o creen sus asesores) que de esta forma tan controvertida el trono y todos sus súbditos saldrán bien librados. No meter a la cárcel al exjugador de balonmano será un error imperdonable; no imputar a la infanta, una equivocación que traerá consecuencias graves.
Imputar a alguien no es declararla culpable de algo. Simplemente se trata de hacerla comparecer oficialmente ante el juez para que declare lo que sabe al respecto de los tejemanejes de su esposo.
Los imputados salen libres
No se equivoquen los que se equivocan a propósito. Ellos saben que la imputación no es sentencia ni condena como lo prueba el hecho de que los imputados Francisco Camps, expresidente de Valencia, imputado por la trama Gurtel, salió libre por “falta de méritos”.
¿O no es así?
Don Iñaki, en una comparación algebraica, podría presentarse de esta manera: cuanto más alto es (mide casi dos metros), más pequeño es su intelecto.
El miedo (palabra ya maldita en esta España nuestra de oscuros y claros tan definidos) también invade los pasillos y vestíbulos del Palacio Real. Junto a los pasos que dan sus asesores surgen nuevas pruebas de que la exempleada de La Caixa en Barcelona tuvo conocimiento de algunas de las irregularidades cometidas por su esposo.
El cántabro se enredó en su propia madeja de actividades y visitas; creó fundaciones inexistentes, transfirió dinero a paraísos fiscales y los movió en el extranjero, recibió en efectivo y pagó en falso. Todo se hizo a través de la computadora y con borrar el disco duro fue suficiente para eliminar algunas, que no todas, las pruebas en su contra.
Presentó documentos falsos, se aprovechó de su posición y es reo de tráfico de influencias que convalidaron muchos políticos sobre todo valencianos y baleares con los que efectuó acuerdos y firmó contratos por mucho dinero para realizar eventos que nunca fueron.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, elegante dama de la aristocracia y política valencianas, comentó entre risas, ésas a las que nos tiene acostumbrados, que: “Iñaki me presentó un programa y no tuve por qué dudar de él”.
Jaume Matas, expresidente de Las Baleares y actualmente en libertad con fianza, manifestó que “a un miembro de la Casa Real no se le puede negar algo”.
Callejón sin salida
El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, está de nuevo en un callejón sin salida, cada vez más estrecho, que lo lleva a adelantar el término de su mandato. Si el pueblo fuera el soberano, Rajoy estaría comiendo pulpo en Galicia. Como la soberanía no importa entre los corruptos, don Mariano persiste junto a sus ministros más distinguidos con sus embustes y avala a individuos a los que antes ensalzó o viceversa.
La salud económica del país ha sido otra vez puesta en duda por Transparencia Internacional, organismo integrado por cerca de cien países que colocan a España por debajo de Catar y Botsuana (¿se acuerdan dónde fue de safari su Majestad?) en lo que a corrupción se refiere.
Los motivos que aduce dicha organización son los siguientes: “En España hay la sensación de impunidad, lentitud en los procesos penales y corrupción en las instituciones claves del gobierno”.
En el raiting España está también por debajo de Grecia e Italia. A estos países se refiere T. E. diciendo que “sus parlamentos avanzaron para acelerar juicios, castigar a los delincuentes y aprobar leyes que hagan más rápida e explicita la resolución de la justicia”.
En el informe presentado se dice que el gobierno de Mariano Rajoy “permanece impasible ante los casos de corrupción descubiertos y no avanza con la suficiente diligencia para aclararlos”.
De todas partes llegan los señalamientos de ineptitud y cohabitación entre políticos y empresarios corruptos para engañar a Hacienda porque no han sido castigados por sus ilícitos.
No sólo está comprobada la parcialidad del actual gobierno de la nación sino que, a medida que pasan los días y las semanas, se restringe cada vez más la libertad de expresión. En reuniones y tertulias, en las televisiones, en los diarios digitales y en la prensa se apunta, salvo excepciones, que “el sistema político español tiene esclerosis múltiple”, enfermedad difícil de curar y en la mayoría de los casos, imposible.
A no ser que surja por ahí una vacuna contra la amnesia y la mentira.