Regino Díaz Redondo
Madrid.-Durante largos años estuvieron juntos. Iban y venían en recorridos matutinos…, un café aquí en sobrios bistrós por la mañana… caras sonrientes… Lucharon, espalda contra espalda, para darse ánimo y fuerza. Y ahora, de pronto, no se saludan.
Dos reconocidos miembros del Poder Judicial de las Islas Baleares llevan más de un mes tirándose los bártulos a la cabeza, plumillas por aquí, secantes y bolígrafos por allá… te desconozco.
Los protagonistas son el fiscal Pedro Horrach y el Juez José Castro han tomado partido, o más bien cada uno tiene un criterio jurídico distinto sobre el caso, aberrante trama, de la Infanta Cristina y su consorte. La hija menor del rey los ha separado.
Tras la segunda imputación del juez Castro, la duquesa de Palma asistirá a principios de febrero a declarar por “tráfico de influencias” y “blanqueo de dinero” relacionado con el sucio asunto del caso Nóos, el manejo de dinero en esa institución benéfica y en otras fantasmas, inventadas por el matrimonio para realizar operaciones cuyos movimientos no son muy claros.
A Iñaki Urdangarin, el espigado duque y gran jugador de balonmano, le ha salido el tiro por la culata. Juega muy bien pero es un pésimo hombre de negocios. No lo llamó Dios por el camino empresarial y pone en evidencia su escasez de neuronas amparado por el título que le otorgó la casa del Rey.
La empresa Aizoon, que no existe pero que fue inventada para lucrar por el matrimonio mencionado, ha realizado operaciones por varios millones de euros y triangula sus sucios negocios con Nóos, organización creada por el rey Juan Carlos para su benjamina.
De común acuerdo o no, se cobraron facturas falsas, recibieron adelantos sobre proyectos que nunca llegaron a cristalizar y, respaldados por su título nobiliario, se aprovecharon de funcionarios sumisos de la Comunidad Valenciana, muchos de los cuáles firmaron adjudicaciones inexistentes y obras protegidas por el Estado.
El escándalo tiene en un brete a políticos, empresarios, constructores y concesionarios urbanísticos que son investigados minuciosamente por Castro.
Durante la revisión de documentos salió a la luz la firma de la infanta Cristina en muchas facturas falsas y en el manejo de dinero de Nóos para asuntos personales y privados de tan simpar pareja.
Después de que Horrach echó abajo la primera imputación, el juez siguió navegando entre los papeles de las empresas y salieron a relucir múltiples irregularidades de las que son responsables Iñaki y su esposa. El primero, ya en el banquillo, está a punto de verse acompañado por Cristina si los informes judiciales de Castro la señalan como cómplice de su marido.
Durante las últimas semanas el fiscal defendió en todos los foros públicos que pudo a la infanta y envió durante cinco días consecutivamente folios y argumentaciones que la exculpan de cualquier delito. Ni siquiera, según él, era candidata a fungir como testigo en este asunto que le han salido aristas por todas partes.
El enfrenamiento entre Horrach y Castro se agrava cada vez más y ha puesto en entredicho a parte de la judicatura española, o, por lo menos, formó dos bandos que será difícil reconciliar una vez termine de ventilarse el problema.
Todo indica que la Casa Real desea que el caso Urdangarin termine lo antes posible y de una vez por todas. Lleva dos años investigándose el asunto y todavía no se sabe cuándo comenzará el juicio. Su Majestad, recién salido de una operación de la cadera, ha dado instrucciones, por lo que se ve, para que no se recurra la imputación de su hija y que ésta acuda a los tribunales para responder a las preguntas que se le hagan.
De cara al público, don Iñaki se ha convertido en el protagonista de una obra teatral quevequiana cuyo culpable no es el mayordomo.
Es la primera vez – al menos en el recuerdo histórico – que un asunto judicial pasa de las argumentaciones jurídicas contrapuestas a los insultos soeces e insoportables y sobre todo inadecuados en esas esferas.
El caso ha tomado perfiles de vodevil. En estos momentos, se discute acaloradamente si doña Cristina caminará, como cualquier otro mortal, del automóvil al cubículo del Juzgado. Hay quiénes opinan que sí… hay quienes opinan que no… pero la verdad del cuento, ¡ay maría de los tormentos!, lo saben Cristina y yo (Iñaki).
Unos y otros buscan apoyos políticos y jurídicos. Otros y unos los encuentran pero la mayoría son consejos ocultos y disquisiciones poco comprensibles para el juglar.
El fiscal entra en escena, abre su capa de mosquetero intrépido y exclama: “el juez Castro es un ignorante que usa teorías absurdas y denigrantes con motivos bastardos”. Y se va.
No para ahí el bien-hablado Horrach. Parece que su especialidad es adjetivizar con frases peyorativas la conducta del juez que permanece callado.
Así, con un público a la expectativa, vuelve a aparecer el que acusa y con sus expresiones lesiona, o intenta hacerlo, la educación que debería tener cuando se trata de la defensa de un familiar del Jefe del Estado.
Tanto es así, que en la última encuesta hecha por varios medios de información, el prestigio del Rey está por los suelos y su imagen tiene una valoración del 25% cuando hace un año era del 58%.
Lo cierto es que sea culpable o no doña Cristina, al Borbón le han crecido los problemas en plena crisis por sus problemas físicos y el descontrol en que se encuentra el país en muchos ámbitos del diario devenir.
Poco tienen que buscar algunos países vecinos del norte para encontrarse con la mala situación por la que atraviesan los españoles. La “marca España” vende poco, barato o nada. Pero ya se están dando protestas violentas en muchas ciudades del territorio nacional. La gente está cansada de hacer manifestaciones silenciosas y ha optado por violentarse un poco.
Esta estrategia está dando buenos resultados. Protestan multitudinariamente y consiguen sus propósitos. Es el caso de lo que acaba de ocurrir en Burgos, donde los habitantes de El Gamonal, salieron a la calle dispuestos a impedir la ampliación de su calle principal y lo lograron. El alcalde de Burgos tuvo que declarar que las obras no seguirían en esa zona “por consenso con la ciudadanía”. Quizá ese triunfo popular le haya venido bien al alcalde que pudo haber otorgado concesiones para reformar el circuito peatonal a personas allegadas al Ayuntamiento.
Dentro de todo este barullo de dimes y diretes, golpes, gritos, enojos e insultos, acusaciones y demás bellezas, esta nación tiene que encontrar la forma de reivindicarse y parece que, desgraciadamente, el mejor y más rápido camino es el enfrentamiento verbal y físico.
Como siempre, hemos caído en los extremos y será ahí donde se resolverán los asuntos oficiales y del ciudadano. Las leyes no están siendo respetadas, su aplicación no es igual para todos, por más que lo reiteren los políticos y los empresarios, y el porvenir, si llega, será tarde y después de la violencia.
Por ello, habrá que insistir en las peticiones de siempre: que todos paguen el IBI; que se acabe el acuerdo con la jerarquía Católica, se deje de subvencionar a la Casa Real. También, que el rey Juan Carlos reciba un salario adecuado al de los Jefes de Estado y que se haga efectiva la ya olvidada amnistía fiscal, gancho que lanzó el gobierno y que no ha servido más que para pertrechar a los que evaden el fisco y llegarse el dinero a más lejanos paraísos fiscales.
Y no olvidemos que las arcas del Banco de España esperan, ansiosamente, recibir lo robado, los que ya están en la cárcel. Para ello es precio que los juicios se resuelvan rápidamente y se obligue a los depredadores a reintegrar lo mal-obtenido.
Pero espere… un momento… Si usted conoce algún miembro de la RAE, dígale que el fiscal Pedro Horrach acaba de inventar una palabra nueva para nuestro acervo cultural: “conspiranoico”.