Nulo crecimiento

Magdalena Galindo

 La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados señaló, en un documento que comenta el Informe de la Cuenta Pública 2012, presentado en febrero pasado por la Auditoría Superior de la Federación, la gravedad de la situación por la que atraviesa el campo y el altísimo grado de dependencia alimentaria que padece México.

Es común que al referirse a las condiciones del agro mexicano se diga que ha habido un abandono del campo. Me parece una expresión poco afortunada, pues da la idea de que se ha tratado de un olvido o un desinterés de parte de las autoridades al diseñar las políticas económicas y sociales, y desde mi punto de vista no se trata de una simple omisión, de un abandono, sino de una decisión deliberada de sacrificar el campo y a los campesinos en aras de la industrialización y la correspondiente acumulación de capital.

Hay que recordar que desde la década de los cuarenta hasta la de los sesenta se asignó al campo el papel de proporcionar, a través de las exportaciones agropecuarias, las divisas necesarias para la compra en el exterior de la maquinaria, equipo e insumos que exigía el proceso de industrialización; además, por supuesto, de proporcionar alimentos baratos para la población urbana, así como materias primas, también a bajos precios, para la industria.

Sin embargo, tengo para mí que ninguna política económica puede ser impune, esto es, que las decisiones en esta materia tienen consecuencias en muchos ámbitos y nadie puede librarse de ellas. Así, el campo cumplió durante casi dos décadas con el papel asignado por la política económica, pero ya desde la segunda mitad de los sesenta apareció la crisis, pues la extracción de riqueza a través del intercambio desigual entre el sector agropecuario y el industrial provocó una descapitalización del campo, que obligó a miles de campesinos a abandonar sus parcelas, al ya no poder sostener la producción. El casi nulo crecimiento y en algunos años el descenso de la producción significó que el campo ya no pudiera cumplir con el papel asignado. No obstante, la crisis, lejos de motivar una rectificación en el tratamiento a los campesinos por parte de los funcionarios, fue ocasión para que las autoridades ahondaran el castigo al campo, pues desde antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para ser exactos en el sexenio de López Portillo, se optó por las importaciones de productos básicos e incluso se llegó a establecer el intercambio de petróleo por maíz.

El argumento para esa política fue, y siguió siendo con el TLCAN y después, el viejo y nunca probado concepto de las ventajas comparativas, según el cual si un país se especializa en un producto y lo genera a más bajo costo, mientras un segundo país se especializa en otro, también a más bajo costo, el intercambio resultará benéfico para ambos. Sólo que ese principio no considera ninguna otra circunstancia.