Cultura y comunicación 20 años después del TLCAN/VI-X ­­­

Javier Esteinou Madrid

A lo largo de dos décadas, el país enfrentó profundos cambios por su anexión a los procesos de globalización mundial. Dentro de estas mutaciones, la más importante fue la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), que produjo, entre otros, los siguientes cambios en los sistemas de cultura y comunicaciones nacionales:

12.- La reducción de los auditorios a meros consumidores de mensajes.

Derivado del modelo dominante de comunicación-mercado que durante muchos años se impuso para la operación de las industrias culturales, especialmente electrónicas, en México, las audiencias de estas empresas fueron concebidas y tratadas durante décadas desde la lógica del mercado y del poder como simples receptores pasivos que debían consumir o asimilar mensajes mediáticos de diversa índole (comerciales, políticos, institucionales, etc.) para asegurar los intereses de los emisores más fuertes, pero sin contar con capacidad de acción comunicativa para responder ante los mismos generando sus propios mensajes para la sociedad. Así, el concepto de audiencia fue una creación derivada de la unilateralidad de los medios de comunicación, que se dirigen en un solo sentido, y lo que crean son justamente escuchas, gente que oye y calla, que ve y calla, y cuando mucho, de vez en cuando, intenta comunicarse.

Este prototipo dominante de tratamiento encapsulado de los auditorios por el aparato mediático comercial privado dominante ocasionó que las diversas audiencias de los medios electrónicos de difusión colectivos sólo fueran consideradas calculadamente bajo dos ópticas pragmáticas: Por un lado, desde las necesidades de reproducción económica de la estructura social; y por otro lado, desde la perspectiva política electoral de evolución del país.

Así, por una parte, desde el ángulo del funcionamiento económico de la sociedad, las industrias mediáticas electrónicas particulares utilizaron a los públicos como consumidores netos de los productos y servicios que anunciaban, sin darles ninguna opción de participar como emisores dentro del espacio público mediático. Debido a ello, las diversas audiencias de los medios electrónicos de difusión colectivos fueron contempladas mercadológicamente siguiendo las directrices de las agencias de publicidad como simples sectores sociales estratificados con potencial económico y conductas consumidoras diferenciadas según fuera su capacidad adquisitiva en los niveles A, B, C o D y subsectores menores, para obtener las mercancías o servicios que se anunciaban en las pantallas o diales de las industrias culturales.

Dichos estratos de auditorios se reconocen a partir de comportamientos muy específicos de consumo que caracterizan a cada sector de públicos, pero ningún elemento de naturaleza o competencias comunicativas. Con dicho protocolo mercadológico comunicativo las empresas de difusión masiva elaboraron de manera diferenciada sus mensajes según fueran las capacidades adquisitivas de cada sector receptor y no en base a las necesidades básicas de desarrollo elemental de los mismos.

Por otra parte, desde la mirada política, particularmente, durante los períodos electorales, los partidos y los medios convirtieron a los ciudadanos en meros auditorios cautivos que únicamente contemplaron la versión privada de lo público que estos transmitieron, sin crear condiciones para que los auditorios se transformaran en sujetos activos con capacidades para participar interactivamente en la construcción de la nueva plaza pública mediática través de la generación de sus comunicaciones específicas. De esta forma, los ciudadanos quedaron reducidos a espectadores o a individuos con status de ciudadanía de muy baja intensidad.

Ocasionado por la imposición de tal práctica los partidos no admitieron el avance de la verdadera política sustantiva que implica el análisis, la reflexión y la discusión plural de las diversas formulaciones que plantean los candidatos ante los principales conflictos de desarrollo del país y la búsqueda de las mejores opciones de solución de los mismos; sino su objetivo fue el progreso de la tele política, que implicó el uso de recursos mediáticos de la propaganda más espectacular para ideologizar a los auditorios, con el exclusivo fin burdo de ganar votos momentáneos y triunfar electoralmente.

De esta manera, el aparato mediático creó la gerencia electrónica colectiva que transformó a la población en consumidores cautivos; y a los ciudadanos en espectadores pasivos de la producción mediática cotidiana que se generaron para fortalecer el proceso económico y político del país. Fue el triunfo significativo de la mercadotecnia fenicia de los medios masivos sobre la necesidad estratégica de edificar el proceso de ciudadanización de la comunicación colectiva en México.

Es este sentido, bajo cualquiera de las dos perspectivas anteriores, la económica o la política, los ciudadanos, los grupos emergentes o la sociedad civil organizada de principios del Tercer Milenio en la República mexicana, continuó siendo una comunidad receptora y no emisora de mensajes. Las únicas excepciones de participación de la ciudadanía en los medios de información colectivos se dieron cuando alguno de éstos sectores, por determinadas circunstancias excepcionales, se convirtieron en “noticia sorpresiva”, o en “objetos simbólicos” coyunturales, difundiéndose por los medios como las mercancías informativas del momento que podían elevar el rating comercial de las empresas y desaparecieron de las pantallas o diales cuando dejaron de ser novedosos, sin contar con garantías jurídicas para continuar participando en dichos espacios cuando ellos lo requieran para elaborar su propia opinión pública en el espacio público mediático del país.

Ejemplo de ello fue la difusión de forma intensiva que se dio durante una o dos semanas en los medios electrónicos nacionales en el año 2005 sobre la existencia de los sectores paupérrimos como grupos damnificados que salieron a la luz pública por los efectos devastadores que les provocaron los huracanes Katrina, en Nueva Orleans; Stan, en Chiapas, y Wilma en Cancún.

En síntesis, la única garantía de participación que alcanzó la sociedad mexicana después de más de 9 décadas de existencia de la radio y más de 6 décadas de presencia de la televisión en la república, fue el derecho de cambiar de canal o frecuencia, o de apagar o encender la pantalla, pues de manera real, ningún otro derecho fue otorgado por la tradicional estructura de poder mediático nacional, especialmente en la etapa de apertura de fronteras comerciales.

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