Aznar: “encarcelen a Mas

 si convoca una consulta ilegal”

Regino Díaz Redondo

Madrid.- Cristina de Borbón y Grecia, hija de Juan Carlos I, experto en safaris, y esposa de Iñaki Urdangarin, el alto vacío, se mueve como equilibrista en un espacio reducido entre la nobleza y las acusaciones por blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y la mirada atenta de los españoles ávidos de saber si se sienta en el banquillo de los acusados.

Hace tres meses fue imputada y poco después desimputada. El 26 de junio, el juez Castro volvió a imputarla y el gobierno en pleno, junto al Fiscal General del Estado y el organismo Anticorrupción, la desimputarán nuevamente.

Resulta curioso que los encargados de impartir justicia en este país pongan por delante la salud de la monarquía y consideren que la hija menor del abdicado rey, no ha roto un plato.

El juez instructor José Castro emitió 63 folios en donde se apunta la culpabilidad de Cristina y los motivos que tiene para considerarla culpable de la comisión de delitos que ameritan una pena de 11 años de cárcel.

Castro ve “sobrados indicios” para acusarla y dice que intervino para lucrarse y facilitó los medios para que lo hiciera su marido. Ambos son socios al 50% de la empresa Aizoon hacia la que desviaron fondos de la fundación Nóos.

Los ánimos están muy exaltados. Castro afirma que ha recibido presiones de “altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e inclusive judiciales”.

El letrado asegura también que doña Cristina fue una “colaboradora silenciosa” de su marido. Urdangarin está acusado de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental, falsificación, estafa, fraude a la administración y delitos fiscales. ¡Casi nada!

Paradójicamente, Pedro Horrach, fiscal que combate la corrupción, sostiene, por activa y pasiva, que Cristina actuó siempre de buena fe y no se enteró de las falsas facturas y la desviación de fondos públicos porque estaba “enamorada” del jugador de baloncesto.

También considera que la Infanta ha sido tratada de manera injusta por ser quien es. El gobierno de Prometeo sale en defensa de la duquesa de Palma y sostiene que “la ley es igual para todos” a sabiendas de que en poco tiempo será exonerada nuevamente.

Sorprendente resulta que, antes de conocerse el documento del juez Castro, los órganos del Estado elaboraban ya el recurso para desimputarla. Los actores de esta trama están jugando con el criterio, la buena fe y la esperanza de los ciudadanos. Hay que reconocer que Felipe VI y la reina Letizia se limitaron a emitir un comunicado en el que asientan que respetan las decisiones del juez.

Los nuevos reyes han creado un ambiente de confianza porque se mantienen ajenos y respetuosos de las leyes. Por cierto que otro de los puntos a su favor consistió en recibir a la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales. A no dudarlo, es un paso muy importante para recuperar la credibilidad que tanto había perdido Juan Carlos durante los últimos cuatro años.

Además de Cristina están imputados 16 personas más del entorno al caso Nóos, entre ellos el socio de Iñaki, Diego Torres, Jaume Matas, ex presidente de la comunidad balear y los hermanos Miguel y Marcos Tejeiro Losada. Estamos ante una tragicomedia que puede convertirse en Zarzuela de mucho éxito.

Todo el aparato del poder se manifiesta contra Castro para rebatir los sordos argumentos que emitió para imputar a doña Cristina. En su escrito, el juez afirma que en las facturas que emitió Aizoon figura la firma de la hija del rey y se nota que el dinero destinado a Nóos fue aprovechado por el matrimonio de los duques para comprar y restaurar el palacio de Pedralbes y hacer viajes y fiestas. Varias de las compras con dinero negro fueron efectuadas directamente por la infanta y consta en papeles que llevan su rúbrica.

Inmediatamente, los tres Poderes de la monarquía parlamentaria salieron a golpear al magistrado y lo pusieron en la picota.

El fiscal Anticorrupción de las Baleares, Horrach, lo acusa, además, de “trato discriminatorio” y que la imputación se basa únicamente en conjeturas. Señala que el instructor construye un “andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez” y que el documento es de “tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona”.

Agrega el ex amigo de Castro – ambos actuaban de común acuerdo hasta este momento – que ha hecho “un encaje de bolillos” y “da un tratamiento discriminatorio” a Cristina.

Sucede que Castro no podrá responder a este escrito de 62 páginas porque el fiscal ha recurrido a la Audiencia Provincial de Palma, saltándose al instructor, en cuya actuación observa “ambigüedad, indefensión y contradicciones” y califica los argumentos de la imputación como “surgidos de una espiral inquisitiva a la que tiene que responder el “imputador” en un plazo de 20 días que están por cumplirse”.

De igual manera se manifiesta el presidente del gobierno Mariano Rajoy, quien insiste en que no ve ningún acto delictivo en lo realizado por la duquesa de Palma y que espera, como no podía ser de otra forma, que la acusación caiga en el vacío y la esposa de Iñaki quede libre de toda sospecha.

Menos de 24 horas después de conocerse la imputación que hace el juez Castro, Horrach recurrió al señalamiento acusatorio, lo que significa que ya tenía conocimiento de él.

Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, echó su cuarto a espadas y se manifestó sorprendido y enfadado por el dictamen. Utilizó un lenguaje poco común entre los juristas.

Sin haber leído el texto de la imputación explicó que la hija del rey no ha cometido delito alguno y que todo se basa en falsas pruebas que esgrime el instructor para darle una bofetada a tan honesta señora.

Culpa a los medios de información de ser los que alentaron al juez para que elaborara el dictamen y que habría que estudiar por qué algunos diarios y ciertas televisiones se mostraron tan agresivos con un miembro de la familia real. Los portavoces del Partido Popular en el Congreso, Carlos Floriano y Alfonso Hernando, también contribuyeron al descrédito del magistrado y lo acusaron de presentar mentiras a sabiendas de que lo eran.

    Este asunto es parte de un gran iceberg que se apunta en el panorama político de España. Es evidente que los partidos hegemónicos hasta ahora (PP y PSOE) se unen en los momentos en que intuyen alguna ruptura en la inmovilidad de la que son protagonistas.

El asunto de Nóos, cuyo nombre pervirtió Urdangarin, es uno de los puntos más sobresalientes del actual momento social que vive el país. El descontrol comienza a apoderarse de los poderes fácticos y el miedo y la soberbia sustituyen al análisis y al equilibrio que deben tener los que manejen una nación.

Simultáneamente, en el ambiente político nacional se unen algunos factores como el surgimiento del partido político Podemos que tiene en vilo a la mayoría de los diputados y senadores y orilla a una parte de los grandes empresarios a adherirse a argumentos que no tienen base jurídico-legal.

Al conocer el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional, Castro explicó que en el documento subyacen motivos para implicarlo como prevaricador. “Si es así, ya deberían haberme acusado, que lo hagan, que lo hagan de inmediato”, pero que no se ceben contra un auto que explica detalladamente cada uno de los puntos y que demuestran la posible culpabilidad de la Infanta.

El juez ha sido increpado sin bases ciertas y lo colocan como un ejemplo del antisistema. Si serlo significa apuntar verdades para evitar la corrupción y la impunidad en España, que así sea porque ya ha llegado el momento de poner un hasta aquí a los verdaderos prevaricadores y a miembros de los tres Poderes del Estado que gozan de fuero pese a cargar sobre sus hombros sentencias reales.

Otra vez más este gobierno vuelve a manifestarse contra la libertad de expresión como ocurre en regímenes totalitarios. Bien saben los integrantes del Ejecutivo, Judicial y Legislativo que el totalitarismo llega y se afianza cuando empiezan a cuestionarse las libertades de manifestación y la prensa es perseguida sin recato alguno.

El momento es muy grave; cada uno de los pasos dados por Prometeo reflejan su repudio a la libre expresión social. No tiene parangón la actitud de Rajoy que se supone es jefe de un gobierno democrático. Ni siquiera durante “el reinado” de José María Aznar hubo tantos intentos de socavar las bases de la democracia participativa.

Pocas horas antes de publicarse este artículo, la Asociación profesional de la Magistratura mostró indignación de los jueces que la integran por lo dicho por el fiscal Horrach. “Hay expresiones de descrédito” y “claras imputaciones injustas”. El portavoz de la APM, Pablo Llarena, explica que debe ser el magistrado quien se dirija al órgano del gobierno y si siente que se le difama, que lo denuncie. Además, en otros casos el Consejo General del Poder General ya habría abierto un expediente disciplinado al juez que se hubiese manifestado en los términos en que lo hace Horrach. “No tiene sentido que un fiscal se permita insultar, vejar o atentar contra la dignidad de un magistrado” y debe exigirse al Ministerio Fiscal un “respeto absoluto” mucho más que a una parte privada.