“La Independencia de Cataluña será devastadora”
Financial Times
Regino Díaz Redondo
Madrid.-Para la Unión Europea el litigio sobre la presunta independencia de Cataluña “es un asunto interno de España” y no respalda la legítima defensa de un país que forma parte del grupo comunitario. Bruselas está en la obligación de vigilar los movimientos que hace el gobierno porque es su responsabilidad saber a que región financia y quien responderá por el dinero que allí se invierta.
Las naciones del entorno y los Estados Unidos eluden emitir opiniones que puedan perjudicar el desarrollo del secesionismo. Pero están en un error. Peligra el dinero destinado a Cataluña y sus cuatro provincias por parte del Banco Central y las partidas que le corresponde pagar han quedado en el aire.
Aunque sólo fuese por egoísmo, en defensa de los intereses internacionales, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión, debería preocuparse por la solvencia de sus deudores y, al mismo tiempo, ayudar a resolver un problema que puede desembocar en la creación de un nuevo Estado en el continente.
Los portavoces de la Casa Blanca para Europa han evitado hasta ahora emitir juicios sobre el asunto. La sociedad mundial sigue con extrema paciencia y delicadeza lo que ocurre en esa región de España.
Pero, comprometerse en la resolución de las dificultades surgidas al respecto no es una de las virtudes de los dirigentes neoliberales ni del parlamento europeo donde descansan y se regodean 351 diputados con sueldos generosos que pagan los pueblos del grupo de los veintiocho.
Hace tiempo, el entonces titular de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, se atrevió —¡qué valentía la suya!— a declarar que Cataluña soberana no podría entrar a la Unión pero evitó decir cuánto tiempo estaría fuera y cuáles las consecuencias económicas y sociales que acarrearía.
Por lo que respecta a EU, tiene ya, in situ, a expertos en asuntos internacionales para analizar a fondo cuáles serán las ventajas ó perdidas de los separatistas y las consecuencias que podrían traer la independencia para las multinacionales y los bancos de gran calado que operan en ese lugar.
La preocupación se limita a buscar fórmulas que aseguren la permanencia y las ganancias de las grandes empresas que operan en España, todavía con Cataluña, como una comunidad más. Han pasado por alto las emociones e ilusión de quienes son partidarios de un país utópico.
Mientras aumentan las protestas en las cuatro provincias catalanas, los españoles comienzan a experimentar sensaciones de intranquilidad y desasosiego. Hay personajes que buscan la desestabilización de la península para beneficio propio o de sus dueños.
La embajada estadounidense, mantiene, también, contactos con políticos y líderes de opinión pública.
Buscan en la historia antecedentes similares pero no los han encontrado porque Cataluña pertenece a España desde 1714 y su gente peleó a lado de nuestra nación en todos los conflictos suscitados desde entonces a la fecha.
La fórmula republicana que la mayoría de los españoles quiere es rechazada por el gobierno de Mariano Rajoy y es por eso que no desea cambiar la Constitución más que a su manera y en beneficio de la brutal globalización.
Hace poco, Prometeo ratificó su posición radical cuando dijo que nadie dividirá a España. Pero no engaña a nadie, lo que quiere es proteger a los grandes capitales y exaltar, demagógicamente, a los ciudadanos para hacerles creer en lo que él no cree.
No hay más que verle y oírle (sí alguna vez lo hace) para deducir que su absurda política y el hermetismo que mantiene en todos los asuntos de Estado no es más que una trampa en la que han caído millones.
Inmediatamente después del 9-N, el presidente del gobierno ofreció diálogo a Artur Mas pero siempre supeditado a su dialéctica conservadora sin que pueda moverse un dedo para terminar con la hegemonía del régimen monárquico-parlamentario que nos despelleja a diario.
Por lo pronto, Rajoy ha pedido con urgencia que la Fiscalía General del Estado sancione a la Generalitat por prevaricación, usurpación de funciones, invasión de lugares públicos pertenecientes al gobierno español y desobediencia civil encubierta.
El Tribunal Constitucional consideró ilegal, en dos ocasiones, la consulta popular en Cataluña. Y con base en esto es que Prometeo pidió, con urgencia, que la fiscalía sancione duramente a los que cometieron actos contra la Carta Magna.
La presión ejercida por miembros del gobierno central se hizo evidente y el titular del Poder Judicial, Eduardo Torres-Dulce pidió calma para actuar con apego a la ley, cosa que hizo y que ha puesto a Mas en un predicamento cuyas consecuencias serán muy graves.
En tanto, Felipe VI y doña Letizia continúan con sus actitudes populistas que, paradójicamente, darán buenos frutos a la Corona porque le hace falta.
Los partidos de oposición, inclusive los que respaldan la ilegalidad de la convocatoria catalana, siguen pidiendo al gobierno que se inicie un debate para transformar los artículos constitucionales para crear un Estado Federal en España.
Hasta el momento, nuestro ínclito personaje no escucha el clamor que se expande a todo lo ancho y largo del territorio nacional.
Porque, además, es la única forma de intentar que Cataluña no abandone España. De lo contrario, la independencia llegará tarde o temprano.
Los capitales golondrinos han comenzado a volar hacía otros lugares más seguros. Todavía son pocos y menores. No causan, por el momento, problemas importantes a la economía. Pero si las cosas siguen igual habrá fugas muy importantes de dinero que acentuarán la desigualdad y la pobreza en este país.
Los radicales separatistas muestran desde la pasada consulta fallida, su decisión de proclamar unilateralmente la soberanía del territorio catalán. El primer paso que dieron fue anunciar que se rompió el pacto parlamentario que tenían con el Govern.
Ahora sí, cada quien caminará por un sendero distinto. Sea cual fuere, siempre perjudicará a este pueblo nuestro cansado de ser la víctima de decisiones arbitrarias.
PAGE \* MERGEFORMAT8