Salario mínimo

Magdalena Galindo

La Comisión de Salarios Mínimos determinó un aumento de 4.2 por ciento para el año próximo, de manera que el salario mínimo para 2015 en la zona A, que incluye las ciudades con mayor número de trabajadores, como el Distrito Federal, el Estado de México y las ciudades de Monterrey y Guadalajara, será de 70.10; y en la zona B, de 66.45 pesos, pues el aumento fue de 2.81 y de 2.78 pesos respectivamente.

Tal ínfimo incremento, que ni siquiera llega a los tres pesos muestra que los integrantes de la Comisión, esto es, representantes del gobierno, de los empresarios y del charrismo sindical, han decidido continuar con la política de topes salariales establecida desde la primera carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 1976 y que consiste en que cada año se establecen aumentos por abajo del porcentaje de inflación. Por supuesto que esa política no se hace explícita, sino que siempre se recurre al mecanismo de calcular en los documentos oficiales un porcentaje más bajo de lo que en realidad se espera de aumento de los precios y se afirma que el aumento salarial es mayor que el porcentaje de inflación. Numerosos estudios han mostrado cómo esa política ha determinado un descenso drástico de los niveles de vida de la población trabajadora y en cambio una transferencia de esa pérdida a los ingresos de la burguesía que hoy ya se apropia de alrededor del 60 por ciento del ingreso nacional, aunque sólo representan menos del 10 por ciento de la población. Por eso la brecha de la desigualdad es cada vez mayor en nuestro país.

En cuanto a la importancia que tiene el fijar ese aumento cínico del 4.2 por ciento, hay que reiterar que más de 6 millones de trabajadores reciben precisamente el salario mínimo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lo que no es poco, pues significa que más de seis millones de familias tendrán que reducir todavía más su consumo el año próximo. Y además, hay que considerar que desde 1977 hasta ahora el aumento establecido al salario mínimo, o sea ese ínfimo 4.2 por ciento, se aplica en prácticamente todas las negociaciones contractuales, de modo que no sólo rige para esos 6 millones de trabajadores, sino para todos los asalariados del país, pues en estos 37 años sólo unos cuantos sindicatos han podido sobrepasar el tope salarial establecido.

La aplicación de los topes salariales a lo largo de tantos años, al empobrecer sin tregua a la población trabajadora, ha determinado un estrangulamiento del mercado interno, de modo que ahora, los propios capitalistas no pueden vender sus mercancías, pues no hay suficientes compradores.

Si desde el punto de vista de la economía los topes salariales ya representan un problema para los propios empresarios, y muestran la miopía para entender que la codicia desmedida finalmente se revierte en su contra, desde una perspectiva política, ese aumento ínfimo resulta ya no miope sino ciego.