Sistema público de radiodifusión del Estado mexicano/13-15
Javier Esteinou Madrid
Derivado del modelo dominante de comunicación-mercado que durante muchos años se impuso para la operación de las industrias culturales, especialmente electrónicas en México, las audiencias de éstas fueron concebidas y tratadas durante décadas desde la lógica del mercado y del poder como simples receptores pasivos que debían consumir o asimilar mensajes mediáticos de diversa índole (comerciales, políticos, institucionales), para asegurar los intereses de los emisores más fuertes, pero sin contar con capacidad de acción comunicativa para responder ante los mismos generando sus propias respuestas o mensajes para la sociedad.
Así, el concepto de audiencia fue una creación derivada de la unilateralidad de los medios de comunicación comerciales, que se dirigen en un solo sentido, y lo que crean son justamente escuchas, gente que oye y calla, que ve y se silencia, y cuando mucho, de vez en cuando, intenta comunicarse.
Este prototipo dominante de tratamiento encapsulado de los auditorios por el prototipo comercial del aparato mediático ocasionó que las diversas audiencias de los medios electrónicos de difusión colectivos sólo fueran consideradas calculadamente bajo dos ópticas pragmáticas: por un lado, desde las necesidades de reproducción económica de la estructura social, y por otro lado, desde la perspectiva política de evolución del país.
Por una parte, desde el ángulo del funcionamiento económico de la comunicación, las industrias mediáticas electrónicas utilizaron a los públicos como consumidores netos de los productos y servicios que anunciaban, sin darles ninguna opción de participar como emisores dentro del espacio público mediático que éstas implementaron. Debido a ello, las diversas audiencias de los medios electrónicos de difusión colectivos fueron contempladas mercadológicamente siguiendo las directrices de las agencias de publicidad como simples sectores sociales estratificados con potencial económico y conductas consumidoras diferenciadas según fuera su capacidad adquisitiva en niveles “A”, “B”, “C” o “D”, y subsectores menores, para obtener las mercancías o servicios que se anunciaban en las pantallas o diales de las industrias culturales.
Con dicho protocolo mercadológico comunicativo las empresas de difusión masiva elaboraron de forma diferenciada sus mensajes según fueran las capacidades adquisitivas de cada sector receptor y no con base en las necesidades fundamentales de desarrollo elemental de los mismos. De esta manera, se reforzó la estructura de la sociedad de consumo y no de la ciudadanización de la sociedad que es el estamento básico que requiere el país para avanzar civilizatoriamente.
Por otra parte, desde la mirada política, particularmente, durante los periodos electorales, los partidos y los medios convirtieron a los ciudadanos en meros auditorios cautivos que únicamente contemplaron la versión privada de lo público que éstos transmitieron, sin crear condiciones para que los receptores se transformaran en sujetos activos con capacidades para participar interactivamente en la construcción de la nueva plaza pública mediática a través de la generación de sus comunicaciones específicas. De esta forma, los ciudadanos quedaron reducidos a espectadores o a individuos con estatus de ciudadanía de muy baja intensidad.
En este sentido, siguiendo las directrices de la escuela de la telepolítica y sus derivados espectaculares, los partidos políticos nunca permitieron que los votantes discutieran sus diversas propuestas de gobernabilidad con los distintos candidatos a los puestos de representación popular, especialmente para las responsabilidades de diputados, senadores, gubernaturas de los estados y Presidencia de la República. Lo único que los motivó fue el acceso oportunista a los tiempos oficiales en radio y televisión para difundir abusivamente su imagen virtual a través de la transmisión de millones de spots para legitimarse ante los auditorios como fracciones en el poder.
En esta forma, bajo cualquiera de las dos perspectivas anteriores, la económica o la política, los ciudadanos, los grupos emergentes o la sociedad civil organizada de principios del tercer milenio en la república mexicana, continuó siendo simplemente una comunidad receptora y no emisora de mensajes. Las únicas excepciones de participación de la ciudadanía en los medios de información colectivos se dieron cuando alguno de estos sectores, por determinadas circunstancias excepcionales, se convirtieron en “noticia sorpresiva”, o en atractivos “objetos simbólicos” coyunturales, difundiéndose por los medios como las mercancías informativas del momento que podían elevar el rating comercial de las empresas informativas y desaparecieron de las pantallas o de los diales cuando dejaron de ser atractivos para los televidentes, sin contar con garantías jurídicas para continuar participando en dichos espacios cuando ellos lo requirieran para elaborar su propia opinión pública en el espacio público mediático.
En síntesis, la única garantía de participación que alcanzó la sociedad mexicana después de más de nueve décadas de existencia de la radio y más de seis décadas de presencia de la televisión en la república fue el derecho de cambiar de canal o frecuencia, o de apagar o encender la pantalla, pues de manera real, ningún otro derecho fue otorgado por la tradicional estructura de poder mediático nacional, especialmente en la etapa de la “modernización nacional”.
En el ámbito de la comunicación colectiva durante varias décadas asistimos en México a la presencia de un Estado fallido que se caracterizó por no defender comunicativamente a los ciudadanos convertidos en audiencias subordinadas, sin garantías comunicativas; y protegió los intereses de expansión de los grandes monopolios informativos que se consolidaron en el país, particularmente con la aprobación de las estructuras jurídicas a modo que durante muchos años se aprobaron en el Congreso de la Unión y con el fortalecimiento del proceso de globalización del país.
Por ello, para comprender cómo debe ser evaluado institucionalmente el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, es indispensable entender el concepto histórico que se manejó de auditorios y el método instrumental tradicional que se derivó de este para calibrar el éxito o fracaso del modelo comercial o político de difusión masiva; y desde allí, formular otra noción y método de medición diferente que corresponda a la nueva naturaleza del sistema público de radiodifusión nacional.
De lo contrario, lo que se arrastrará será una idea y un procedimiento metodológico inadecuado que no medirá la esencia del modelo de radiodifusión pública, sino otras realidades derivadas de los modelos de la comunicación-mercado y de la comunicación política.