Divisas inmovilizadas

 

 

Magdalena Galindo

Parece ser que los primeros chubascos de la tormenta económica que se avecina han empezado a caer. La semana pasada se informó que en la primera quincena de marzo salieron del país 70 mil 500 millones de pesos que estaban colocados en bonos gubernamentales, principalmente Cetes, por inversionistas extranjeros. La cantidad equivale, a un tipo de cambio promedio de 15.12 pesos por dólar, a nada menos que 4 mil 460 millones de dólares.

Esa fuga de capitales se atribuye, por los analistas financieros, principalmente a la incertidumbre sobre la decisión de la banca central estadounidense de elevar la tasa de interés, después de años de ubicarse prácticamente en cero. Esos analistas no mencionan otros factores, como el clima de inestabilidad social que se vive en México, ni el desprestigio internacional por los crímenes de Ayotzinapa, así como por los informes de la Comisión de la ONU que señalan el uso generalizado de la tortura en nuestro país.

Más allá de las causas que hayan ocasionado esta cuantiosa salida de capitales, hay que señalar que la vulnerabilidad de nuestra economía se había acrecentado durante los últimos años, pues de manera sistemática los sucesivos gobiernos, desde el de Miguel de la Madrid hasta ahora, han confiado en que la economía mexicana puede sostenerse en los capitales del exterior y así se ha fomentado a toda costa la inversión extranjera, tanto en las empresas productivas, como en las operaciones especulativas. No sólo eso, sino que el Estado mexicano ha recurrido primordialmente a la emisión de valores para financiar el gasto público.

Esa política, aunada a las condiciones críticas de la economía internacional, han determinado que los inversionistas extranjeros posean, por ejemplo, el 58 por ciento del billón 12 mil 582. 44 millones, de Cetes en circulación, aunque ahora, por la fuga, pasó al 52 por ciento.

Este enorme monto de recursos en manos extranjeras equivale a una deuda, sólo que no contratada como tal y, por lo tanto, no aparece en el saldo de la deuda pública.

Sin embargo, es semejante a una deuda porque, en el momento en que los inversionistas deciden que quieren vender sus Cetes, el erario les tiene que pagar el importe. Además, hay que señalar que precisamente por este compromiso, los sucesivos gobiernos han tenido que mantener un alto monto de reservas, esto es de divisas, que permanecen inmovilizadas, sin utilizarse para dar impulso a la economía mexicana, en previsión de que puedan presentarse fugas de capitales como la que acaba de ocurrir, o incluso más cuantiosas.

El otro chubasco económico está representado por el recorte presupuestal de este 2015 y el todavía mayor anunciado para 2016. En principio, esos descensos de la inversión y el gasto público se clasifican como políticas restrictivas, esto es, que lejos de dar impulso a la economía, provocan una disminución de las actividades productivas. O sea que desde el punto de vista macroeconómico es casi seguro que haya un menor crecimiento de la actividad económica o incluso una recesión.