Joaquín Pérez Sánchez

Parece  muy lejano el objetivo de construcción de una identidad europea, tal y como se planteó cuando se fundó la Unión Europea (EU) en 1993. En el actual contexto, la democracia y los derechos fundamentales, son duramente cuestionados, en nombre de la seguridad y el resurgir de nacionalismos trasnochados.
En su momento, esta comunidad política, que en la actualidad conforman 28 estados, se planteó desarrollar una estructura supranacional que impulsara la integración y el desarrollo, no sólo económico, sino también político. Sin embargo, los principios que dieron su origen son cada vez más cuestionados.
Por ejemplo, el principio de igualdad de los “ciudadanos europeos”, del que supuestamente se beneficiarían todos sus miembros, cada día es más cuestionado, incluso, en algunas naciones ya se legisla en su contra.
Según el Tratado suscrito, “será ciudadano de la unión toda persona que tenga la nacionalidad  de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional, sin sustituirla”.  Sin embargo, cada día cobra fuerza en Europa, la idea de revisar los acuerdos migratorios para sus propios ciudadanos.
Solo basta recordar que en  febrero del 2014, los suizos votaron (por escasa mayoría) el “fin de la migración masiva”, contradiciendo los tratados suscritos por ese país en 1999 con la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores.
En este momento, en otros países de la Unión, se discuten iniciativas parecidas, tendientes a restringir la libre circulación de ciudadanos europeos, además de dificultar al máximo la integración o libre circulación de ciudadanos europeos.
En este sentido, la búsqueda y el desarrollo de una ciudadanía europea, a tono con los objetivos de la Unión, se ve minada. Por un lado, se favorecen los aspectos económicos y financieros, no sin discrepancias, pero incluso éstas, encuentran mecanismos más favorables para sus discusión, negociación y entendimiento.
En cambio, en el tema específico de los derechos de la “ciudadanía europea”, cada vez más quedan diluidos, restringidos u ocultos tras un entramado legaloide que dificulta su concreción.
En este contexto, por un lado tenemos un apresuramiento del impulso de la integración económica, comandada por los principales socios, no exenta de pugnas, internas. Por el otro, políticas restrictivas a los derechos fundamentales de la ciudadanía europea, impulsadas en nombre de la seguridad. Todo, en medio de una crisis económica global que está lejos de resolverse.