Se le encontró la “cuadratura al círculo”
Javier Esteinou Madrid
(I-IV)
En diciembre de 2012 el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República y definió las directrices básicas para la jefatura del país durante el sexenio 2012-2018 a través de la realización de las ocho reformas estructurales.
Así, se establecieron las nuevas políticas de gobernabilidad en todos los órdenes de la agenda nacional para intentar construir otra etapa de desarrollo nacional más equilibrado.
Uno de los cimientos principales de la nueva gobernabilidad nacional se produjo a través de la aprobación de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica que posibilitó la modernización comunicativa, y por lo tanto, la vinculación de la sociedad mexicana con el severo proceso de reordenamiento del capitalismo mundial.
El proceso de instauración de la reforma de las telecomunicaciones atravesó por dos grandes etapas. La primera etapa abarcó nueve momentos de formación y abarcó del l de diciembre del 2012 al 10 de junio de 2013; la segunda etapa comprendió la constitución del órgano regulador denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la elaboración de las leyes secundarias de la reforma constitucional que abarcó del 11 de junio al 24 de marzo de 2014.
Después de un largo proceso de acuerdos político-legislativos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y los principales partidos políticos del país dentro del marco del Pacto por México, el 10 de junio del 2013 el presidente Peña Nieto firmó el decreto oficial para promulgar la reforma constitucional en telecomunicaciones, y ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año, convirtiéndose en un mandato vertebral de la Constitución.
Con esta última acción concluyó la primera fase de elaboración de la reforma de las telecomunicaciones y quedó preparado todo el terreno legislativo para iniciarse la segunda etapa destinada a la preparación de las leyes secundarias de la misma que aterrizaron los planteamientos constitucionales generales a modalidades operativas para poderse ejercer.
Posteriormente a los significativos avances logrados en la primera etapa de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, con una demora inicial de casi 100 días el presidente Peña Nieto envió al Senado de la República el 24 de marzo de 2014 la iniciativa de leyes secundarias compuesta por 312 artículos, 46 capítulos, 16 títulos y 22 artículos transitorios para regular dicha reforma.
Tal proyecto presidencial fue altamente polémico por las contradicciones internas que enfrentó contra la reforma constitucional, y desató un enfrentamiento radical entre diversos sectores de la cúpula del poder, provocando incluso una fuerte división de opiniones muy polarizada al interior de la bancada del PAN y de otros partidos opositores.
Ulteriormente a esperar un nuevo largo retraso, con una segunda estrategia de dilación política de 207 días, en un contexto donde mayoritariamente la opinión pública nacional estuvo centrada en la celebración del Mundial de Futbol de Brasil 2014 y no en la reflexión de los grandes problemas nacionales que se abordaban en el Poder Legislativo, el proyecto de dictamen sobre la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que “modificó” la propuesta que envió el Ejecutivo federal al Congreso, fue aprobado el 3 de julio de 2014 en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos del Senado de la República.
Finalmente, el Ejecutivo federal la publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y la ley entró en vigor para regular el modelo de comunicación y de telecomunicaciones en el país para las próximas décadas.
Entre los principales aspectos alcanzados en materia de radiodifusión figuraron, entre otros, los siguientes: abordó normativamente a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como servicio público. Fijó límites a la concentración en radio, televisión y telecomunicaciones. Aprobó la inversión extranjera hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta 49% en radiodifusión. Determinó la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, y fijar las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. Reguló a los operadores dominantes.
Formó tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Creó la Comisión Federal de Competencia y el IFT como órganos constitucionales autónomos, con personalidad jurídica, presupuesto propio y autonomía de gestión. Dotó de atribuciones al IFT para vigilar que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada y no rebasen los tiempos máximos de transmisión de mensajes comerciales. Homologó las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en una sola figura que distinga las de uso comercial, público, social y privado.
Otorgó las concesiones mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia y no por criterios políticos o de presión empresarial.
Las concesiones para uso público y social se concederán bajo el mecanismo de asignación directa, evitando que el factor determinante para definir al ganador sea meramente el criterio económico.
El must carry y must offer serán gratuitos, salvo en los casos en que los concesionarios de telecomunicaciones o de la televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes, pues no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita.
Las medidas de fomento a la competencia en televisión y radio deberán ser simultáneas. Creó un Registro Público de Concesiones. Y sobre todo, para impulsar la competencia en el ámbito de la radiodifusión el gobierno de la república licitó dos nuevas cadenas de televisión abierta.
En síntesis, en términos generales el corazón de la propuesta contó con importantes conquistas estratégicas con las cuales el Congreso logró destrabar una realidad comunicativa fundamental para lograr un crecimiento más equilibrado del país, al ahora sí encontrarle la “cuadratura al círculo” que durante muchas décadas la clase política no quiso resolver negando las principales demandas de cambio comunicativo exigidas de múltiples maneras por los ciudadanos.
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