Derechos de las audiencias
Javier Esteinou Madrid
(I-III)
Para iniciar una nueva administración de gobierno durante el periodo 2012-2018, el presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a crear nuevas condiciones de gobernabilidad que le permitieran dirigir el país de manera distinta, y con ello superar la crisis estructural heredada por los dos gobiernos panistas anteriores de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Dichas transformaciones deberían de convertirse en nuevos cimientos estructurales que permitieran reimpulsar el crecimiento global de la nación a largo plazo y no sólo modificaciones coyunturales superficiales que no trascendieran los próximos mandatos sexenales, pues de lo contrario no se constataría significativamente el regreso histórico del nuevo PRI.
Dentro del clima de grandes transformaciones globales del país, desde el punto de vista comunicativo con el retorno del PRI, se creó la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, que fue aprobada por el Congreso de la Unión y los diversos Congresos de los estados del país, para instrumentar las nuevas modificaciones en el orden de la comunicación nacional.
Tal reforma en telecomunicaciones y radiodifusión en su primera etapa fue aprobada el 30 de abril por el pleno del Senado de la República con 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y, posteriormente, validada por más de 17 Congresos de los estados, con el fin de obtener el respaldo para alcanzar el rango de reforma constitucional e incorporarse al texto de la Constitución.
Posteriormente, después de un largo proceso de acuerdos político legislativos entre el Poder Ejecutivo y los principales partidos políticos, el 10 de junio de 2013 el presidente Peña Nieto firmó el decreto oficial para promulgar la reforma constitucional en radiodifusión y competencia económica, y ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año, convirtiéndose en un mandato vertebral de la Constitución.
La incorporación de dicho cambio fue un logro notable dentro de la historia de la comunicación nacional, pues desde la década de los años cincuenta no se había podido reformar con perspectiva social y progresista el marco regulatorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México. Con ello, se abrió un camino jurídico para crear otro modelo de comunicación más equilibrado y justo para atender algunas de las demandas sociales que durante las últimas cuatro décadas reclamó la comunidad nacional en esta materia para contar con mayor democracia y pluralidad cultural en la república.
Con esta última acción concluyó la primera fase de elaboración de la reforma de las telecomunicaciones y quedó preparado todo el terreno legislativo para iniciarse la segunda etapa destinada a la preparación de sus leyes secundarias que aterrizaron los planteamientos constitucionales generales a modalidades operativas para poderse ejercer.
La segunda etapa de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión se inició cuando el presidente EPeña Nieto envió al Senado de la República el 24 de marzo de 2014 la iniciativa de leyes secundarias compuesta por 312 artículos, 46 capítulos, 16 títulos y 22 artículos transitorios para regular con especificidad la reforma constitucional anteriormente consentida por el Poder Legislativo.
Dicha iniciativa de leyes secundarias fue aprobada en lo general por el Senado el 5 de julio de 2014 con 80 votos a favor y 37 en contra y en lo particular por 72 votos a favor y 25 en contra, en una sesión maratónica de más de 17 horas seguidas, sin realizar ningún cambio a la propuesta en lo general, o ajustes a los temas polémicos.
Posteriormente, en un contexto donde la atención mayoritaria de la población nacional se encontraba nuevamente puesta en el juego Brasil-Alemania del Mundial del Futbol 2014, el 8 de julio en un una discusión maratónica de más de 20 horas continuas el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular y en lo general la ley secundaria en materia de telecomunicaciones con 340 votos a favor y 129 en contra, rechazando mediante una impresionante aplanadora legislativa, una a una, las 549 reservas que presentaron los diputados del PRD, PAN, PT, MC y Panal.
Finalmente, el Ejecutivo federal publicó la versión definitiva en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y la ley entró en vigor para regular el modelo de comunicación y de telecomunicaciones en el país para las próximas décadas.
De esta forma, después de experimentar durante varias décadas los medios de comunicación públicos una larga etapa histórica de subordinación a los poderes gubernamentales establecidos y limitarse con ello su misión esencial como canales del Estado mexicano al servicio de la sociedad, la reforma constitucional de las telecomunicaciones la radiodifusión y la competencia económica sentó nuevas bases jurídico políticas fundamentales para crear otro modelo de comunicación colectivo más justo y equilibrado para el país, a través de las industrias culturales electrónicas.
Así, introdujo diversas concepciones y normatividades fundacionales para superar el viejo prototipo de difusión masiva e introdujo nuevas bases jurídicas de gran trascendencia para alcanzar algunas de las garantías comunicativas esperadas por la ciudadanía durante más de siete décadas en el país.
Desde la perspectiva social, algunos de los avances que introdujo la reforma constitucional de las telecomunicaciones y sus leyes secundarias, figuraron, entre otros, los siguientes progresos: se fortaleció el derecho a la libertad de expresión, al contenido de calidad y a la información plural. Se reconoció el derecho al libre acceso a la información y a la libertad de difusión como garantías constitucionales.
Se certificó el derecho de libre acceso a la información y derecho a la libertad de difusión. Se resguardó el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.
Se avaló el acceso universal de las personas a la sociedad de la información y el conocimiento. Se garantizó el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. Se impulsará la producción nacional e independiente. Se reglamentará el derecho de réplica.
Además de las garantías anteriores, por primera vez, de manera especial se reconoció la existencia de los derechos de las audiencias, la figura del defensor de los públicos y la obligatoriedad de los concesionarios de contar con códigos de ética que ordenaran su quehacer comunicativo cotidiano.
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