Retraso del apagón analógico
La reforma constitucional de las telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, en el artículo 5º transitorio mandató a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que realizara el apagón analógico en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Todo ello, con objeto de lograr la modernización de las telecomunicaciones, eficientar los servicios, aumentar la pluralidad de señales, aprovechar mejor el radioespectro, e incrementar la competitividad general del país.
Para ejecutar dicho proceso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión responsabilizó a la SCT como órgano estatal encargado para entregar a los habitantes más pobres y registrados en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) los aparatos convertidores que permitiera que los sistemas de televisión pudieran migrar de la tecnología analógica a la tecnología digital terrestre.
A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería verificar que existiera por lo menos un 90% de la población que ya hubiera logrado realizar dicha transición digital para estar en condiciones de que se ordenara normativamente que se ejecutara el apagón digital a nivel nacional.
De esta forma, el gobierno federal dotó la SCT con aproximadamente 26 mil millones de pesos para que a lo largo de dos años entregara más de 10 millones de televisores digitales de 24 pulgadas, con un costo promedio de 2 mil 400 pesos, a los sectores más desfavorecidos para que se incorporaran a la revolución tecnológica. Dichos aparatos fueron donados con el lema electoral del gobierno en turno de Mover a México impreso en las cajas de las pantallas, y muchos de ellos inmediatamente se revendieron o fueron a terminar en las casas de empeño para obtener a cambio un pequeño préstamo de urgencia.
Inusualmente, dicho proceso de cambio tecnológico fue determinado con tal precisión jurídica en la Constitución debido a que con anterioridad las televisoras comerciales, Televisa y TV Azteca, habían realizado acciones legales para impedirlo y quedar beneficiadas con tal impedimento.
Incluso diversas instituciones funcionaron como ariete para este propósito, como fue el conjunto de diputados que en el 2010 inscribieron una controversia constitucional por el decreto presidencial de Felipe Calderón que adelantaba la fecha del apagón al 2015 en lugar de que fuera hasta 2021, o el extinto Instituto Federal Electoral que pidió retrasarlo en Tijuana por las elecciones en Baja California en mayo del 2012.
De esta forma, tratando de demorarlo, una vez más, a pocas semanas de que el plazo se cumpliera, Televisa sostuvo que entre el 10% y el 14.3% de hogares en Monterrey, Nuevo León, (entre 473 mil y 645 mil personas) se quedaron sin el servicio de televisión abierta pues sus viejos aparatos de tv no contaron con avances digitales o con un decodificador que permitiera alcanzar dicho cambio tecnológico.
Así, los representantes de las televisoras pidieron retrasar el apagón, porque aproximadamente el 10% de la población mexicana, es decir, entre 7 u 8 millones de mexicanos, se quedaría sin señal de televisión.
Al respecto la SCT y el IFT señalaron que tal aseveración era una falsedad, pues en noviembre de 2015 ya se había cumplido con el 90% de penetración de televisores digitales en el sector de más bajos recursos definido por la Sedesol y el IFT constató que en el área de cobertura respectiva, las estaciones se encontraban transmitiendo señales digitales.
Por lo tanto, sólo el 10.3% de los hogares no contaban con dispositivos para ver televisión digital terrestre, o sea, la meta de cobertura se cumplió.
Sin embargo, a partir del pronunciamiento de las televisoras, sin contemplar que el apagón analógico no sólo significa el mejoramiento de las señales de televisión, sino también proveer del espectro necesario para la instalación de redes de banda ancha móvil y solo considerando los cálculos presentados por las televisoras privadas. Legisladores de ambas cámaras en el Congreso respaldaron esta posición creando diversos planteamientos para modificar el artículo décimo noveno transitorio del decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano con el fin de posponer esta política pública.
Así, de manera apresurada, por una parte, el senador chiapaneco Zoé Robledo del PRD presentó una iniciativa para retrasar la fecha al 30 de junio de 2016.
Por otra parte, los senadores Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth elaboraron otra iniciativa para que se pospusiera hasta el 31 de diciembre de 2016.
Finalmente, por otra parte, la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales solicitó que esta dinámica de transformación tecnológica se retrasara pues sostuvieron que los medios de Estado no tenían recursos para lograr tal evolución.
De esta manera, después del despliegue de tales estrategias político propagandísticas para cambiar la Constitución y posponer el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016, la iniciativa fue aprobada en el Senado de la República el 30 de noviembre de 2015, por 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Posteriormente, dicha propuesta se turnó a la Cámara de Diputados y fue aprobada el 8 de diciembre de 2015, por 322 votos a favor, 71 en contra y 4 abstenciones.
Finalmente, este decreto fue enviado al Diario Oficial de la Federación para ser publicado en el mismo y que se convirtiera en ley obligatoria para los concesionarios.
Los argumentos en los cuales se basó la aceptación de tal decreto partidocrático de cambio de términos constitucionales para lograr el retraso tecnológico hasta el 2016, fueron entre otros, los seis siguientes:
- Se debe posponer el apagón analógico, pues no se tienen logradas las condiciones suficientes para dar ese salto tecnológico que permita que el 90% de la población alcance una mayor oferta de servicios de internet de banda ancha y la mejor calidad de las transmisiones en México.
- Es necesario que las concesiones públicas y sociales, incluidas las comunitarias y las indígenas, tengan un plazo adicional hasta diciembre del 2016, para que obtengan los recursos que les permita invertir y hacer esta migración a la televisión digital.
- No se debe afectar el funcionamiento de los medios públicos al tener que despedir a diversos sectores de su personal como camarógrafos, técnicos, equipos de producción, maquillistas, escritores, comentaristas, presentadores, etc. que no tendrían contenidos digitales que transmitir si no se pospone el apagón, pues no podrían justificar la conservación de su relación laboral.
- Se requiere que las estaciones de baja potencia o complementarias, es decir aquellas instalaciones que son distintas a la estación principal y cuya función es cubrir aquellas lagunas, huecos u hoyos negros donde no llega la señal principal de televisión como tal, se puedan convertir a digitales para dar un mejor servicio a los auditorios.
- Con el fin de evitar que se realice un lucro político excesivo durante las precampañas del 2016, se suspenderá la entrega de televisiones digitales, decodificadores o la sustitución de equipos por parte de los gobiernos que deben entregar televisiones o decodificadores a los hogares de escasos recursos para poder acceder a la televisión digital terrestre.
- Se deben respetar los derechos de las audiencias de los medios públicos, especialmente en los municipios de alta y muy alta marginación, a donde no llegan las señales, y la única forma de comunicarse es vía televisión.
De esta forma, con la justificación de proteger a los medios públicos y defender a los sectores más desprotegidos de la población para que recibieran las señales de televisión digital, el Congreso de la Unión modificó la Constitución con el fin de posponer el apagón analógico hasta diciembre de 2016.
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