[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]

Hay que recordar que todo individuo es presuntamente inocente, hasta que se comprueba que es culpable.

[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]

Entrevista a Sergio García Ramírez | Profesor e investigador del IIJ-UNAM

 

Por Emma Islas

Este sábado, el presidente Enrique Peña Nieto formalizó la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal en México, luego de una intensa labor —de 8 años— a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008. En este nuevo sistema no todo serán juicios orales; como se ha dado a conocer, el proceso contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados, pero sin duda la policía junto con los ministerios públicos tendrán un papel relevante.

Con el nuevo Sistema de Justicia Penal los casos podrán empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella; o bien, con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. ¿Cuándo terminan?, hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito.

Con este nuevo sistema, en el proceso penal existirán tres etapas: investigación, etapa intermedia y el juicio oral. Cada una a su vez, será supervisada por un juez distinto, por ello, el reto más grande al que nos enfrentaremos en este nuevo sistema de justicia serán sus operadores, quienes en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), serán los encargados de hacer una observancia cuidadosa de la ley.

En entrevista con Siempre!, el investigador señala que para lograr que este nuevo sistema de justicia penal prospere es necesario que todos los actores que intervienen —policía, ministerios públicos, jueces, peritos, defensores, asesores de las victimas, supervisores de las medidas cautelares y quienes tienen a su cargo la custodia de los reclusos en las penitenciarias— “deberán de cumplir con pulcritud, con competencia profesional y con probidad sus tareas. De esa manera vamos a tener una mejor justicia que la que teníamos. Pero si no cumplen, lo que vamos a tener va a ser una gran frustración”.

“La policía puede ser el talón de Aquiles, es decir, la policía puede ser el factor de éxito o de frustración, porque hay que recordar que los asuntos llegan a los jueces después de pasar por otras etapas, y en esas otras etapas están la policía y el ministerio público”, sentencia el experto en temas jurídicos.

Luego de resaltar que quienes han pugnado por una reforma de la justicia han hecho y siguen haciendo un enorme esfuerzo, destaca que este nuevo sistema es una oportunidad de tener grandes aciertos benéficos para la justicia, pero también será una ocasión para observar tropiezos y escollos y tener la oportunidad de corregirlos, “creo que en esta última etapa nos hemos ido muy rápido, ha habido muchas normas que todavía no hemos asimilado. Trabajar tan arduamente es muy digno de aplauso, pero trabajar con excesiva celeridad, con excesiva velocidad, también puede ocasionar problemas y me temo que vamos a tener que enfrentar algunos de éstos”.

 

Policía y ministerios públicos

“La policía es un elemento vital, verdaderamente vital, para que este sistema tenga éxito, las facultades de la policía como las del ministerio público se han ampliado de una manera muy considerable. Ahora las investigaciones se han puesto en manos de la policía, por lo que cabe la pregunta: ¿tenemos o no la policía adecuada para enfrentar las nuevas exigencias de la justicia?; parecería que estamos todavía lejos de eso”, asevera.

Al respecto, García Ramírez explica que una cosa es un sistema de justicia con ciertos procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, pero otra es cómo marchan en la realidad los órganos que tienen que ver con esa justicia, particularmente la policía y los ministerios públicos, más que los jueces.

Precisa que no puede ponerse toda la carga y responsabilidad en los jueces a los que llegan los asuntos, ¿por qué?, porque los asuntos se inician y tramitan primero en las manos de la policía y del ministerio público. “Creo que, con todo respeto para las instituciones, la opinión que tenemos en general acerca de la marcha de los organismos de policía no es particularmente buena. Por ello, confío en que estén suficientemente preparados, pero no parece ser así, así que tenemos los dedos cruzados para que la policía opere adecuadamente dentro del nuevo sistema, no solamente los jueces, sino la policía”.

 

Aciertos y errores

El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que este nuevo sistema es producto de una larga reflexión, el cual tiene muchos aspectos bondadosos, “se ha procurado mejorar la situación de la justicia, ampliando garantías para la sociedad, y garantías para quienes comparecen ante la justicia. Esto es positivo y espero que tenga buenos resultados”.

Sin embargo, afirma que así como están presentes estos aciertos, también se encuentra el otro lado de la moneda, “no deja de ser inquietante que el modelo que hemos tomado sea uno que proviene sobre todo de la práctica norteamericana que no se adecúa cabalmente a nuestro modo de ver las cosas y de hacerlas, es un modelo importado”.

Continúa, “el punto aquí, también es la frecuente atención de los casos penales a través de los medios compositivos, a través de acuerdos de la autoridad y el infractor; o bien, entre las partes, la víctima y el victimario que pudieran ser, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, una fuente de verdaderos abusos y que pudiera dar lugar a que más que preocupar la justicia en las soluciones, nos preocupe la economía, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Esta economía puede ser ocupada para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzos por una parte, y por otra parte, para facilitar medios de composición que no estén justificados, lo cual se convierte en un punto relevante”.

 

Los juicios orales

García Ramírez dice que pese a que los juicios orales se han presentado como la bandera de este nuevo sistema penal, en la realidad no serán los que van a caracterizar este nuevo sistema, “tenemos un sistema que aunque se dice que son de juicios orales, la realidad es otra, es de soluciones alternas, como son los procedimientos abreviados en los que una persona reconoce su responsabilidad, la tenga o no la tenga, y acepta una propuesta del ministerio público para reducir la pena, o para reducir los cargos y terminar rápidamente el procedimiento muy a la americana”.

Expone que estas soluciones laterales en realidad “no son verdaderos juicios orales, sino que son medios diferentes alternos para el arreglo de los litigios. Esto, en sí mismo, no es de rechazarse, no es de condenarse, pero nos está llevando por un rumbo que no es el que teníamos, pero que tampoco es el camino hacia juicios orales. Los juicios orales van a ser muy pocos, en los estados ya está implantado este nuevo sistema, los juicios orales son muy pocos en comparación con el número de procedimientos, de delitos que se cometen y con el número de procedimientos que se inician”.

A pregunta expresa de Siempre! de si el nuevo sistema de justicia penal habrá de ayudar a combatir la impunidad, García Ramírez, es categórico: “seamos juiciosos, seamos objetivos o razonables, distingamos para qué sirve este nuevo sistema, por un lado te puede servir para una mejor justicia, pero por otra parte, el tema de la delincuencia, de la criminalidad, de la impunidad y de la corrupción, ésos son temas diferentes que tienen que atacarse de alguna otra manera”.

Arraigo y prisión preventiva

El jurista afirma que el tema del arraigo, es algo que necesita ser revisado a fondo. “El arraigo es una medida indebida en términos generales; es una medida contraria al respeto de los derechos humanos, a las garantías de los individuos en materia penal, es una medida desesperada que incorporamos en nuestra Constitución, lamentablemente hace varios años, y que no se justifica”.

Por lo que considera que es necesario revisar su permanencia dentro del orden jurídico mexicano, “yo diría que debemos sacarlo completamente, pero si esto no se logra porque no se logran los consensos necesarios, por lo menos se debería reducir a su mínima expresión, porque no es una medida razonable, compatible con un sistema democrático y de derechos humanos, es una medida muy autoritaria y muy desviada”.

En torno a la prisión preventiva, el exprocurador general de la república destaca que también es una medida que se ha utilizado en exceso, “el tener a los detenidos en prisión preventiva mientras se desarrolla un juicio, y si llega una sentencia a decenas de miles de individuos, muchos de ellos por delitos francamente menores, no es razonable, no es justificado”.

“Hay que recordar que todo individuo es presuntamente inocente, hasta que se comprueba que es culpable, por lo que la prisión preventiva y la presunción de inocencia no van de la mano, al contrario están contrapuestas, pero digamos que es necesaria como una medida no sistemática y constante, sino como una medida especifica para evitar casos de burla a la justicia, porque lo que ha hecho es llenarnos las cárceles de presuntos inocentes y no de presuntos culpables”.

Afirma que un acierto más de este nuevo sistema de justicia penal sería el uso de la prisión preventiva en sus límites razonables, pues dice que “la hemos usado demasiado y con resultados francamente muy deficientes”.

 

[Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Presos y prisiones. El sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos, México.]