Entrevista a Mauricio Merino | Analista político e investigador del CIDE
Por Emma Islas
La resaca del 5 de julio aún no acaba en el tricolor. Luego de los magros resultados, el PRI sigue tratando de recomponer su maquinaria que le hacía ganar votos y busca la confianza de un electorado que no es el mismo de hace un par de años. Para lograrlo, su nuevo dirigente Enrique Rocha Reza anunció la creación de un nuevo órgano anticorrupción y la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por “autoblindarse”.
A principios de semana, conocíamos la decisión del Revolucionario Institucional de apostarle a un perfil bajo para ocupar su dirigencia —Enrique Ochoa, de quien se asegura es allegado a Luis Videgaray—. El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad levantó la mano al decir que se sentía “orgulloso” de su militancia tricolor y que “sería el mayor honor de mi vida ser Presidente del PRI”.
La mayor presión que enfrentará el nuevo líder tricolor no sólo será la reticencia a su llegada por algunos sectores del partido, sino por la pesada carga que significa la corrupción para el partido, que lo llevaría recientemente a la derrota, en siete estados, así como la salida del entonces dirigente Manlio Fabio Beltrones.
Hoy, para muchos mexicanos, el PRI es sinónimo de corrupción. Basta ver los casos de los gobernadores mencionados, que lograron el repudio hacia su partido por millonarios desvíos de recursos y acusaciones de corrupción. En su toma de protesta, Ochoa Reza envió un mensaje: “debemos reaccionar y denunciar la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, exigir su fiscalización e incluso su destitución”.
Los tres gobernadores están en la mira del gobierno federal. El vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, en conferencia de prensa, anunció el porqué de las acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua y el “autoblindaje” de esos mandatarios estatales. “No hay cabida para legislaciones locales a modo”, espetó, “ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley. En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, dijo Sánchez.
En entrevista con Siempre!, Mauricio Merino, analista político e investigador del CIDE, apunta que el nuevo dirigente Enrique Ochoa, va a tener mucho trabajo para cumplir con sus objetivos, “ese discurso de compromiso con la rendición de cuentas, con el combate a la corrupción, la transparencia, lo va a tener que respetar en los hechos pues será insuficiente para asegurar que las prácticas que había venido cobijando el partido en el gobierno cambien de un día para el otro”.
“Con la rapidez que llega la información —con el poder que tienen ahora las redes sociales y los medios comunicación— los discursos no alcanzan. Hay que decir que un discurso muy audaz que no venga acompañado de decisiones igualmente audaces, les puede resultar contraproducente”, afirma.
Ante la propuesta de Enrique Ochoa de crear un órgano interno anticorrupción a la militancia, el investigador del CIDE considera que es necesario que el PRI incluya tres puntos o zonas por corregir. Por ser cuestiones fiscales entran en la órbita de un presidente de un partido —cualquiera que sea su color—, pero que en México se vive en una enorme oscuridad:
[gdlr_styled_box content_color=”#ffffff” background_color=”#FA5858″ corner_color=”#B40404″ ]
- La transparencia total sobre los ingresos y los gastos. “No sólo del PRI, sino de todos los partidos que deben transparentar de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero completito. Para eso no hay ninguna razón técnica para no poderlo hacer inmediatamente. Es vergonzoso que en las campañas del proceso electoral del 5 de junio la mayoría de las y los candidatos no presentaron informes de fiscalización al Instituto Nacional Electoral”.
- Transparencia del dinero de las fracciones parlamentarias. “Los partidos no solo actúan en sus propias estructuras internas, sino también a través de sus fracciones parlamentarias. Si hay una zona oscura en este país en materia de uso de recursos públicos es el dinero de las fracciones parlamentarias, lo que ha venido señalando, año con año, la Auditoría Superior de la Federación. Si realmente va en serio el discurso del dirigente del tricolor, es necesario que sus fracciones parlamentarias abran totalmente sus ingresos y gastos, el detalle de la manera en que lo están usando”.
- Elección de candidaturas. “Este punto tienen que ver con el momento electoral de cada año, tiene su momento específico pues hay candidaturas muy oscuras en este país que se ganan quién sabe cómo. Candidatos que nunca sabemos de donde salieron, qué trayectoria tienen y que lo único que sabes es que tienen una carita que se retrata y se pone en las calles, pero no sabemos casi nada de esos candidatos”.[/gdlr_styled_box]
Hay una crisis de confianza y credibilidad
A pregunta expresa de Siempre! sobre la necesidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en una política pública, Merino asevera que debería de ser un compromiso de fin de sexenio ya que “no hay reforma más importante que haya vivido la administración pública que la del Sistema Nacional Anticorrupción; y la del Sistema Nacional de Transparencia, no hay otra de esa magnitud, entonces lo menos que podemos exigirle es que no solamente se promulguen las leyes sino que se honre su cumplimiento”.
Señala que en México se está viviendo una crisis de confianza, de credibilidad, de una enorme dimensión. “El régimen político mexicano está amenazado por la crisis de confianza que está viviendo, la cual probablemente es una de las más graves del mundo. No estoy exagerando, todos los datos que tengo a la vista, las comparaciones que hacen las encuestas, muestran que México está en los últimos lugares mundiales de confianza respecto de sus instituciones públicas y respecto del régimen democrático que tenemos”.
“No es un asunto trivial para poder cerrar un periodo sexenal como el que hemos vivido con tantos problemas de corrupción real y tantos problemas de percepción de la corrupción. Lo menos que se puede exigir es que estos temas avancen rápido, y dado que Enrique Ochoa es, a todas luces, una persona cercanísima al presidente de la república, lo mismo se le debe pedir a su partido político”.
[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]
La reforma en materia penal que acaba de ser aprobada como parte del Sistema Nacional Anticorrupción todavía no se promulga.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]
El autoblindaje
Afirma que con la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República ante la Corte en contra de los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, el gobierno mexicano está mandando un mensaje de compromiso con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual debe celebrarse. “Está reaccionando a lo que pronto será este sistema que con tanta dificultad fue aprobado por el Congreso y luego revisado por el Ejecutivo en alguno de los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
El investigador del CIDE destaca que el tema cobra fuerza ante la decisión de los gobernadores priistas —Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua— de emitir una reforma para la creación de fiscalías especializadas; “estos gobiernos quisieron madrugar, literalmente, fue un madruguete; es decir, antes de que entrara en vigor la Ley General pues intentaron nombrar a sus cuates, aparentemente, no los conozco pero todo el mundo asume que sí fue un madruguete, es que iban a cuidarle las espaldas a los gobernadores y eso es lo que exactamente se quiere evitar”.
Sin embargo, indica que esta decisión también tiene implícita cierta jiribilla política ante los magros resultados que obtuvo el PRI en las pasadas elecciones del 5 de junio, “el tricolor acusó recibo de la necesidad de ser mucho más activo de lo que había venido siendo, en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia”.
“El costo de los distintos conflictos derivados de los gobiernos a los que ahora se impugna fue electoralmente muy alto para el mismo gobierno y para su partido, aunque creo que la decisión llegó tarde, pues debieron de haber actuado antes contra los gobernadores que han causado daño, no sólo al partido que gobierna, sino a sus estados. Por ambos lados, veo muy positivo que se haya tomado esta decisión; insisto, llega tarde, pero más vale que nunca”.
No es un recurso penal
Explica que es necesario dejar en claro que esta acción de inconstitucionalidad no es un recurso penal, sino que tiene el propósito de apelar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación —máximo tribunal de México— se pronuncie de la manera correcta, anulando las decisiones tomadas por los gobernadores, lo cual no lleva implícito que éstos lleguen a la cárcel, pues esta decisión corre por la vía penal.
“Los gobernadores tendrían que ser acusados por hechos penales y por delitos penales, pero ahí yo tengo mis dudas. La reforma en materia penal que acaba de ser aprobada como parte del Sistema Nacional Anticorrupción todavía no se promulga y las leyes nunca se aplican de manera retroactiva. Antes teníamos un sistema legal francamente deficiente, las leyes eran muy laxas, por eso tenemos altísimos niveles de impunidad en el abuso de los recursos públicos en México. Una vez que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, eso habrá quedado corregido en el plano legal, pero no puede ser aplicado de manera retroactiva, así que yo no pondría muchas expectativas en la vía penal”.