Entrevista con Hermilo Pérez Cabrera | Director general de la Asociación de Autoridades Locales de México
Por Emma Islas
Pobreza, marginación, inseguridad y falta de oportunidades son las sombras que empañan la vida de miles de mexicanos que viven en alcaldías olvidadas tanto de los gobiernos municipales y estatales como del federal. Ante la crisis en la que viven inmersos los municipios, se convierten en presas fáciles del crimen organizado.
El retraso en que se encuentran muchos municipios es infrahumano. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz en repetidas ocasiones aparecen en las listas de los estados con mayor número de municipios pobres; por desgracia la realidad es más que una estadística.
La realidad se impone
Hermilo Pérez Cabrera, director general de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), afirma que desde la asociación se da seguimiento a varios rubros, entre los que se encuentran los municipios que presentan marginación o pobreza en el país. “Hay una tabla que tiene la propia Secretaría de Desarrollo Social en la que se identifican los cien municipios más pobres del país que están ubicados en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y alguna parte de Puebla y Veracruz”.
“Estos municipios de manera muy específica están en un retraso total en el sentido de lo que es la infraestructura urbana; no han logrado despegar económicamente. Hay muchos municipios de usos y costumbres; de alguna manera, a través del Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se han estado generando algunos proyectos o acciones directamente en esas comunidades, otras, son atendidas por la propia Sedesol, a través de mecanismos que puedan complementar acciones que coadyuven a contener la situación de pobreza por la que atraviesan estos municipios”.
A fin de abordar la situación que se vive en los municipios, el director general de la AALMAC adelanta que se encuentran preparando un encuentro en el que se está invitando al secretario de Gobernación. “Nosotros vamos a seguir en reuniones con la propia Secretaría de Seguridad Pública con el objetivo de revisar la situación de la seguridad para los alcaldes, pero también la seguridad de los municipios. Esperamos que en los próximos 20 días se genere un documento en cuanto a lo que será una estrategia compartida”.
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Es necesario priorizar a la ciudadanía, su seguridad es lo más importante.
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Pobreza y seguridad ¿van de la mano?
Pérez Cabrera afirma que existe cierta relación. En los lugares con mayor índice de pobreza, su población —en especial la gente joven— no tiene la oportunidad de seguir estudiando. La manera más fácil de obtener recursos son, desgraciadamente, acciones delictivas. “Las asociaciones delictivas van reclutando a jóvenes, muchos de los cuales no pasan de los treinta años. También tiene que ver con consumo de alcohol, drogas, lo que de una u otra manera permea en la sociedad y que afecta, en este caso, al sector juvenil que no tiene las posibilidades de seguir estudiando”.
“Es un análisis muy complejo, pero de una u otra manera sí va de la mano, lo que no quiere decir que toda la gente por ser pobre es delincuente o que tenga una participación dentro de los que es el crimen. Pero muchos escogen ese camino fácil y que, obviamente, no es el mejor camino que pudieran tomar en su vida”.
Destaca que la problemática de la pobreza radica en dos vertientes: la falta de capacidad para subemplearse en el lugar, por lo que tienen que salir a buscar trabajo hacia otras partes; y el margen de pobreza, lo que implica una falta de desarrollo para generar algún tipo de producción. Lo que se produce es de autoconsumo.
“El gobierno no está alcanzando la meta en el sentido estricto de sacar del margen de la pobreza a estos municipios o comunidades. Tenemos cerca de 50 millones de mexicanos en extrema pobreza. Distintos indicadores destacan que hay municipios que ya tienen pavimentación en su calle o electrificación, pero no tienen forma de autoemplearse”.
El director general de la AALMAC subraya que hace un año el presidente de la república anunció una inversión en tres estados que presentan el mayor número de comunidades con grados de marginación: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
“Se hizo una selección de 428 municipios en los tres estados, la mayoría están en Oaxaca y se destinaron cerca de mil 500 millones de pesos —500 millones por estado— para pavimentación. Se me hace buen gesto por parte del gobierno federal destinar recursos a estos municipios, pero creo que el pavimento no les va a dar de comer, pudieron haberse invertido en algún otro tipo de proyecto o de programa que pudiera contribuir precisamente a resarcir ese retraso social o de marginación que existe”.
Pese a la buena voluntad, señala que en este caso el problema sigue siendo el de siempre: no se han entregado los recursos. “La convocatoria salió el año pasado a fines de enero; sin embargo, si revisamos la información, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, de 208 municipios de los que estaban en la lista, han entregado muy pocos, la mayoría —147 municipios pendientes— están a la espera de que les puedan liberar sus recursos”.
“Son recursos que Hacienda tiene que liberar porque los publicó en el Diario Oficial. Pero hay que recordar que sí tenemos un problema de rezago social y sí tenemos el problema de que muchos de los municipios más marginados no cuentan con instalaciones propias como oficinas, pues mucho menos van a contar con equipo técnico que pueda elaborar los expedientes técnicos y, obviamente, estar en una permanente y constante comunicación con Hacienda”.
La asignación del presupuesto
En relación con la asignación del presupuesto a los municipios, explica que existen distintos rubros. El primero de septiembre se presenta el informe presidencial y, de acuerdo con la ley, diez días posteriores, a más tardar el día 10, Hacienda tiene que hacer la presentación del paquete económico 2017.
Comenta que actualmente existe la iniciativa del presupuesto base cero que busca ayudar de una forma a Hacienda en el ajuste presupuestal. En el caso específico para los municipios, hubo un recorte básicamente de fondos que ya estaban preestablecidos, algunos vienen de dos legislaturas hacia atrás, como era el fondo de pavimentación que fue creado en el presupuesto de 2010, luego los recursos de cultura y deportes, que venían de manera adicional, así como recursos que se estaban ejecutando del ramo 23 por el programa de desarrollo regional.
“Todos esos recursos fueron ahora limitados o quitados en su gran mayoría en el presupuesto 2016, y ahora para 2017 se vislumbra algo similar, no hay mucha información al respecto de lo que serían nuevos presupuestos para municipios. No se está pretendiendo, al parecer, la creación de otros”.
Precisa que como asociación y autoridades locales participantes en la Confederación Nacional de Municipios, promovieron en 2013 la creación de un fondo que es de apoyo para la infraestructura de productividad (FAIP).
“Este fondo contaba con una inversión de 2 mil 500 millones y del cual ya mencioné que mil 500 millones fueron destinados a estos tres estados y, a un año, no han sido entregados los recursos”.
“Estamos buscando la forma en que se pueda reactivar el FAIP para este año, aún el fideicomiso mantiene recursos en caja o en bolsa, pero definitivamente para nosotros sería factible que si ya desaparecieron los otros fondos, la idea sería retomar este fideicomiso con una inversión mínima de 10 mil millones, eso podría resarcir lo que no se pudo hacer en 2016”.
Los moches
Un tema muy cuestionado y debatido es el de las asignaciones del presupuesto que hacían los propios diputados, los famosos moches; Pérez Cabrera destaca que en el país hay mil 446 municipios y 16 delegaciones, que hacen un total de 2 mil 462, “si hablamos de 2 mil 500 millones que son asignados, a cada municipio le toca alrededor de un millón de pesos, que no es nada, porque la infraestructura y servicios que tienen que brindar a la ciudadanía no solamente rebasa enormemente estas cifras. Hay que recordar que existen ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, que la concentración poblacional es superior a los 800 mil habitantes”.
En estos casos —afirma— el margen de actuación es muy poco por lo que se ha tenido que actuar de buena fe. “Es un asunto que se define en Cámara de Diputados, ellos tienen entre sus facultades la aprobación del presupuesto. Por ahí se filtraron algunas grabaciones, pero nosotros simplemente somos espectadores junto con la propia Secretaría de Hacienda. Hemos establecido algunos mecanismos de control, para que no se permita que terceros interesados puedan burlar y aprovecharse de las necesidades presupuestales, desgraciadamente nuestros propios alcaldes a veces caen en la mentira y no es muy fácil tener el control”.
El crimen organizado se hace presente
Destaca que los munícipes son totalmente amenazados, “son asediados por estos grupos delincuenciales que les solicitan el pago de una cuota para garantizar la seguridad tanto de la integridad fisca del alcalde, como la de sus familiares, o para que prevalezca el orden en el municipio”.
Asevera que es necesario replantear la estrategia de seguridad de manera coordinada entre las tres instancias de gobierno, “nosotros estamos solicitando un mecanismo en el cual las tres áreas de gobierno tengan una mayor coordinación, estamos de acuerdo en la necesidad de profesionalizar y de capacitar básicamente a los elementos que ya se tienen, pero que también en esta parte de la profesionalización haya toda una academia, todo un proceso de certificación de los elementos que van a servir a la ciudadanía. Por otra parte, los fondos que se están generando, debemos visualizar que estos recursos lleguen a aquellos municipios que han entrado en un proceso de ola de violencia. Es necesario priorizar a la ciudadanía, su seguridad es lo más importante”.