Campo, salud, educación… muy castigados

Por Magdalena Galindo

Es obvio para todo el mundo que el “paquete económico para 2017” en el que se incluyen los presupuestos de ingresos y egresos de la federación es responsabilidad no del recién nombrado secretario de Hacienda José Antonio Meade, quien no tuvo tiempo ni de leerlo, pues sólo hubo un día de diferencia entre su nombramiento y la entrega a la Cámara de Diputados, sino de Luis Videgaray, que antes de que lo renunciaran por su intromisión catastrófica en los asuntos de política exterior nos dejó una más de sus tropelías en el manejo de la Secretaría de Hacienda, con una política económica que seguirá provocando la paralización de la economía, la pauperización de las clases trabajadoras y la intensificación de la desigualdad en el país.

En el lado de los ingresos del gobierno federal, hay lo que puede llamarse un sometimiento a los dictados de la gran burguesía nacional, que, después de la reforma fiscal de la actual administración, que elevó un poquitito el porcentaje de impuesto a los más ricos del país, protagonizó una escandalosa protesta, y como las protestas de la iniciativa privada, aunque no lleguen a reunir ni a cien empresarios, sí son atendidas de inmediato, desde entonces cada año se les informa que ni se crearán nuevos impuestos, ni se aumentarán los ya existentes.

Esa decisión de mantener inamovibles las tasas del impuesto sobre la renta ha determinado que el Estado tenga que financiarse por otros medios y es la causa fundamental del crecimiento desmedido de la deuda pública, cuyo saldo ya representa hoy nada menos que 52 por ciento del producto interno bruto, esto es, de todo lo que producen los mexicanos en un año. Y sin embargo, para 2017, nuevamente se recurrirá a la deuda pública para obtener el financiamiento. En esta ocasión se separa el llamado techo de endeudamiento entre el gobierno federal y las empresas energéticas, de modo que el gobierno solicita un techo, o sea un permiso para contraer más créditos, por 495 mil millones de pesos en deuda interna y por 5 mil 800 millones de dólares en deuda externa. A su vez, Pemex solicita un techo de nueva deuda por 28 mil millones de pesos y por 7100 millones de dólares; por su parte, la Comisión Federal de Electricidad solicita un techo de 10 mil millones de pesos, y en cuanto al endeudamiento externo, se abstiene, como en 2016.

En lo que se refiere a los egresos, el presupuesto federal propone un nuevo recorte extraordinario al gasto gubernamental por 228 mil 600 millones de pesos, que se añade a los cuatro recortes decretados a partir de 2014: (4000 millones), en 2015 (124 mil millones), en 2016 (221 000 millones primero y luego otros 132 000 millones). Sumados, los recortes nos dan un total de 709 mil 600 millones de pesos Se trata ya de una magna reducción del gasto público, que se refleja en un sentido general en el estancamiento de la economía. Por eso, periódicamente, primero los analistas privados, luego el Banco de México y al final Hacienda van recortando la previsión de la tasa de crecimiento de un excesivamente optimista 3 por ciento hasta poco más de 1 por ciento. Claro que siempre se le puede echar la culpa a los factores externos, pero lo cierto es que recortes de esa magnitud, cualquiera que sea el entorno, conducen a la paralización de la economía.

Y luego está el aspecto crucial de cómo se reparten los recortes. Para empezar, hay rubros en donde no se aplican, por ejemplo, al Poder Judicial no se le recorta y, al contrario, se aumenta su presupuesto en 14.8 por ciento.

Por su importancia social y económica quiero destacar lo que sucede en cuatro rubros en particular. En educación (y creo que no es necesario insistir en el discurso oficial, desmentido por las cifras, sobre el interés gubernamental en mejorar supuestamente la calidad de la educación) se realiza, entre los ramos administrativos, el mayor recorte en términos absolutos, pues la disminución es de 31 mil 600 millones de pesos que representan un 10.6 por ciento de su presupuesto. En salud, se disminuyen 14 mil 800 millones que significan igualmente un 10.8 de su presupuesto. A la Secretaría de Agricultura le bajan 25 mil 500 millones que equivalen al 29.1 de su presupuesto. El cuarto rubro que me parece especialmente significativo es Pemex, al que le restan 102 mil 200 millones o sea 20.7 por ciento de su presupuesto. Aquí se muestra, nuevamente, la voluntad de quebrar Petróleos Mexicanos para ampliar el espacio de la inversión privada.

En conjunto, el paquete económico privilegia a los empresarios, intensifica la desigualdad, traba el crecimiento de la economía y castiga especialmente a la educación, la salud, el campo y la empresa petrolera.