Entrevista con Juan Velásquez/Abogado penalista
Por Emma Islas
Para el abogado Juan Velásquez, especialista en temas relacionados con el Ejército, “el mayor enemigo de las Fuerzas Armadas y beneficiario de la delincuencia se llama Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, la cual —afirma— ha hecho oídos sordos ante la realidad que viven día a día los militares.
Lamenta que la CNDH se haya pronunciado muy tarde en torno al caso de los militares lesionados en Sinaloa —el hecho ocurrió el 30 septiembre, la CNDH lamentó lo ocurrido hasta el 4 de octubre— tras una emboscada de grupos del narcotráfico. “Inmediatamente no hubo ni una declaración del titular o una inserción pagada dándole el pésame a los militares muertos. ¿Por qué?, simple, para ellos los militares no tienen derechos humanos, porque políticamente no es rentable”.
“Ahora otro gran negocio millonario es el de las víctimas. Basta con que cualquier persona se diga víctima para que inmediatamente la asesore una ONG para que obtenga una indemnización y se la repartan. A ver si a estas víctimas de Sinaloa las van a indemnizar. Nosotros tratamos a las Fuerzas Armadas como si fueran un ejercito de ocupación y con el enemigo enfrente que se llama autoridad”.
Ante lo ocurrido, considera que los militares necesitan un marco legal que les permita actuar en tanto a lineamientos absolutamente definidos que no se encuentren supeditados a vaivenes políticos, ya que los recientes casos en los que se ha visto involucrado el Ejército son producto de la “inexistencia e ineficiencia” de las policías en el país, “hay más de mil militares que han sido heridos, cien muertos, por culpa de nosotros los civiles que no hemos sabido, por omisión, por corrupción, formar policías”.
“El problema es que en México no tenemos policía. La que tenemos es una de las 10 más ineficientes en el mundo, la más ineficiente en América Latina, la segunda más corrupta mundialmente. Hay 400 municipios sin policía, 800 con policías que apenas cursaron la primaria. El 75% de las policías están infiltradas por la delincuencia. Existe una impunidad del 99% de los delitos que se cometen, de alrededor de 30 millones de delitos que se comenten anualmente, solo 1 de cada 100 se castiga. Los militares son el único sustento que tenemos”.
Militares no investigan delitos
El penalista afirma que infortunadamente a los militares se les ha encomendado la seguridad pública aun cuando no tienen preparación para ello, “nosotros hemos sacado esas instituciones respetables que son las de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para que hagan labores de policía, pero sin ser policías, y cuando actúen como militares les reprochemos y los encarcelemos”.
Explicó que un policía se da de alta por una vocación de investigar los delitos de descubrir y detener a los responsables, un militar lo hace por una vocación castrense. A un militar no se le enseña a investigar, a descubrir, a detener; a un militar se le enseña a enfrentar y abatir al enemigo.
Señala que constitucionalmente el gobierno federal está obligado a velar por la seguridad interior del país, la estabilidad de las instituciones, y para ello se encuentra facultado a hacer uso de las Fuerzas Armadas. “Ante el problema de la impunidad que ha llevado a México a padecer una delincuencia que no sólo afecta a la seguridad pública, sino a la estabilidad de las instituciones, fue que Felipe Calderón hizo uso de esa facultad”.
Hoy —dice— estamos “ante una delincuencia cada vez más atrevida, más entrenada, más armada y más cruenta, y unas Fuerzas Armadas atadas en tanto existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que todo el tiempo les emite recomendaciones y les presenta acusaciones ante la Procuraduría General de la República, muchas veces sin fundamento alguno”.
“El caso más emblemático de lo que estoy diciendo es Tlatlaya. Por esa recomendación de la comisión y la denuncia ante la PGR se detuviera a 8 militares para ser enjuiciados, al final los tribunales federales sentenciaron que no había pruebas, ni siquiera para haberles iniciado un juicio, mientras que los ejecutados se dedicaban al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión”.
Iniciativa panista no prosperará
Al hablar en torno a la iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior presentada el 23 de septiembre por el PAN, que tiene como fin regular la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las autoridades civiles en los ámbitos local y federal, Juan Velásquez comenta que “llama la atención que se plantee que el Comité de Seguridad vaya a estar encabezado por el secretario de Gobernación; sin embargo —asegura— “finalmente iría con los vaivenes de la política, cuando la realidad de México es otra”.
“Al final de cuentas sería supeditar las Fuerzas Armadas a las intenciones partidistas, a la disposición de los que nos han llevado a la situación que vivimos y que, precisamente, las Fuerzas Armadas son las primeras que padecen. No nos ponemos a pensar cuánto tiempo han dejado de ver a su familia, comiendo sólo atún, durmiendo en el suelo, sujetos a las inclemencias del tiempo, a las fatigas, cargando cosas pesadas y con un uniforme de casco, chaleco antibalas, botas, en lugares tropicales como Acapulco o Veracruz”.
El abogado cuestiona que en esta iniciativa los militares tengan que supeditarse a las autoridades civiles: “cómo es posible que si esas autoridades, por lo que se ve, son las que están coludidas con los delincuentes, cómo ellos van a supeditar. Tiene que haber leyes claras que delimiten perfectamente las funciones de los militares para que no estén en este limbo”.
“Son iniciativas que tendrían que perfeccionarse pero que a mí me parece que se van a quedar ahí. No veo en las autoridades civiles el menor interés de proteger a las Fuerzas Armadas que andan por México realizando tareas heroicas a la buena de Dios, sin ninguna protección”.