Estados Unidos: El JASTA
Luis Mesa Delmonte*
Con la aprobación por parte del Congreso estadounidense del “Acta de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo” (JASTA) los legisladores dieron un golpe doble: uno contra el presidente Barack Obama, y otro contra la monarquía saudita.
Esta ley, posibilita que los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre del 2001 puedan demandar al gobierno saudita por supuesta complicidad en los hechos, así como presentar litigios contra otras entidades, por daños derivados de otros actos terroristas.
Aprobada por el Senado en mayo y por la Cámara de Representantes en septiembre, fue rechazada por el presidente Obama, quien optó por aplicar su derecho al veto. No obstante, el veto presidencial al JASTA fue totalmente pulverizado, con las votaciones en la Cámara (348-77) y en el Senado (97-1) el pasado septiembre. Esta ha sido la única ocasión en la que el poder legislativo ha rechazado un veto de Obama, por lo que el JASTA ha sido un golpe contra él.
La administración Obama ha argumentado que una legislación de esta naturaleza, afecta su relación con un aliado estratégico como Arabia Saudita, y que además, abre una puerta para que en otros países se planteen demandas contra instituciones, ciudadanos y especialmente, militares estadounidenses, que han desarrollado numerosas acciones en países del Medio Oriente, África y Asia.
También Obama ha señalado que, además de afectarse el principio de inmunidad internacional, existe el peligro de que futuras decisiones por parte de cortes legales locales, interfieran en la autoridad del ejecutivo para determinar si un estado es patrocinador o no del terrorismo, obviando el meticuloso proceso de recopilación y análisis que realizan los órganos de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En el veto congresional anti-Obama, incidieron al menos dos factores coyunturales: la coincidencia con los actos para recordar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre al cumplirse 15 años de los mismos; y el tenso ambiente político que ha generado la campaña electoral presidencial.
Igualmente, impactó la persistencia de un ambiente muy crítico contra Arabia Saudita dentro del Congreso estadounidense, que considera como preocupante la situación de los derechos humanos en el reino, su promoción de una visión extrema del islam, el limitado papel que desempeña Riad en la actual crisis internacional de refugiados, así como su actuación militar de gran escala en la guerra en Yemen donde han sido golpeados blancos civiles.
Desde que se presentó el proyecto de ley, los sauditas presionaron intensamente para impedir que se aprobara, e incluso amenazaron con retirar miles de millones de dólares de sus fondos financieros dentro de la economía estadounidense, y advirtieron sobre “consecuencias imprevisibles”.
Con la reciente desclasificación de las famosas “28 páginas” que quedaban pendientes del Informe de la Comisión 9/11 del 2002, no se puede demostrar que los individuos y redes sauditas implicadas en los ataques, hayan tenido alguna vinculación con las máximas instancias oficiales del poder en aquel país. No obstante, es muy común que se mantenga dentro de una gran parte de los ciudadanos estadounidenses, la percepción de que sí tiene que haber habido complicidad.
La aprobación del JASTA, recibió el inmediato rechazo oficial de Arabia Saudita, como principal afectado potencial. Pero varios otros países del Golfo, Paquistán y Turquía, expresaron sus preocupaciones. Paralelamente, actores europeos y otros aliados de los Estados Unidos, también han criticado la aprobación de la nueva ley.
Para los sauditas, fue una prueba más de que sus relaciones políticas con Washington siguen teniendo serios problemas, por lo que nuevamente se escucharon voces a favor de revisar la idea de la “alianza” que se ha basado tradicionalmente en la coordinación de estrategias económicas y petroleras, políticas antiterroristas, coordinación de inteligencia y fuertes vínculos militares.
Algunos comentarios se han referido al “arsenal” de respuestas que podrían aplicar los sauditas, como por ejemplo: castigar económicamente a los Estados Unidos, tensar aún más la relación política bilateral, entorpecer la colaboración en materia antiterrorista, coordinar con las otras monarquías de la península para que sigan sus pasos, y que incluso impongan a las fuerzas militares norteamericanas determinadas prohibiciones y limitaciones de acceso a sus bases militares y espacio aéreo. Pero en realidad, es muy difícil que la estrategia saudita decida aplicar medidas semejantes a estas que sobrepasen por mucho su discurso fuerte. Llevar a la práctica alguna de ellas, o todas, no solo tendrían efectos muy negativos para Washington, sino también para Riad. No es un lujo que la monarquía podría darse, si tomamos en consideración sus actuales dificultades económicas y su complicada agenda estratégica regional.
El presidente Obama ha sido acompañado en sus críticas, por algunas de las principales figuras de su administración, que han considerado a esta legislación como una amenaza a la seguridad nacional del país; entre otros: el secretario de defensa Ashton Carter; el jefe del estado mayor conjunto, general Joseph Dunford; y el director de la CIA John Brennan. A esta oposición desde la política, también se han sumado grandes compañías pilares de la economía estadounidense como la General Electric y la Dow Company, por ejemplo.
Todos estos cuestionamientos hacen que las discusiones sobre el JASTA no hayan llegado a su fin. Ya decenas de legisladores comienzan a organizarse y planificar acciones para revisar el texto, en aras de mitigar cualquier consecuencia negativa que la ley pueda generar en materia de política exterior y seguridad nacional. Tal reanálisis, que se producirá ya con una nueva administración estadounidense en el poder, dará prioridad a los temas estratégicos y económicos, por encima de demandas y reclamos legítimos de naturaleza ciudadana. La alianza estratégica de ocho décadas entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, podrá redimensionarse, pero no debilitarse.
*Catedrático del Colmex