Se puede cuando se quiere, pero definitivamente en estos casos no se quiere.
Entrevista con Pilar Hernández/Investigadora del IIJ de la UNAM
Por Emma Islas
Pese a que las leyes mexicanas prevén mecanismos para sancionar a funcionarios públicos que incurren en alguna responsabilidad durante el desempeño de sus cargos, no se hace. Tanto el juicio de procedencia como el juicio político se han convertido en una simple estrategia política que más que la justicia, en la mayoría de los casos, busca ser un instrumento de control y amenaza, pero no para castigar la comisión de un delito.
En abril pasado, el diputado del PRD Omar Ortega, integrante de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, daba cuenta a Siempre! De que en esta instancia existen 320 expedientes para proceder contra funcionarios y gobernantes, sin embargo, ninguno ha prosperado, aunque prácticamente cualquier funcionario de primer nivel está sujeto a ser enjuiciado.
En esta lista podemos encontrar a gobernadores de los estados, diputados de las legislaturas locales y hasta magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, quienes podrán ser enjuiciados por violaciones graves a la Constitución, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
El investigador de la Flacso México, Nicolás Loza Otero, destaca que, pese a que en la país existen los mecanismos locales y federales, es muy difícil enjuiciar a un gobernador, lo cual no quiere decir que no se pueda, “el tripartidismo relativamente equilibrado que habíamos vivido hasta hace muy poco había actuado en contra de la posibilidad de que prosperaran los juicios políticos, pero podría cambiar porque el escenario político también está cambiando”.
En torno a los casos de los gobernadores de Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, entre otros a los que se les ha acusado de diversos delitos durante su gestión, la especialista en derecho constitucional Pilar Hernández señala a Siempre! que mientras no haya voluntad política no podremos ver resultados palpables de responsabilidad en los gobernadores en funciones, “en estos casos básicamente son delitos que no requerirían de ningún tipo de protección porque son en flagrancia. Son delitos en que la Procuraduría ya debió haber actuado pero no lo quieren hacer. No hay voluntad para poder enjuiciar a estos personajes”.
Procedimientos jurídicos
Explica que en los procedimientos jurídicos para lograr enjuiciar a servidores públicos de representación política electoral como para ciertos altos servidores públicos que no necesariamente son de elección sino de designación como los ministros, “es necesario quitarles la protección constitucional que se conoce como fuero, consecuentemente entran a lo que se denomina juicio de procedencia que básicamente se sustancia ante la Cámara de Diputados”.
“El otro procedimiento que constitucionalmente se encuentra reconocido es lo que se denomina juicio político, el cual tiene que ver con traición a la patria entre otros delitos que se mencionan. En este caso, la Cámara de Diputados hace las veces de Cámara de Acusación y el Senado es el que resuelve la sanción”.
¿Por qué no se actúa?
La doctora en derecho destaca que a la hora de sancionar a este tipo de personajes aparecen otros factores que se formalizan bajo el ropaje de una norma constitucional o de una norma penal; “esto tiene que ver más con una cuestión de conveniencia política. Con este tipo de recursos populistas buscan proteger a los suyos sin incidir en las responsabilidades”.
“Mientras más se habla de medidas anticorrupción es porque se quiere esconder la evidente corrupción que se está sufriendo en el país. No hay control sobre todo para estos personajes que depredan las arcas públicas sin ningún tipo de sanción. Lo que se necesita es generar normas que sean contenedoras y que incidan en este tipo de delitos flagrantes en los que ni siquiera se necesita que haya una declaración de procedencia ni todo este montaje para enjuiciar a un pillo de esta naturaleza. Dan la vuelta para no llegar por el camino más corto a la determinación de las sanciones”.
Reitera que en el país lo que hace falta es la voluntad política, “aunque nosotros tengamos las armas constitucionales para sancionarlos. En la Cámara de Diputados se quedan estancados los asuntos sobre declaración de procedencia, existe una larga lista de inicio de declaraciones en que no pasa nada”.
Los partidos influyen
Al hablar sobre la manera en que influyen los partidos políticos en este tipo de casos, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indica que “este andamiaje es todo un sistema y consecuentemente se encuentra en razón de los diseños de quienes actúan políticamente en la sanción de las normas, también lleva una dosis de negociación y de ocultamiento”.
“A nosotros los causantes de impuestos el SAT nos tiene hipercontrolados. Si estos sistemas operan con los ciudadanos de a pie, por qué no operan cuando se trata de un individuo que está en un cargo federal, estatal o municipal. Estas normas están diseñadas, particularmente en el caso de la declaración de procedencia y del juicio político, para que no existan. En estos casos más bien se puede cuando se quiere, pero definitivamente en estos casos no se quiere”.
La Dra. Pilar Hernández considera que el futuro en este tipo de casos es bastante oscuro y débil ya que dentro de todo este andamiaje existe un entramado de complicidades, “los documentos se pierden, se queman, desaparecen, por lo que se necesita a alguien que esté verdaderamente ajeno. Una investigación que vaya a los puntos clave de las presunciones que hay de todos los actos fraudulentos de los gobernadores, si no es así, otra vez será un montaje que nos distraiga a los ciudadanos pero que en realidad no trascienda absolutamente en nada”.
“Estamos viviendo épocas verdaderamente terribles, no tenemos un fiscal anticorrupción pues no hay quien podría encabezar la fiscalía, no hay nadie químicamente puro que pueda hacerlo. Se necesita alguien al que se le haya podido extirpar el gen de la corrupción para poder actuar conforme a lo que implica una investigación y que sea capaz de fincar las responsabilidades”.