Entrevista con Rafael Estrada Michel | Exdirector del Inacipe

Por Armando Reyes Vigueras

Como un retroceso fue calificada la propuesta de instaurar en nuestro país la figura de los jueces sin rostro para juicios que involucren temas de delincuencia organizada, por el exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel, quien argumentó en entrevista con Siempre! que incluso implicaría una nueva reforma para el sistema de justicia mexicano.

Para Estrada Michel, implementar dicho tema “requiere todo un diseño procesal y constitucional muy distinto al que tenemos actualmente”, por lo que consideró difícil que prospere la idea.

Su consideración, explicó, se basa en el hecho de que “la experiencia colombiana, poco antes la italiana, así como todas las reformas que se introdujeron en la época del juez italiano Giovanni Falcone envían a matizar las garantías procesales en un proceso penal en el que los acusados se enfrentaban a un tribunal del cual no conocía la identidad”, por lo que, abundó, esto podría servir “en una situación de emergencia como la que vivían estos países, sin calificar la que estamos viviendo nosotros, (lo cual) pudiera justificarse”.

 “Es uno de los caminos a la luz de la experiencia italiana”, añadió, pero se debe considerar “si debemos dar marcha atrás a una reforma garantista como la que implicó el principio de inmediación y, por lo tanto, el sistema acusatorio adversarial de 2008, antes de haberla siquiera puesto en funcionamiento a plenitud”.

El exdirector del centro de formación de cuadros para las ciencias penales y la seguridad pública consideró que “en los términos de la Constitución General de la República y de las convenciones que tiene suscritas México, es difícil —por no decir imposible— la figura de los jueces sin rostro; implicaría una reforma constitucional mayor por todas las implicaciones que ha tenido la reforma del sentido penal adversarial de 2008”.

Problema de diseño

Estrada Michel detalló que nuestro actual sistema de justicia se basa en la inmediación, es decir, en el hecho de que el magistrado conozca personalmente a las partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, por lo que una propuesta como la de los jueces sin rostro modificaría dicha característica.

“La verdad es que hoy el artículo 20 constitucional, y en particular el principio de inmediación, que implica que los jueces tendrán que presenciar todas las audiencias que se sigan en una causa de carácter penal, juega en el doble papel de, por un lado, asegurarse que los jueces tengan un conocimiento de primer grado y de primerísimo sentido acerca de las causas, pero también y en segundo, permitir que la defensa y el acusado enfrenten a un tribunal que conocen, sepan quién lo está juzgando y sepan si existe o no alguna razón que motivará la debida excusa o, en su caso, la recusación cuando la pidiera la defensa, es decir es una garantía procesal de quienes enfrentan el aparato punitivo del Estado”, apuntó nuestro entrevistado.

Además de lo anterior, prosiguió en los detalles para rechazar la idea, comentó que además de un primer problema de orden constitucional se tiene una falta de efectividad de la propuesta a la luz de la experiencia en otros países.

“Me parece que los jueces sin rostro no es una medida lo suficientemente feliz, no lo fue en Italia y no lo fue en Colombia como para echar las campanas al vuelo y decir: hemos encontrado aquí la solución a nuestros problemas, a los innegables problemas de seguridad que enfrentan, no sólo los servidores públicos de la impartición de justicia, es decir los juzgadores, sino también lo de la procuración y por supuesto quienes tienen que ver con los aparatos de seguridad, incluso las fuerzas armadas, como también hemos visto en los pasados días”, agregó.

Por lo tanto, consideró Rafael Estrada Michel, “si vamos a pensar en reestructurar nuestros sistema de enjuiciamiento penal, en un sentido que ya no fuera estrictamente —por lo menos en lo que tiene que ver con la delincuencia organizada— para cumplir el principio de inmediación, tendríamos que pensar también en una reforma estructural y en volver a matizar el sentido adversarial de nuestro proceso”, lo cual iría en contra de lo que dice el artículo primero constitucional y el principio de pro persona, “me parece que sería incluso de lamentarse, sería una decisión que estaría en contra del principio de progresividad que está contenido en el artículo primero”, completó.

Necesaria, policía científica

Para nuestro entrevistado, el tema de la inseguridad pública, e incluso lo que tiene que ver con la seguridad nacional, “no están directamente relacionados con la labor de los jueces”, ya que, explicó, “en cierto modo, los jueces federales —como el caso concreto del juez recientemente asesinado— hacen su trabajo con tal seriedad que precisamente por eso enfrentan las condiciones de inseguridad e, incluso, de privación de la vida, como el caso lamentable que vimos”.

Por lo anterior, pidió que “antes de pensar en hacer una reforma procesal y en hacer una reforma que venga a poner en entredicho el sistema penal que nos dimos con tantos problemas en 2008, deberíamos pensar más bien en las ventajas que nos da y los incentivos que genera ese mismo sistema acusatorio adversarial y los juicios orales, para contar con instancias de procuración de justicia cada vez más eficaces en realizar su labor”.

Estrada Michel comentó que esas instancias de procuración de justicia de nada sirven “si no tenemos policías científicas y también policías de primer contacto profesionales y atentos a cuidar la escena del crimen, la cadena de custodia, atentos a recabar las pruebas de manera adecuada, que no puedan ser después excluidas del flujo probatorio del proceso, en fin, de manera muy profesional”, por lo que consideró que “ante la grave situación que enfrentamos, estamos ante la disyuntiva de desmontar lo que se ha avanzado y volver a buscar soluciones en un nuevo mecanismo de enjuiciamiento donde no van a estar las soluciones a los temas de seguridad pública, sino que esos están más bien en los incentivos correctamente alineados para que las policías, los peritos, los agentes del ministerio público, los juzgadores, los abogados de la defensa, hagan su labor de manera profesional, adecuada y de manera ética por supuesto”, finalizó.

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