Estado padrastro/XVIII-XX

Por Javier Esteinou Madrid

Después de aprobarse constitucionalmente los derechos comunicativos de las infancias en 2013 mediante las normatividades secundarias de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a finales de 2015 la Secretaría de Gobernación autorizó los nuevos Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales para las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos en México. Dichas directrices privilegiaron el rol de la lógica salvaje del mercado monopólico por encima de la razón de Estado, ocasionado las siguientes contradicciones para el crecimiento de la nación:

28. El conjunto de estas políticas de comunicación constataron que dicha iniciativa jurídica fue un ejemplo histórico muy evidente del proceso de “modernización” hacia la cual avanza con mayor rapidez el país y que demostró cómo la razón de Estado fue substituida bárbaramente por la razón de mercado desregulado de los grandes monopolios de comunicación.

Frente a ello, debemos preguntar: ¿dónde quedó el Estado mexicano soberano que tardó más 200 años en edificarse a través de los costosos procesos de la Independencia, la Reforma y la Revolución; si ahora claudicó de la tutela cultural de las infancias y de otros derechos comunicativos ciudadanos fundamentales como el derecho de réplica?

29. La elaboración de tales políticas de difusión televisivas fue una pieza política más que demostró que el Estado renunció a que el espacio público mediático, que por mandato constitucional debía estar regido por los cánones de la política del servicio público, ahora fuera gobernado por las reglas del mercado desregulado de los oligopolios comunicativos, para convertirlo en el espacio público de las mercancías y del poder y no en el espacio público colectivo superior para la construcción de ciudadanía, la evolución de la conciencia social y el enriquecimiento de los seres humanos.

Fue la victoria de la dinámica voraz del capital sobre las necesidades de la comunicación de servicio público que demandó la sociedad mexicana desde hace muchas décadas.

30. Todo esto certificó que el gobierno mexicano no posee una visión de estadista que le permita construir y planificar, a largo plazo, las bases fundacionales de un proceso de comunicación colectivo que permita alcanzar el bienestar y la sobrevivencia armónica de la sociedad; sino que solo posee un impulso de cálculo político ultrapragmático para negociar cíclicamente la satisfacción de las demandas económico políticas de los poderes fácticos mediáticos a cambio de recibir su respaldo hegemónico. Ello con el fin de mantener la continuidad de su existencia como cúpula burocrática dentro de la dinámica de la gobernabilidad nacional.

En este sentido, la aprobación de dichos criterios de programación fue un pésimo cálculo de gobernabilidad política, pues lo que, a muy corto plazo, aparentemente ganó coyunturalmente el gobierno en turno para apoyar el modelo empresarial de las televisoras comerciales privadas y recibir su apoyo ideológico, a largo plazo, el Estado y la sociedad lo tendrán que pagar través de intervenciones muy costosas de otros órganos de la administración pública.

De esta forma, se puede afirmar que la aplicación de los nuevos criterios de clasificación de contenidos televisivos aprobados por la Secretaría de Gobernación ocasionarán que “salga más caro el caldo que las albóndigas”.

31. El establecimiento de dicha política pública no significó un progreso para construir otro modelo de comunicación superior de servicio público, plural, ético, moral, participativo, responsable, educativo, ciudadano, que requiere urgentemente la sociedad mexicana para sobrevivir en paz, equilibrio y con racionalidad a principios del siglo XXI, sino que representó todo lo contrario: un profundo retroceso de los avances comunicativos y culturales que medianamente ya se habían logrado establecer por la sociedad civil para proteger la formación psicoemocional de la infancia. Paradójicamente, después de los avances constitucionales logrados por la reforma de las telecomunicaciones y de la radiodifusión de 2013, ahora con anuencia del Estado se regresó al impulso del “modelo de comunicación para los jodidos” (ahora “neojodidos”), con todas las implicaciones negativas que ello encierra para el desarrollo virtuoso de la sociedad mexicana.

32. Finalmente, la instalación en la estructura social de este sistema de política pública de comunicación dirigida a las nuevas generaciones demostró que el Estado mexicano no estuvo interesado en abonar recursos normativos para el avance del proyecto de humanización de la especie humana; sino al contrario, colaboró culturalmente a aportar elementos ideológicos para que los seres humanos continuaran comportándose como especie depredadora que destruye sus propias condiciones elementales de vida.

Es decir, el Estado no estuvo interesado en crear directrices normativas culturales que ayudaran a que las personas desde sus etapas más primarias de constitución de su existencia recibieran los contenidos televisivos más adecuados que permitieran impulsar el potencial humano de los ciudadanos hacia etapas más civilizadas de la “conciencia de especie”, sino que privilegió los intereses de la acumulación de capital por sobre las necesidades humanas básicas para la  sobrevivencia colectiva.

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