Entrevista con Mireya Moreno | Investigadora del CIDAC

Por Emma Islas

El nuevo sistema de justicia penal mexicano, obligatorio para todo el país, generalizó los juicios orales públicos con presencia del juez, por lo que cualquiera puede identificar quién está al frente del proceso. Especialistas en el tema afirman que esto ofrece mayor transparencia, lo que permite el pleno respeto de los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado.

Sin embargo, el asesinato del juez Vicente Bermúdez —encargado de resolver asuntos relacionados con el narcotráfico— deja al descubierto la problemática que viven los jueces en el país. En la mesa ha quedado la idea de ocultar la identidad de los jueces en procesos delicados.

En entrevista con Siempre!, Mireya Moreno, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), señala que la problemática en torno a los jueces no tiene que ver con el sistema de justicia penal, sino con la ineficacia de las instituciones del Estado para proveer seguridad, no solo a los impartidores de justicia, sino a la sociedad en general.

“Es lamentable que el propio Estado no pueda brindar la seguridad necesaria a los impartidores de justicia para que realicen su trabajo sin comprometer sus propias decisiones, sobre todo en delitos de alto impacto como la delincuencia organizada o los delitos contra la salud. Se requiere de un fortalecimiento institucional en lugar de culpar al debido proceso y tratar de limitar los derechos de los procesados”.

Los jueces sin rostro no son la salida

A pregunta expresa de si en la actualidad los jueces se encuentran en un callejón sin salida a la hora de elegir entre cuidar su propia integridad y la de optar por decisiones imparciales, la abogada considera que no es así, “cuando se pone en riesgo la integridad física de los impartidores de justicia como la de su familia, como fue el caso del juez Bermúdez Zacarías, por supuesto que esto genera un miedo en las instituciones de justicia y este miedo puede influir en la toma de sus decisiones; sin embargo, la salida es que el Estado brinde seguridad para los propios jueces, no estamos hablando de la figura de los jueces sin rostro que se ha utilizado en otros países y que no han dado el resultado idóneo”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con reservar la identidad de los jueces porque en todos los países que se implementó la figura de los jueces sin rostro, después de algunos años —menos de 10 años—, fue abolida. Hay determinaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destacan que esta figura es violatoria del debido proceso y se presta a grandes abusos”.

La especialista en el tema ofrece como ejemplo el caso de Perú, “durante cinco años estuvo vigente, pero después de que fue abolida se tuvo que crear una comisión de indultos contra la impunidad. En tres años liberaron a más de quinientas personas que habían sido condenadas y eran inocentes, o al menos no se tenía el material necesario para ejercer una condena en su contra”.

“Se deben brindar mecanismos para que el juez pueda cumplir con su labor. Con seguridad a los jueces, y no excepciones jurídicas que permitan a los jueces limitar su identidad, porque es muy claro que el crimen organizado tiene los medios para dar con quienes los están juzgando. Un ejemplo claro sucedió en Colombia dónde el narco asesinó a jueces que al parecer eran sin rostro y que para lo único que se prestaban era para hacer condenas políticas”.

La influencia de los medios en la sociedad

Al hablar sobre el papel que juegan los medios de comunicación en los que en muchas ocasiones se dan juicios paralelos, Mireya Moreno es enfática: “Puede resultar peligroso que se filtre la información que se tiene dentro de las propias instancias de procuración de justicia y después de la impartición de justicia porque la sociedad va a generar un juicio sin que este juicio sea con bases jurídicas; si la sociedad considera que alguien no es culpable, por más que haya los elementos jurídicos para condenarlo es difícil cambiar la opinión de la gente”.

“Hay que tomar en cuenta que los jueces toman decisiones fundamentadas en bases jurídicas con suficientes elementos para cumplir los parámetros legales establecidos, no pueden tomar una decisión con base en una corazonada, porque todas las sentencias deben de estar fundadas y motivadas”.

Afirma que al momento de implementarse el nuevo sistema de justicia, los medios no fueron informados de manera adecuada sobre estos cambios, “el aprendizaje ha sido autodidacta. Pareciera que fuera un simple cambio de terminología jurídica hablar de auto de formal prisión o de auto de vinculación a proceso, cuando en realidad tienen implicaciones para la toma de decisión con un mayor impacto. Al momento de comunicarlo, si no se tiene un profundo conocimiento, por supuesto que se genera un déficit de información para la propia ciudadanía. Es importante que se conozca lo que sucede con el nuevo sistema de justicia y se tenga un mayor cuidado en el manejo de la información”.

¿Qué hay de los derechos humanos?

Mireya Moreno asevera que los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados son un tema muy importante, “no debemos de perder de vista que aun cuando en el nuevo sistema se busca resarcir el daño generado a la víctima —no sólo en lo psicológico y moral, sino en la doble victimización—, también es cierto que las personas que están sometidas a un proceso, las personas sentenciadas, también tienen derechos humanos. El que hayan cometido un ilícito penal no les quita calidad de seres humanos; por ello, atender los derechos humanos tanto de unos como de otros no se contrapone”.

“Proteger los derechos humanos del Chapo no está contrapuesto con proteger los derechos humanos de cualquier otra persona que haya sido víctima. Nos cuesta mucho trabajo entender que la cárcel no siempre es el castigo y que la cárcel no es la única salida, esto es a nivel cultural”.

“Es importante decir que las condiciones de los centros de reinserción social en los que se encuentran son deplorables. Hace algunos meses teníamos 110 por ciento de sobrepoblación penitenciaria; es decir, hay condiciones de hacinamiento, no se les brindan las condiciones básicas, como la higiene personal, por lo que cuando a una persona se le tiene en régimen de castigo dentro de los centros de reinserción social esto puede generar alteraciones psicológicas fuertes”.

En síntesis, la investigadora del CIDAC indica que como sociedad debemos exigir que no se nos den soluciones legislativas para tratar de suplir deficiencias institucionales, “si no existe capacidad de investigación de las policías o en los ministerios públicos, si no hay defensores bien capacitados y no contamos con centros de reinserción social que prevean las condiciones mínimas para que una persona pueda purgar la pena que se le impuso y se le esté respetando su dignidad humana, no es culpa de la legislación que tenemos, es un error humano que se tiene que corregir mediante la implementación de políticas publicas eficientes y para esto tenemos que ser una sociedad unida que podamos exigirle al gobierno”.

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