Relegados de la reforma de telecom en México/I-VIII
Javier Esteinou Madrid
Con el fin de iniciar una nueva administración de gobierno durante el periodo 2012-2018, el presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a crear nuevas condiciones de gobernabilidad que le permitieran dirigir el país de manera distinta y con ello superar la crisis estructural heredada por los dos gobiernos panistas anteriores de Vicente Fox Quezada y de Felipe Calderón Hinojosa.
Dichas transformaciones deberían convertirse en nuevos cimientos estructurales que permitieran reimpulsar el crecimiento global de la nación hacia otro modelo de desarrollo a largo plazo, para figurar como modificaciones que trascendieran los próximos gobiernos sexenales, pues de lo contrario no se constataría el regreso histórico de un nuevo PRI para dirigir a la sociedad mexicana.
Dentro del clima de grandes transformaciones globales del país, desde el punto de vista comunicativo con el regreso del PRI, se creó la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión que fue aprobada por el Congreso de la Unión y los diversos congresos de los estados para instrumentar las modificaciones en el ámbito de la comunicación nacional.
Tal reforma en telecomunicaciones quedó conformada por dos fases de consolidación. La primera etapa fue aprobada el 30 de abril por el pleno del Senado de la República con 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y posteriormente fue validada por más de 17 congresos de los estados para alcanzar el rango de reforma oficial e incorporarse al texto de la Constitución política mexicana. Posteriormente a un largo proceso de acuerdos político-legislativos entre el Poder Ejecutivo y los principales partidos políticos del país, el 10 de junio del 2013 el presidente Peña Nieto firmó el decreto institucional para promulgar tal cambio jurídico y éste se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año, convirtiéndose en un mandato vertebral de la Constitución para toda la sociedad.
La incorporación de dicha iniciativa constitucional fue un logro notable dentro de la historia de la comunicación nacional, pues desde la década de los años 50 no se había podido reformar con perspectiva social y progresista el marco regulatorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México.
Con ello se abrió un nuevo camino jurídico para intentar crear otro modelo de comunicación más equilibrado y justo para atender algunas de las demandas sociales que durante las últimas cuatro décadas reclamó insistentemente la comunidad nacional en esta materia con el fin de contar con mayor democracia, ciudadanización y pluralidad cultural en la república. Modelo de comunicación basado en el ejercicio del servicio público, la apertura a la participación ciudadana, el reconocimiento de los derechos comunicativos fundamental y el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.
Con esta última acción concluyó la primera fase de elaboración de la reforma de las telecomunicaciones y quedó preparado el terreno legislativo para iniciarse la segunda etapa complementaria destinada a la preparación de las leyes secundarias de la misma que aterrizaron los planteamientos constitucionales generales a modalidades operativas para poderse ejercer.
La segunda etapa de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión se inició el 24 de marzo de 2014 cuando el presidente Peña Nieto envió al Senado de la República la iniciativa de leyes secundarias, compuesta por 312 artículos, 46 capítulos, 16 títulos y 22 artículos transitorios para regular con especificidad la reforma constitucional anteriormente consentida por el Poder Legislativo.
Dicha iniciativa de normatividades secundarias fue aprobada en lo general por el Senado de la República el 5 de julio de 2014 con 80 votos a favor y 37 en contra y en lo particular por 72 votos a favor y 25 en contra, en una sesión maratónica de más de 17 horas seguidas, sin realizar ningún cambio a la propuesta en lo general, o ajustes a los temas polémicos.
Posteriormente, en un contexto donde la atención mayoritaria de la población nacional se encontraba nuevamente puesta en el partido Brasil-Alemania del Mundial del Futbol 2014, el 8 de julio en un una discusión maratónica de más de 20 horas continuas el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular y en lo general la ley secundaria en materia de telecomunicaciones con 340 votos a favor y 129 en contra, rechazando mediante una impresionante aplanadora legislativa, una a una, las 549 reservas que presentaron los diputados del PRD, PAN, PT, MC y PANAL.
Finalmente, el Ejecutivo federal publicó la versión definitiva en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y la ley entró en vigor para regular el modelo de comunicación y de telecomunicaciones en el país en las próximas décadas.
Ante la introducción de este nuevo cambio estructural histórico es necesario realizar una valoración rigurosa que permita establecer que beneficios reales se alcanzaron en la sociedad y cuáles quedaron pendientes con la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.
De lo contrario, sólo experimentaremos la triunfalista versión propagandística que el gobierno difundió sobre la misma y no conoceremos las realidades profundas para la ciudadanía que prevalecen debajo de la sistemática mercadotecnia estatal.
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