Relegados de la reforma de telecom en México/III-VIII

Javier Esteinou Madrid

Abandonos, retrasos y limitaciones

Durante los primeros tres años de instrumentación de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y radiodifusión en México, se alcanzaron objetivos empresariales muy valiosos en el terreno económico, de infraestructura, de apoyo al consumidor, de oferta de servicios, de inversión y de rentabilidad empresarial para las grandes empresas en este rubro.

Sin embargo, pese al progreso de todos estos aspectos en los ámbitos económico-logístico-tecnológico-empresarial se debe plantear que todos los avances beneficiaron especialmente el modelo dominante de negocio de las telecomunicaciones ya existentes en el país, al consentir que se pudieran realizar más business con la incorporación de las innovaciones que introdujo la reforma; y los beneficios o ganancias tecnológicas que recibió la población y la sociedad civil fueron a cambio de establecer contratos comerciales de servicios formales que enriquecieron más a las diversas empresas monopólicas de la comunicación que los proporcionaron.

En este sentido, los ciudadanos no quedaron directamente favorecidos por la reforma, sino que solo fueron privilegiados en la medida en que aceptaron realizar convenios comerciales con las grandes empresas de telecomunicaciones y de radiodifusión.

De esta manera, la sociedad permaneció prácticamente olvidada en el rescate de sus garantías comunicativas básicas reconocidas por la Constitución Política Mexicana en el año 2013.

Entre los abandonos, retrasos y limitaciones que se registraron en este primer periodo de instrumentación de la reforma, especialmente en la esfera de la competencia, las garantías comunicativas, el acceso a las nuevas tecnologías, la incorporación al espacio público mediático, los medios públicos, los canales de uso social y la pluralidad, figuraron entre otros, los siguientes:

Competencia informativa

La competencia comunicativa, que fue uno de los cimientos jurídicos estructurales que fundamentó la reforma, solo se impulsó en el área de las telecomunicaciones (telefonía e internet), pero se evitó que se diera eficazmente en la esfera de la radiodifusión, (radio y televisión), permitiéndose que continuara la existencia ampliada de la superconcentración de la difusión masiva en México, especialmente en el mercado de la televisión de paga.

Así, se fijaron medidas asimétricas fuertes para aplicarlas sobre la fracción de la telefonía e internet y muy débiles para el ámbito de la radiodifusión comercial, permitiendo que continuara la vieja estructura monopólica.

Se determinó la preponderancia (el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado) por sector y no por servicios, lo que afectó la aplicación de las medidas restrictivas necesarias para limitar los enormes monopolios de la televisión y propiciar una competencia efectiva, e incluso se facilitó que se le diera la vuelta a las medidas asimétricas.

De esta manera, el 2 de octubre de 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló que, si bien el Grupo Televisa cuenta con una alta participación en el mercado analizado, no se acreditan los elementos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica para determinar la existencia de un agente económico con poder sustancial en el servicio de TV de paga.

De esta forma, se permitió que Televisa continuara conservando una posición altamente monopólica y dominante en el sector de la radiodifusión, pues permaneció absorbiendo sistemas de cable locales y regionales; efectuar prácticas monopólicas relativas, y seguir controlando el sector audiovisual en detrimento del pluralismo y la diversidad.

Hay que recordar que dicha empresa tiene el 50 por ciento de la televisión abierta y 94 por ciento de la audiencia nacional y es el principal productor y distribuidor de contenidos audiovisuales en habla hispana, y de suyo acapara junto con TV Azteca 99 por ciento del mercado, asfixiando económicamente otros medios de comunicación electrónicos.

En este sentido Televisa y Megacable seguirán dominando el mercado de triple play —telefonía, TV de paga e internet—, mientras no exista presión competitiva que impulse a Telefónica, AT&T y posibilite que Telmex pueda proporcionar todos los servicios en este terreno. Por ejemplo, en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2015 y 2016, la posición dominante de dichas empresas en el rubro de la TV de paga permitió que Televisa incrementara más de 500 mil clientes y Megacable aumento 400 mil usuarios de banda ancha, sin ser reconocido como sector preponderante dentro de tal escenario.

A través de dicho reacomodo, la situación dominante de Televisa persistirá como el único caso en el mundo, donde dicha empresa puede concentrar directamente la televisión abierta (60 por ciento de la audiencia) como la restringida (62 por ciento de suscriptores), otorgándole con esto un enorme poder que podrá ser usado como cañón de presión frente a la clase política para cooptar, chantajear y conseguir leyes a su medida.

Todo ello no solo favoreció económica y políticamente al consorcio Televisa dentro de la estructura cultural y económica de la sociedad mexicana, sino lo fundamental es que dañó a los consumidores, pues estos tienen que soportar un incremento en las cuotas del servicio de TV de paga que crecieron 2.5% entre febrero de 2013 y enero de 2015. El caso contrario fueron los servicios de telefonía móvil (-16.7 por ciento), telefonía fija (-4.6 por ciento) e internet (-0.8 por ciento) que en términos reales se ofrecieron más baratos a los consumidores durante el mismo periodo.

Tampoco se ejerció la restricción de la propiedad cruzada de medios para propiciar la competencia, ni se limitó concentración de frecuencias, ni se propició la aplicación de la desinversión en el espacio de la radiodifusión.

Se debilitó el IFT en materia de competencia, vigilancia y sanción de contenidos al permitir la influencia de las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes en la determinación de sus políticas. Se pospuso la transición a la televisión digital terrestre, indispensable para ejecutar la competencia y la pluralidad de la información de diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016.

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