El peligro que viene

Magdalena Galindo

Como se volvió evidente en la crisis de las hipotecas basura que estalló en 2008 en Estados Unidos y que todavía padecemos, las calificadoras financieras no son del todo confiables, pues también tienen intereses que afectan su imparcialidad. No obstante, lo que no puede negarse es que sus calificaciones influyen de manera determinante en los flujos de inversión. Por esto resulta preocupante que la calificadora Moody’s haya colocado la nota de México en revisión para una posible baja de nivel. Los argumentos de Moody’s son que la deuda del gobierno aumentó más de lo esperado y que hay un débil crecimiento, a lo que se suman las presiones por las políticas de Trump.

Al margen de los errores, voluntarios o no, que puedan cometer las calificadoras, lo cierto es que en efecto la deuda ha crecido aceleradamente durante la actual administración. Baste mencionar que solo el año pasado la deuda externa del sector público aumentó 16,083 millones de dólares, pues su saldo pasó de 161,609 millones de dólares en diciembre de 2015 a 177,692 millones en diciembre de 2016, es decir, se incrementó 10 por ciento en sólo un año.

Y en cuanto a la deuda interna, la cifra es estratosférica, pues también el año pasado engrosó 629,546 millones de pesos al pasar de 5 billones (millones de millones) 379,857 millones a nada menos que 6 billones (repito millones de millones) 9,403 millones.

Ese enorme endeudamiento, sin embargo, no se utilizó para impulsar el crecimiento de la economía a través del gasto público, al contrario, se realizaron recortes significativos a lo largo de 2016, con el resultado, al que también se refiere Moody’s, de un crecimiento débil, yo diría mediocre, de 2.3 por ciento según el INEGI.

En el fondo de esta situación que no sólo ha movido a la revisión de Moody’s, sino que significa un aumento del desempleo y el subempleo, así como el refugio en la informalidad de millones de mexicanos, están dos hechos fundamentales. Por un lado, que la reforma energética no solo es la causa directa del gasolinazo, al liberar las gasolinas a la libre explotación de los empresarios privados, sino que también ha significado la cesión de una parte importante de la renta petrolera, lo que aunado a la falta de previsión de la baja en el precio del petróleo, que sigue siendo el principal producto de exportación de México y que contribuía con cerca de 40 por ciento al gasto público, ha determinado que el gobierno disponga de menos recursos y que acuda a la deuda, tanto interna como externa.

El otro hecho fundamental es que el gobierno ha decidido no aumentar el impuesto sobre la renta a los grandes empresarios y tampoco ha conseguido (y a lo peor ni buscado) que las empresas dejen de evadir y eludir los que están obligadas a pagar.

Para colmo, la fuga de capitales ha estado en apogeo. La Comisión Económica para América Latina acaba de publicar un estudio en el que cuantifica y analiza los flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe. México se lleva la palma. La Cepal estima que estas salidas ilícitas de capital sumaron 48,314 millones de dólares, o sea más del doble que Brasil, el segundo país en la lista, de donde salieron 17,830 millones. La Cepal explica que estos fondos ilícitos tienen como causa actividades comerciales en las que se recurre a falsificación de facturas y precios de transferencia abusivos, así como actividades delictivas y corrupción.

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